La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) valoró como un paso clave la decisión del Gobierno de Misiones de suspender el régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los controles fiscales de ruta, una medida largamente solicitada por el sector productivo ante el impacto que generaba sobre la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.
Un decreto que modifica la operatoria fiscal en rutas
A través del Decreto N° 713, firmado el 30 de abril de 2026 y publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo provincial instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal. El objetivo es flexibilizar y suspender el cobro anticipado del tributo que se realizaba en los puestos de control fiscal sobre las rutas misioneras.
Hasta ahora, la normativa vigente —establecida por la Dirección General de Rentas de Misiones mediante las Resoluciones Generales N° 056/2007 y N° 44/2021— obligaba a abonar anticipos de Ingresos Brutos sobre múltiples operaciones: ingreso de mercaderías a la provincia, compraventa, traslados entre sucursales, entregas en consignación y servicios de transporte de cargas con origen en territorio misionero.
Contexto económico y presión sobre las pymes
El propio decreto reconoce que la medida responde a un escenario macroeconómico complejo, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de costos operativos. Este contexto impacta de manera directa sobre la dinámica comercial y productiva, especialmente en el entramado de las pymes.
Desde CAME destacan que el sistema anterior implicaba una inmovilización de capital de trabajo, ya que las empresas debían adelantar impuestos cuya recuperación resultaba lenta, burocrática y, en muchos casos, incierta. Esto afectaba tanto a proveedores locales como a firmas de otras provincias que abastecen al mercado misionero.

Menos burocracia y mayor fluidez comercial
El sector empresario considera que la suspensión del cobro en ruta permitirá reducir trabas administrativas y costos financieros, facilitando la circulación de bienes y mejorando la competitividad. En términos operativos, se traduce en una mayor fluidez logística y menor presión sobre la cadena de abastecimiento.
La medida también es vista como una señal política en favor de la actividad privada, en un contexto donde la sostenibilidad de las pymes aparece como un eje central del desarrollo económico regional.
Un avance parcial: el problema de los saldos a favor
Sin embargo, desde el sector advierten que se trata de un avance insuficiente si no se aborda el problema estructural de los saldos a favor acumulados. Durante años, muchas empresas generaron créditos fiscales que hoy representan un pasivo significativo dentro del sistema tributario provincial.
En ese sentido, CAME plantea la necesidad de que la reglamentación del decreto incluya mecanismos ágiles de compensación o devolución, con reglas claras que aporten previsibilidad y transparencia. La resolución de este punto es clave para recomponer la confianza del sector productivo.
Expectativas sobre la reglamentación
La atención ahora está puesta en la letra fina que definirá el Ministerio de Hacienda. El desafío será diseñar un esquema que no solo consolide la suspensión del pago a cuenta, sino que también resuelva las distorsiones acumuladas en el sistema impositivo.
En un escenario económico todavía inestable, la decisión del Gobierno de Misiones marca un giro relevante en la política fiscal aplicada al comercio y la producción. No obstante, el impacto real dependerá de su implementación y de la capacidad de avanzar hacia una solución integral que contemple tanto el presente como las deudas pendientes del pasado.
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