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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su acompañamiento general al proyecto de Reforma Laboral que se debate en el Congreso, aunque expresó serias objeciones sobre cinco artículos específicos que, a su entender, podrían alterar el equilibrio del sistema laboral, generar inseguridad jurídica y afectar directamente al entramado productivo de pequeñas y medianas empresas en todo el país.
La iniciativa, compuesta por más de 180 artículos, busca modificar aspectos centrales del régimen de trabajo vigente con el objetivo de modernizar las relaciones laborales, reducir costos y fomentar el empleo formal. Sin embargo, desde la entidad advirtieron que algunos de los cambios propuestos requieren una revisión más profunda y una implementación gradual para evitar efectos no deseados en un contexto económico aún marcado por la fragilidad del consumo, la caída de la actividad y las dificultades financieras que atraviesa el sector pyme.
El debate sobre la ultraactividad y la estabilidad de los convenios colectivos
Uno de los ejes centrales de la preocupación de CAME está vinculado con la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la vigencia automática de los acuerdos laborales una vez vencidos hasta tanto se firme un nuevo convenio. Para la entidad, esta herramienta ha sido clave para preservar la previsibilidad en las relaciones laborales y evitar vacíos normativos que deriven en conflictos.
El presidente de la confederación, Ricardo Diab, sostuvo que si bien los convenios requieren ser revisados y actualizados para adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos, su eliminación abrupta podría provocar un escenario de alta incertidumbre. “Estos convenios, si bien hay que retocarlos o mejorarlos o actualizarlos, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”, afirmó.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente advirtió que desmontar el esquema vigente sin un período de transición adecuado “generaría más caos que soluciones”, al tiempo que subrayó que la falta de reglas claras podría desalentar inversiones y paralizar decisiones clave en miles de empresas.
La quita de aportes patronales y el futuro de las cámaras empresarias
Otro de los puntos más sensibles señalados por CAME es el artículo 128, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes patronales destinados al sostenimiento de las cámaras empresarias. Según la entidad, esta modificación colocaría a las organizaciones en una situación de desventaja estructural frente al sector sindical y comprometería su capacidad de representación institucional.
Diab sostuvo que la medida apunta, en los hechos, a debilitar a las entidades empresarias. “El proyecto tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”, afirmó, al advertir que sin esos recursos muchas cámaras no podrían sostener su funcionamiento ni brindar servicios esenciales a sus asociados.
Desde CAME remarcaron además que la pérdida de financiamiento afectaría directamente a los programas de formación profesional que se desarrollan en todo el país, una de las principales herramientas para mejorar la productividad y facilitar la inserción laboral. “Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el titular de la entidad, al destacar el impacto concreto de estos programas en la supervivencia de numerosos emprendimientos.
Advertencia por futuros conflictos judiciales y mayor litigiosidad
La confederación también puso el foco en los artículos 130, 131 y 132, cuya redacción, según los equipos técnicos de la entidad, podría abrir un escenario de conflictos legales y aumentar la litigiosidad en el sistema laboral. Para CAME, la falta de precisión normativa y los cambios abruptos en derechos y obligaciones podrían derivar en interpretaciones contradictorias y judicialización masiva.
Desde la entidad señalaron que este escenario no solo afectaría a empleadores y trabajadores, sino que además podría recargar al sistema judicial y generar mayores costos para el Estado. En ese marco, reclamaron que cualquier modificación de fondo sea acompañada por mecanismos de transición y lineamientos claros que otorguen previsibilidad a largo plazo.
Gestiones ante el Congreso y diálogo con gobernadores
Ante la proximidad del tratamiento legislativo, representantes de CAME intensificaron sus gestiones políticas y mantuvieron reuniones con legisladores nacionales, senadores, miembros de comisiones y gobernadores, con el objetivo de que las observaciones sean incorporadas antes de la votación definitiva.
Según indicaron, el planteo no apunta a frenar la reforma sino a mejorar su diseño para evitar efectos regresivos sobre el empleo y la estructura productiva. La entidad busca que el Congreso contemple la realidad de las pymes, responsables de una porción sustancial del empleo formal y particularmente sensibles a los cambios abruptos en el marco regulatorio.
En ese sentido, CAME sostuvo que una reforma laboral efectiva debe combinar modernización, reducción de la informalidad y fortalecimiento institucional, sin debilitar los espacios de representación ni afectar las herramientas de capacitación que permiten sostener la competitividad del sector.
Un debate clave para el futuro del empleo y la producción
El posicionamiento de la confederación se inscribe en un debate más amplio sobre el alcance de la reforma laboral y su impacto en el modelo productivo argentino. Mientras el Gobierno busca avanzar en una transformación estructural del régimen de trabajo, distintos actores sociales reclaman cautela, diálogo y consensos para evitar desequilibrios que terminen afectando a las empresas más pequeñas y al empleo formal.
Para CAME, la discusión no solo involucra cuestiones técnicas, sino también el futuro del entramado pyme, la sostenibilidad de las organizaciones empresarias y la capacidad del país para generar empleo de calidad en un contexto económico aún desafiante.
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