Sigue la polémica en el municipio de Santa Ana, tras dos semanas de ambiente tenso y copado por las voces de vecinas y vecinos que denuncian déficit en la atención hospitalaria, tras la muerte de un niño de 8 años que permaneció por varias horas en la guardia del Hospital Nivel I de esa localidad.
A los reclamos ciudadanos, que incluyeron quema de gomas y movilizaciones con carteles exigiendo justicia por Benjamín Bogado, le siguió una seguidilla de medidas policiales y judiciales que tomó el Ejecutivo municipal. Es que, como ya informó Radio Up en exclusiva, la intendenta Mabel Pezoa denunció a un centenar de personas por delitos contra la seguridad pública y amenazas.
En las últimas horas se confirmó que doce vecinos de Santa Ana denunciaron a la funcionaria por abuso de autoridad, falso testimonio, daños y perjuicios. La decisión se tomó de forma colectiva después de que en la sesión del Concejo Deliberante celebrada en la tarde del lunes 6 de octubre, varios de los asistentes e incluso concejales describieran las medidas judiciales de Pezoa y de la directora del Hospital, Lucía Valenzuela, como un “bozal” contra la libertad de expresión.

Las denuncias policiales, sin embargo, se presentaron con irregularidades iniciales, según confiaron los denunciantes al programa Argentina Divina Comedia de Radio Up. Es que, siguiendo lo relatado, al momento de exponer la denuncia los agentes policiales habrían modificado las declaraciones, evitando la figura de “abuso de autoridad” en los escritos.
Fue por esto que muchos vecinos debieron regresar a la Comisaría para ampliar su denuncia, exigiendo que la carátula esté explícita en el escrito.

Citarán a jefe de la Comisaría de Santa Ana
Durante la sesión del Concejo celebrada anoche, varios vecinos denunciaron irregularidades en el procedimiento policial. Según relataron, algunos de los notificados (serían 150 personas alcanzadas por las notificaciones, según precisaron voceros policiales a este medio) no se encontraban en la localidad durante las protestas o ni siquiera participaron de ellas, pero igualmente fueron alcanzados por órdenes de restricción que les impiden acercarse a la intendenta o a la directora del hospital.
Otros vecinos afirmaron haber sido incluidos en las causas por el solo hecho de integrar un grupo de WhatsApp en el que se discutía la gestión municipal y se expresaban críticas, sin emitir amenazas ni promover desórdenes públicos. Según trascendió, en esos grupos habría infiltrados allegados al municipio, quienes recopilaron datos personales y números telefónicos de los participantes.
“No se puede denunciar a mansalva para entorpecer el derecho de las personas a manifestarse”, advirtió Matías Eiskman, presidente del Concejo Deliberante, quien adelantó que el cuerpo citará al jefe de la comisaría local para que brinde explicaciones sobre el accionar policial.
Santa Ana: al menos 150 vecinos estarían notificados en la denuncia de la intendenta Pezoa https://t.co/AGrg5OrCYp pic.twitter.com/cwyw8g6cjy
— Radio Up 95.5 (@radioup955) October 7, 2025



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