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democracia
Vivimos tiempos extraños, dominados por una paradoja peligrosa: nunca se le dedicó tanto tiempo, tanta tinta y tanto espacio de aire a la búsqueda de justicia, y sin embargo, pocas veces hemos estado tan lejos de una verdadera construcción institucional. Asistimos diariamente a un escenario saturado de revisionismo, donde el castigo al poderoso —aquel que tuvo la oportunidad de conducir y hoy es juzgado o cuestionado— se ha transformado en el principal combustible del debate público.
Que se audite, que se investigue y que se rinda cuentas ante la ley no solo es correcto; es un requisito indispensable para la salud de cualquier República. El verdadero dilema no es el qué, sino el cómo, el quiénes y, sobre todo, para qué se juzga.
Cuando se evalúa la gestión de un dirigente —ya sea un presidente, un gobernador, un intendente o un cuerpo de funcionarios— el análisis sistemáticamente se desvía hacia el plano estrictamente personal. El error, la falta o la impericia se presentan casi como una anomalía individual, un desvío aislado de quien ocupa la máxima poltrona. En ese acto de prestidigitación retórica, todo el entramado que acompañó, sostuvo y formó parte de ese proceso político queda mágicamente eximido de responsabilidad.
Parece olvidarse que las decisiones no se toman de manera unilateral en el vacío, y que detrás de cada firma hay estructuras completas. Peor aún, se instala la ficción de que ese dirigente brotó de la nada, ignorando deliberadamente a la sociedad que lo ungió con su voto. Esta lógica del chivo expiatorio no busca entender los fallos de un sistema; busca una cabeza para exhibir en la plaza pública.
El canibalismo del caído democracia
Esta dinámica se potencia al extremo bajo el calor de las internas feroces que fracturan tanto el escenario nacional como el provincial. El objetivo ya no es confrontar ideas genuinas, sino conseguir sangre. El politólogo francés Pierre Rosanvallon describe este fenómeno con precisión quirúrgica al hablar de la "contrapolítica" y la "democracia del rechazo". Explica que las sociedades modernas han ido abandonando la política de proyectos de futuro para adoptar la "soberanía de la denuncia".
La discusión política ya no se define por lo que se propone construir, sino por la capacidad de vigilar, juzgar y, fundamentalmente, destruir al adversario. El ciudadano y el comunicador ya no operan como actores de un debate de propuestas, sino como fiscales y jueces de un tribunal mediático permanente que exige condenas morales exprés.
Es en este tribunal donde florece uno de los rasgos más degradantes de la chatura actual: la necesidad patológica de ensañarse con el caído. Lo vimos recientemente a nivel nacional con el caso del vocero presidencial Manuel Adorni. Una vez que una figura entra en desgracia o sufre un traspié, el microclima no se detiene a analizar la implicancia institucional o la falta moral desde una perspectiva sistémica. Se le sigue pegando en el piso por el mero placer del castigo y para golpear al gobierno de turno. Cuando la crítica se transforma en saña con el que ya está derrotado, deja de ser control republicano y pasa a ser canibalismo político. ¿Para qué seguir golpeando allí? ¿Por qué no elevar la vara y avanzar en un debate ético y estructural profundo en lugar de conformarse con el linchamiento del día?
La trampa de los apellidos en Misiones
En nuestra provincia, este vicio no es nuevo ni patrimonio de una sola época. Existe una tendencia histórica a reducir los procesos políticos de Misiones a una sucesión de nombres propios, como si la historia de la provincia comenzara y terminara con el apellido de turno. En el debate periférico y en los pasillos de la política local, la discusión suele estancarse en figuras contemporáneas como Carlos Rovira, Maurice Closs o Hugo Passalacqua. Sin embargo, los analistas del microclima olvidan que esa misma lógica de personalización absoluta se aplicaba con idéntica rigurosidad décadas atrás con nombres como Ramón Puerta, Julio César Humada o Ricardo "Cacho" Barrios Arrechea.
El error es el mismo: focalizar en el individuo desvía el eje de lo importante, que es discutir los modelos de provincia, la eficiencia pública y las instituciones. ¿Hay un debate genuino sobre el rumbo de Misiones o solo batallas personales? Esta hiperpersonalización achata la discusión y nos impide ver que los aciertos o fracasos pertenecen siempre a los proyectos colectivos, nunca a un hombre providencial de manera aislada.
El abismo entre el palacio y la calle
Mientras el microclima se relame con la última interna o la última denuncia, se consuma la verdadera tragedia; el absoluto olvido de la realidad de la gente. Pareciera que para la dirigencia y para un sector de la comunicación es más relevante y genera más rating discutir minuciosamente una partida presupuestaria desviada o el último pase de factura entre facciones, que los problemas reales del ciudadano común. No se trata de restarle gravedad al delito; la corrupción es un cáncer institucional que debe ser perseguido con toda la fuerza de la ley. Pero para eso están las instituciones de la Constitución. Cuando los medios y la política pretenden hacer justicia por mano propia en el tribunal de la opinión pública, usurpan funciones y abandonan su verdadero deber.
El gran problema es el abismo que separa la agenda del palacio de la agenda de la calle. Mientras en los escritorios se debate el posicionamiento de una foto o un tuit, el colono en el interior profundo de Misiones está lidiando con la cruda realidad de los sectores yerbatero y tabacalero, desvelado por precios que muchas veces no cubren los costos fijos de la cosecha. Mientras el microclima se desvive por la interna del día, el comerciante en las avenidas de Posadas, Oberá o Eldorado saca cuentas desesperadas frente al impacto de los tarifazos eléctricos que asfixian sus márgenes de ganancia, intentando mantener los locales abiertos y sostener el empleo de su personal en un contexto de persistente caída del consumo masivo. Al vecino que se levanta de madrugada con un sueño a cuestas, la rosca política le ofrece respuestas abstractas para problemas que son urgentes y cotidianos.
A ellos la política los reduce a una encuesta de cinco minutos para ver de qué lado de la grieta están parados. Las entrevistas mediáticas se transforman en un test de fidelidad partidaria: "¿De qué lado estás?". Si el entrevistado responde que la está pasando mal, se archiva el testimonio como un simple dato estadístico o un arma arrojadiza contra el rival, y se pasa al siguiente tema. El entramado social se rompe cuando la discusión de ideas deja de tener como norte la realidad de los que no pueden llegar a fin de mes o de aquellos que no saben cómo poner un plato de comida en su mesa.
Interpelar al proyecto, no al show
La política tiene que reaccionar, dejar de lado las internas de una vez por todas y exigirle a quienes ocupan un cargo electo que se dediquen exclusivamente a gestionar. El presidente, los gobernadores y los intendentes tienen la obligación constitucional de mirar a la cara a los ciudadanos y responder por sus demandas. Exigirles resultados no es un agravio ni un error; es el deber primordial de una ciudadanía activa. Los gobernantes no están para dar excusas ni para protagonizar espectáculos de victimización mediática; están para generar las condiciones macroeconómicas e institucionales que permitan al empresario invertir, al comerciante vender, al trabajador progresar y a las familias vivir con previsibilidad.
Quienes tenemos la oportunidad de escribir, de hablar ante un micrófono o de participar en asambleas colectivas, debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Nuestro rol no es cooficiar de jueces ni de verdugos improvisados en un show de entretenimiento político. Si hay pruebas de un delito, el camino correcto es aportar las denuncias y el material suficiente a la justicia penal para que actúe de manera independiente. Seguir alimentando el minuto a minuto del escándalo moral, dictando sentencias mediáticas diarias, muchas veces es una forma encubierta de desconocer el peso democrático de los procesos electorales. En una democracia, la legitimidad de origen la otorgan las urnas, y la legitimidad de ejercicio se evalúa en la gestión, no en el griterío de las redes sociales o los paneles.
El horizonte institucional está marcado con claridad. La única herramienta legítima y transformadora para ratificar un rumbo o para cambiar a un gobierno que está haciendo mal las cosas es el voto ciudadano. El debate urgente que debemos dar no es el de las biografías personales, sino el de los proyectos políticos y las ideas de desarrollo. Si no elevamos la vara hoy, si persistimos en la chatura de la denuncia vacía y el ensañamiento personal, el destino está sellado.
Cuando lleguen las próximas elecciones ejecutivas en 2027, nos encontraremos una vez más atrapados en la misma discusión circular, lamentando haber elegido exactamente lo mismo o, lo que es peor, habiendo cambiado hacia una opción sustancialmente peor que la que pretendíamos reemplazar.
La tarea de la hora es interpelar al poder para que cumpla con su deber de gestionar, dejando las explicaciones para los tribunales y los proyectos para la sociedad.
