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Mientras se mantiene el acampe de cruce Karaben y otros puntos de la provincia, sostenidos por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM), ambas organizaciones recibieron nuevos respaldos a la denuncia penal que promovieron contra el presidente Javier Milei, quien desreguló la actividad yerbatera con el DNU 70/23 y eliminó -apenas asumió- la posibilidad de fijar precios para la yerba mate de Misiones y Corrientes en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
La demanda se tramita en el Juzgado Federal de Oberá desde el pasado 18 de marzo de 2025, a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga.
Los respaldos llegaron en las últimas horas desde la Confederación General de la Producción de la República Argentina y la organización multisectorial Kaapuera de Misiones. En medio de la falta de apoyos a la pelea que los productores mantienen por mejores precios, donde cada molino negocia de manera libre no solo los valores por kilo de la materia prima sino también las formas de pago, los pronunciamientos mencionados renovaron fuerzas en el sector productivo.
Qué dijo la Confederación
La entidad de la producción fundada en 1951, agrupa a 174 federaciones económicas y de productores agrícolas, forestales, ganaderos y pesqueros, asociaciones, cámaras, sociedades rurales y cooperativas agropecuarias de todo el país.
La conducción de la CGP no dudó en sostener que el DNU 70/23 quedo sin efecto por un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas que Javier Milei no acató y "todo ello derivó inevitablemente en sumergir en una crisis funcional, institucional, económica y social que concluyó en la presentación ante la Justicia para dirimir la cuestión".
"El reclamo ante la inacción del Gobierno Nacional no sólo se funda en el peligro al que se exponen las instituciones al no respetarse sus derechos y facultades legales - lo cual deriva en un avasallamiento institucional -, sino también en la realidad clara y objetiva que los sectores tareferos, productores y cooperativas pertenecientes a la actividad yerbatera padecen día a día", afirmó en un comunicado al que accedió Radio Up.
La CGP advirtió que esta posición del Gobierno nacional provocará muchos perjuicios y un mayor éxodo rural. "La consecuencia de todo esto, no sólo provoca la desaparición de los productores minifundistas, obligados a emigrar a otros cultivos o a permitir la intromisión de los grandes productores, que aprovechan la situación para expandir sus mercados y concentrar la producción en pocas manos, sino que, además, está provocando una crisis social que se manifiesta en los éxodos y migraciones de aquellos que han llevado adelante esta actividad por generaciones", sentenció en su posicionamiento.
Finalmente, la Confederación consideró "necesario, acompañando la denuncia radicada, que se lleve adelante una investigación y se determine sobre la culpabilidad ante un incumplimiento de deberes del funcionario público, conforme lo establece el art. 248 del Código Penal Argentino".
Pronunciamiento de Kaapuera
El Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera también se sumó a los respaldos a la denuncia contra el presidente Milei. Consideraron que el incumplimiento oficial a la resolución judicial que devolvió facultades al INYM hizo que " la actividad atraviese una situación de crisis que se puede graficar como el saqueo más grande de su historia: a tan solo nueve meses después del citado DNU que validó el modelo económico de libre mercado, el precio de la materia prima de yerba mate se desplomó de 370 pesos que se pagaba por kilo de hoja verde a principios de 2024, a menos de 100 pesos, una situación que lejos está de optimizarse y que perjudica directamente a 12.000 productores, 15.000 cosecheros, casi 50 cooperativas, secaderos, emprendedores e industrias y al movimiento económico en cada uno de los pueblos de Misiones".
Agregaron que "Claramente, este modelo económico vigente margina, maltrata y excluye a los productores yerbateros, a los jóvenes, a la familia agraria, a los tareferos, cooperativistas y emprendedores; implacable, se apropia de la renta de la yerba mate, y de los bienes de las y los misioneros: la tierra, el agua y el monte, y daña severamente al pueblo mbya guaraní".
Finalmente, llamaron a la sociedad a "defender un modelo socio productivo, donde la yerba mate sea una actividad inclusiva y distributiva, con arraigo rural, y donde la recuperación de los bienes naturales como el agua y el monte sean centrales en la gestión de la producción agrícola, turística, forestal, energética y de otras áreas, en forma amigable con la naturaleza, generando empleo y garantizando la biodiversidad".
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