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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, en una decisión que representa un respaldo a la norma aprobada por el Congreso y a las facultades del Parlamento para legislar sobre el financiamiento del sistema educativo superior.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención del máximo tribunal en esta etapa del proceso.
Con esta decisión, continúa vigente la cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata parte de la ley mientras se resuelve el fondo de la controversia judicial.
La medida alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, así como la recomposición de los programas destinados a los estudiantes.
El fallo se conoció semanas después de que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, alcanzara un acuerdo con las universidades públicas y los gremios del sector para poner fin a un conflicto que se había prolongado durante más de dos años y que incluyó movilizaciones masivas, paros y una extensa disputa judicial.
El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó el Gobierno nacional, el acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33% para los trabajadores universitarios.
La causa judicial se originó a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del CIN y de distintas universidades nacionales, quienes reclamaron la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso.
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El conflicto tuvo uno de sus puntos más álgidos cuando el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Posteriormente, el Congreso insistió con la sanción de la norma y logró su promulgación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo condicionó su implementación a la definición de las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el incremento presupuestario.
Tras la decisión de la Cámara Federal que ordenó cumplir parcialmente con la ley, el Estado nacional acudió a la Corte Suprema para intentar revertir la cautelar. No obstante, el máximo tribunal rechazó el planteo y dejó vigente la resolución judicial.
Si bien el reciente acuerdo entre el Gobierno y las universidades reduce el impacto económico inmediato de la decisión judicial, el pronunciamiento de la Corte constituye un importante respaldo institucional a la Ley de Financiamiento Universitario y fortalece la posición de las universidades públicas en la discusión sobre los recursos destinados al sistema de educación superior argentino.
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