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La Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, situada en Garuhapé, dio a conocer un nuevo episodio de desmonte dentro de su territorio, esta vez con autorización del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. La situación encendió la alarma en organizaciones de derechos humanos, colectivos socioambientales y movimientos de pueblos indígenas, que impulsan un pedido de apoyo urgente para detener la intervención de la empresa vinculada al empresario maderero Alfredo Ruff.
Este avance territorial ocurre en un contexto crítico. La Comunidad vive desde hace años rodeada por los extensos monocultivos de pino de la multinacional Arauco, lo que limita su movilidad, deteriora su calidad de vida y profundiza el riesgo ambiental. La zona de selva nativa que hoy se intenta desmontar constituye el último relicto de bosque que Puente Quemado II conserva para su uso, sustento y continuidad cultural.
Ingreso de maquinaria y destrucción acelerada del bosque
Según comunicó el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), a fines de noviembre, trabajadores enviados por Ruff irrumpieron con maquinaria pesada y comenzaron a tumbar árboles dentro de los Lotes 73, 74 y 75, áreas que forman parte del territorio relevado según la Ley Nacional Nº 26.160, normativa que reconoce la ocupación tradicional de los pueblos originarios y exige su consulta previa, libre e informada para cualquier intervención.
La habilitación otorgada por el Ministerio de Ecología contradice disposiciones previas del propio organismo. En diciembre de 2019, el plan de manejo que pretendía cambiar el uso de suelo en estos mismos lotes había sido suspendido debido al riesgo sobre el ecosistema y al conflicto con la Comunidad. Sin embargo, la decisión actual permite reactivar el mismo esquema de desmonte, incluso con mayor intensidad.
El mburuvicha, Santiago Ramos, expresó que las máquinas ingresaron en sectores donde “no podían hacerlo sin la consulta previa a la Comunidad”. Señaló que Ecología basó su autorización en un informe proporcionado por el área de Asuntos Guaraníes, cuyo director afirmó que Puente Quemado II “no sería afectada”. Ese aval administrativo derivó en la autorización formal del desmonte.
La consulta negada y la herida a la identidad Mbya
La Comunidad subraya que la ausencia de consulta no representa únicamente una omisión burocrática, sino una violación profunda. La intervención sobre el bosque afecta directamente la existencia Mbya, ya que su territorio no se concibe como un recurso económico, sino como un espacio vivo donde se entrelazan cultura, espiritualidad y memoria ancestral. Cada árbol derribado modifica un equilibrio que sustenta su identidad colectiva.
El territorio relevado por la 26.160 constituye la base de la vida comunitaria. Implica senderos, plantas medicinales, espacios ceremoniales, fuentes de agua y zonas de recolección. Su pérdida implica un daño que excede lo material y toca dimensiones invisibles para quienes conciben el monte solo como un bien explotable.
Ramos describió el momento como “un hecho doloroso”, no solo por la velocidad con la que avanzan las máquinas, sino por la desprotección estatal que permite e incluso legitima la destrucción. Aclaró que esta vez decidieron no confrontar con los trabajadores, debido a episodios de violencia registrados en ocasiones anteriores, aunque continúan organizados para custodiar el territorio y permanecer cerca del lugar afectado.
Un Estado que autoriza aquello que debía proteger
Diversas organizaciones se sumaron al reclamo, entre ellas el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), que emitió un pronunciamiento contundente. Señalaron que el Ministerio de Ecología, lejos de resguardar los derechos territoriales y ambientales, “autorizó lo que debía proteger”, mientras que Asuntos Guaraníes, que debía defender, facilitó. Para EMiPA, la situación revela un mecanismo institucional que, en vez de proteger la vida indígena, abre las puertas al saqueo privado.
La contradicción estatal expone un problema estructural: los territorios indígenas continúan siendo objeto de presiones extractivas, incluso cuando cuentan con respaldo jurídico. La autorización del desmonte en Puente Quemado II se convierte así en un caso emblemático de la brecha entre la legislación vigente y la práctica real de los organismos públicos.
Pese al cansancio y el dolor que provoca esta nueva intervención, la Comunidad reafirma su decisión de defender el territorio. La resistencia, aseguran, no es solo un acto político, sino una acción de supervivencia. Defender la selva es defender la vida, porque en ella se sostiene la identidad, la alimentación, el agua, la medicina y los vínculos espirituales que los unen como pueblo.
Una carta abierta para detener el desmonte
El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) acompañó el llamado y habilitó una carta de adhesión, abierta hasta el 3 de diciembre, para sumar apoyos de organizaciones, grupos y movimientos interesados en exigir la paralización inmediata del desmonte y la revisión de la autorización provincial.
La carta, dirigida al ministro Martín Antonio Recamán, expone la gravedad del proceso y exige que se respete la legislación vigente, se garantice la consulta previa y se detenga el avance sobre el territorio indígena. Reclama además que se investigue cómo se otorgó la autorización y se proteja el último fragmento de bosque que la Comunidad conserva frente al avance maderero y al cerco de los monocultivos.
Una lucha que trasciende Puente Quemado II
Lo que ocurre en la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II no es un hecho aislado, sino un síntoma de un modelo que prioriza la rentabilidad privada sobre la protección del monte nativo, la biodiversidad y los derechos de los pueblos originarios. La resistencia Mbya expone una realidad que se repite en distintas regiones de la provincia y del país, donde el avance extractivo continúa generando conflictos ambientales y territoriales.
Puente Quemado II vuelve a levantar la voz para pedir que la selva siga en pie. Y en ese gesto, vuelve a recordarle al Estado su obligación de proteger aquello que dice resguardar.
Para acompañar el reclamo: https://www.wrm.org.uy/es/alertas-de-accion/argentina-pedido-de-apoyo-urgente-para-detener-el-desmonte-en-la-comunidad-guarani-puente-quemado-ii
Acaí: la desaparición que expone amenazas, silencios y tensiones en el Impenetrable https://t.co/VprBl43cF9
— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 1, 2025
