Derrumbe en Encarnación: “Hubo una cadena de responsabilidades”

A dos meses del trágico derrumbe del edificio en Encarnación, donde falleció la adolescente Montserrat Brítez, la causa avanza con extrema lentitud y aún no hay imputados, a pesar de las reiteradas presentaciones realizadas por la querella.

Así lo confirmó la abogada Perla Riveros, representante de la familia de la víctima, quien en diálogo con Radio Up, señaló que “la falta de tecnología e infraestructura del Ministerio Público está dificultando los estudios clave”.

Según explicó Riveros, el proceso judicial "se está llevando a cabo de forma sumamente lenta" porque la Fiscalía no cuenta con los laboratorios necesarios para investigar una tragedia de esta magnitud. A pesar de los numerosos urgimientos presentados por la familia, todavía no se han formulado imputaciones contra los responsables de la construcción.

Entre los elementos centrales de la causa figura un dato ya confirmado por documentación oficial: el edificio tenía permiso para cinco pisos, pero se construyeron nueve plantas, incluyendo una terraza con piscina. Esta situación fue reconocida tanto por testigos como por documentos entregados por la Municipalidad de Encarnación. “El lugar estaba habilitado para cinco pisos y se fueron agregando pisos de forma sucesiva hasta llegar a ocho pisos de hormigón, más una terraza”, sostuvo Riveros.

A pesar de esas irregularidades, el municipio no detuvo la obra. Por el contrario, cada vez que se detectaba un nuevo piso fuera de reglamento, se aplicaba una multa económica, que era pagada por la empresa, y la construcción continuaba. “Se procedió al cobro de la multa y se siguió construyendo. Así fue hasta que ocurrió lo que ocurrió”, lamentó la abogada.

En el marco de la investigación, se aguarda la intervención de la Universidad Nacional de Ingeniería, que realizará estudios técnicos sobre el concreto y el estado del suelo. Estos análisis, esenciales para esclarecer las causas del colapso, aún no han comenzado debido a la cantidad de escombros que permanecen en el lugar.

Otro punto que preocupa a la querella es que la firma responsable de los planos estructurales fue la de un arquitecto y no la de un ingeniero, como exige la ordenanza municipal. Riveros explicó que, además de esa irregularidad, hubo una cadena de empresas y profesionales que participaron en diferentes etapas de la obra, y todos ellos deberán rendir cuentas. “Acá hubo una cadena de responsabilidades desde el inicio hasta el producto final, que fue el derrumbe”, afirmó.

En cuanto a los derechos de la familia, la abogada aseguró que corresponde una reparación económica, aunque aclaró que el verdadero objetivo de la madre de Montserrat es que se haga justicia. “El deseo de esta mamá es que se deslinden responsabilidades y que cada quien pague lo que le corresponde”, señaló.

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La tragedia también dejó al descubierto la falta de controles y de legislación adecuada en Encarnación, donde en los últimos años proliferaron construcciones sin un marco normativo riguroso. “Encarnación se dio cuenta de que no había un control exhaustivo. No existe una legislación que regule en forma efectiva este tipo de edificaciones”, advirtió Riveros. Además, señaló que el municipio habilitó la continuidad de la obra a cambio de multas sin verificar que la estructura resistiera las nuevas cargas.

Finalmente, la abogada llamó la atención sobre el peligro de que situaciones similares puedan repetirse en otras ciudades si no se actúa con firmeza. “Es una situación que debería alertar también a la gente de Posadas, para que no se dé nunca más”, concluyó.