Los Registros de Propiedad del Automotor, nucleados en la Asociación Argentina de Encargados de Registros, presentarán medidas cautelares y judiciales contra el anuncio del cierre de los registros en algunas zonas del país. “Buscamos preservar la fuente de trabajo de cientos de argentinos y la tarea que realizamos”, sostienen.
Álvaro González Quintana, es delegado por CABA de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor y expresó “desde el principio del año hay una serie de elementos, que confluyen respecto de la actividad registral que nos genera bastante preocupación, pero puntualmente hay un aspecto que es el que nos ha llevado a iniciar acciones judiciales. Nunca hemos tenido que llegar a esos extremos y el diálogo ha sido siempre una herramienta de construcción”.
González Quintana aclaró sobre el tema de la financiación de los registros: “Los registros seccionales perciben un arancel por la actividad registral, además de otros conceptos. Ese Arancel, que está fijado por el Ministerio de Justicia, una parte de él es la que se destina justamente a pagar todos los gastos que lleva la actividad. Si bien toda la actividad del registro es pública, su financiamiento es privado”.
“Los empleados de las diferentes secciones no son empleados del estado, y además todos los gastos operativos de los registros como computadoras, papeleria son sostenidas por los encargados de los registros, por eso creemos que es necesario seguir manteniendo el arancel del 30%” dijo Quintana.
Con respecto a la tarifa abonada, el delegado expresó que hay un retraso en relación a la inflación: “Los registros están prácticamente en una situación de quiebra, se registraron varias renuncias, ya que hay encargados con enormes dificultades para pagar a sus empleados”.
En relación a las medidas cautelares que serán presentadas, el delegado expresó “lo que se llevó a la justicia, son las resoluciones que derogan la primera resolución. Lo único que judicializamos es la retribución que reciben los encargados, hay muchas cosas que se están cuestionamos de cómo se trabaja en los registros y esos cuestionamientos los consideramos inoportunos y que deberían revisarse con más tiempo”.
Al ser consultado sobre cuántos registros se encuentran intervenidos a nivel nacional, González Quintana expresó, en diálogo con el programa “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, “Es una cuestión bastante compleja. Los registros normalmente están a cargo de un funcionario que es el encargado del registro que ha sido designado por una resolución ministerial. Cuando se produce una vacante por fallecimiento o renuncia o porque ha sido desplazado el cargo disciplinario, ese registro queda vacante y entonces es intervenido, también hay un período en el cual los encargados quedan concursados, los funcionarios quedan concursados. y han sido seleccionados en una terna, pero aún no tienen la designación final. Es decir, la intervención de un registro es una situación bastante compleja”.
¿Cómo operan los registros automotores?
En la actualidad, existen en total 1558 oficinas registrales en toda la Argentina; el detrás de escena de su funcionamiento y la decisión del Gobierno de reducirlos.
El Registro de la Propiedad Automotor se creó en el año 1964 “como resultado de la aplicación del Decreto Ley 6582/58″, explican de manera oficial. Su objetivo principal en aquel entonces era darle “seguridad jurídica a los patentamientos” con información pertinente a la titularidad y los números de serie de las autopartes “para evitar el contrabando”.
Con el tiempo, las oficinas registrales crecieron a tal punto de ser, en 2024, un total de 1558 en todo el territorio nacional. De ese número, se calcula que el 40% se encuentran intervenidos, es decir, que no tienen un encargado titular sino un interventor asignado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
el punto más llamativo de su funcionamiento es el recaudatorio. Acorde al estimador de costos de la dirección, para transferir un auto usado valuado en $3 millones, se deberían abonar $167.000 en concepto de sellos, firmas y transferencias.
Si a eso se lo mira con mayor perspectiva, los números son mucho más abultados. Tan solo en los últimos 15 días respecto a la publicación de este artículo, una oficina registral de la provincia de Buenos Aires recaudó más de $34 millones apenas en sellados y patentes.
(Con información de LaNación.com)