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La utilización de un espacio de la terminal de ómnibus de Capioví quedó bajo cuestionamiento luego de que el Concejo Deliberante aprobara, por mayoría, una solicitud del Ejecutivo municipal para otorgar en comodato la boletería a una funcionaria que actualmente se desempeña como directora de Turismo y Cultura. La situación fue expuesta por la concejal de La Libertad Avanza, Rosemary Natcha Müller, durante una entrevista con Radio Up, en la que planteó dudas sobre la legalidad del procedimiento y la existencia de una posible incompatibilidad.
El planteo gira en torno a la relación contractual de la funcionaria con el municipio, el uso de un bien público y la incorporación de un canon económico en una figura jurídica que, según explicó la edil, debería ser gratuita.
El antecedente contractual y los pedidos de informes
Müller explicó que el expediente ingresó en la última sesión ordinaria del miércoles anterior, cuando se encontró con una solicitud presentada por el Departamento Ejecutivo municipal.
Según relató, la funcionaria está a cargo de la boletería de la terminal desde hace más de ocho años y anteriormente mantenía un contrato de alquiler con el municipio. Ese acuerdo había sido renovado en septiembre de 2023 y tenía vigencia hasta diciembre de 2025.
La concejal indicó que durante 2024, 2025 y también en 2026 presentó distintos pedidos de informes para conocer los ingresos correspondientes a los espacios concesionados por el municipio, entre ellos la boletería y el maxiquiosco de la terminal.
Sin embargo, aseguró que sus solicitudes fueron desestimadas y que nunca obtuvo la documentación necesaria para conocer cómo se registraban los pagos y la rendición de esos ingresos ante la Tesorería municipal. "Yo solicité en el 2024-2025, inclusive este año, informes sobre los ingresos de todo lo que tiene concesionado el municipio. Y en eso entra la boletería, el maxiquiosco. Siempre me fueron desestimados", manifestó.
La edil sostuvo que, al solicitar el contrato que había vencido en diciembre de 2025 y los acuerdos de la funcionaria con el municipio, el Ejecutivo presentó una nueva solicitud para otorgarle el espacio bajo la figura de comodato.
El cuestionamiento por el comodato con canon
Uno de los principales puntos señalados por Müller es que el expediente establece un canon de 65 unidades fiscales para el uso del espacio municipal.
La concejal explicó que el comodato es una figura contractual que implica la cesión gratuita de un bien. Por ese motivo, consideró contradictorio que la resolución incorpore un pago periódico por la utilización de la boletería. "Al tener un canon deja de ser un comodato, pasa a ser un contrato", afirmó durante la entrevista.
De acuerdo con su explicación, el monto de 65 unidades fiscales coincide con el que figuraba en el contrato de alquiler anterior. También relató que consultó a otro integrante del Concejo Deliberante sobre el significado de la figura utilizada y que recibió como respuesta que se trataba de una cesión gratuita.
Müller cuestionó además la justificación vinculada al pago de sellados y sostuvo que, al tratarse de un comodato, no correspondería establecer un canon bajo esa modalidad. "Es algo totalmente ilegal, lamentablemente aprobado, pero no es legal", expresó la concejal, quien anticipó que solicitará una copia del nuevo instrumento contractual para analizar sus condiciones.
La posible incompatibilidad con el cargo de directora de Turismo y Cultura
Otro de los aspectos centrales del planteo es la situación de la funcionaria, que ocupa la Dirección de Turismo y Cultura de Capioví y, al mismo tiempo, tiene a su cargo la explotación de la boletería de la terminal.
Para Müller, existe una posible incompatibilidad entre el ejercicio de una función pública y el aprovechamiento económico de un espacio perteneciente al municipio.
La concejal sostuvo que esta situación requiere revisar tanto la relación contractual como los mecanismos mediante los cuales se registraron los ingresos correspondientes al alquiler del lugar.
En ese sentido, anunció que volverá a solicitar información sobre los pagos efectuados durante 2026 y sobre la forma en que fueron rendidos ante la administración municipal.
El interrogante también alcanza al período anterior, cuando la funcionaria mantenía un contrato de alquiler que, según la documentación mencionada por la edil, había vencido en diciembre de 2025.
La aprobación por mayoría y el rol del Concejo Deliberante
Müller confirmó que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, donde se desempeña como única representante de la oposición.
En ese contexto, cuestionó el funcionamiento del cuerpo legislativo y consideró que existe una mayoría que acompaña las iniciativas del Departamento Ejecutivo sin realizar los controles que, a su entender, corresponden. "El Concejo pasa a ser una escribanía del Ejecutivo", sostuvo.
La edil también recordó que Capioví no cuenta con Carta Orgánica propia y que su funcionamiento institucional se rige por la Ley de Municipalidades de Misiones.
Además, remarcó que los concejales tienen responsabilidades sobre las decisiones que adoptan y sobre el control de los actos administrativos municipales. "Nosotros como concejales también somos penalmente responsables, o sea, si no controlamos estas cosas que no son legales, somos penalmente responsables", señaló.
Cuestionamientos al control del Tribunal de Cuentas
Durante la conversación con Radio Up, la concejal extendió sus críticas a los mecanismos de fiscalización de los municipios y apuntó al Tribunal de Cuentas de Misiones.
Según manifestó, el balance municipal correspondiente al ejercicio 2025 fue aprobado, pese a los interrogantes que plantea sobre la rendición de los ingresos provenientes de la explotación de espacios públicos.
Müller consideró que debería revisarse cómo se controlaron esos movimientos económicos y cuestionó la capacidad de los organismos provinciales para supervisar las administraciones municipales. También afirmó que las denuncias que se presentan contra determinados procedimientos administrativos no siempre generan respuestas o avances concretos.
Sus declaraciones plantean la necesidad de esclarecer cómo se instrumentó la relación contractual entre la Municipalidad y la funcionaria, qué ocurrió con el vencimiento del alquiler anterior y bajo qué condiciones se aprobó el nuevo uso de la boletería.
Qué documentación solicitará la concejal
Como próximo paso, Müller adelantó que pedirá una copia del nuevo contrato o instrumento aprobado por el Concejo Deliberante, además de información sobre los pagos realizados durante 2026.
La documentación permitirá conocer cómo quedó formalizada la cesión del espacio, cuáles son las condiciones económicas establecidas y de qué manera se registraron los ingresos municipales.
El caso abre interrogantes sobre la administración de los bienes públicos en Capioví, los procedimientos de contratación y los controles que deben ejercer tanto el Concejo Deliberante como los organismos de fiscalización.
Por el momento, los cuestionamientos fueron expuestos por la concejal opositora y resta conocer el contenido del instrumento aprobado y la posición del Departamento Ejecutivo municipal sobre las observaciones planteadas.
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