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En un contexto social atravesado por la incertidumbre, la tensión política y la crisis económica, la expansión del acceso a las armas de fuego representa una amenaza silenciosa pero concreta. La reciente desregulación y la pérdida de políticas públicas orientadas al desarme colocan a la sociedad argentina -y en particular a Misiones- ante un escenario de mayor vulnerabilidad: más armas en manos civiles, menos control estatal y una convivencia cada vez más expuesta a impulsos, violencias cotidianas y tragedias evitables. Esta preocupación se refuerza al constatar que en los últimos hechos policiales registrados en Misiones, se detectó la presencia de armas de fuego, evidenciando cómo la disponibilidad de armamento contribuye directamente a conflictos y situaciones de riesgo en la provincia.
Del control al retroceso: el Decreto 445/2025
El Decreto 445/2025, publicado el 1 de julio de 2025, disuelve la ANMaC, creada por ley en 2015 con autarquía económica y consenso político transversal, y la reemplaza por el RENAR, ahora dependiente directamente del Ministerio de Seguridad. La medida implica la pérdida de autonomía y la centralización del control de armas bajo la órbita de Patricia Bullrich.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó el cambio afirmando que los organismos descentralizados “son caros” y que esta transformación “reduce costos sin afectar funciones”. Sin embargo, la medida elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que financiaba campañas de sensibilización, investigaciones y proyectos de desarme civil.
Ahora, esas acciones dependen del presupuesto general del Ministerio, sin fondos específicos ni autonomía técnica. Diversas organizaciones alertaron que esta decisión desmantela uno de los pilares de las políticas de prevención de la violencia armada en Argentina.
Una política de desarme que se desdibuja
La Red Argentina para el Desarme emitió un comunicado contundente: “El Gobierno eliminó todas las funciones y objetivos de la ANMaC, el organismo encargado del control de armas en el país. La desregulación de hecho del mercado de armas de fuego es la antesala de una sociedad más violenta.”
La entidad recordó que desde 2007 el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego permitió retirar más de 250.000 elementos de circulación. Hoy, ese programa está suspendido, junto con otras medidas regresivas: reducción de la edad mínima para acceder a armas, flexibilización en la compra de semiautomáticas, permisos acelerados y “tenencia exprés”. “Paradójicamente, el Gobierno celebró que Argentina fue en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica, pero ahora desmantela uno de los pilares que lo hizo posible”, concluye el comunicado.
Hoy a las 17:30, la Red Argentina para el Desarme realiza una concentración para denunciar que el gobierno de Javier Milei «reduce» el organismos de control y facilita el acceso a las armas.https://t.co/Q9KARczj8H
— RedArgParaElDesarme (@RedArgDesarme) August 21, 2025
Un negocio de pocos con riesgos para todos
El 2 de septiembre pasado, la Red Argentina para el Desarme emitió un comunicado dirigido a los ciudadanos preocupados por la violencia, en el marco del lanzamiento de la campaña nacional “Por una Argentina sin armas, para una Argentina sin violencia”, realizado el 21 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde entonces, la Red ha advertido sobre los riesgos de la proliferación y la necesidad de políticas públicas robustas para su control y para la prevención de la violencia armada. Entre 2006 y 2023, diferentes gobiernos implementaron medidas orientadas a ese objetivo: modificaron requisitos de acceso a las armas, recuperaron y destruyeron más de 100.000 armas, y reemplazaron el antiguo RENAR por la ANMaC, un organismo moderno diseñado para ejercer control efectivo. Estas acciones contaron con el apoyo del Congreso en múltiples ocasiones, consolidando un consenso político y social sobre la necesidad de regulación.
El comunicado también señala medidas recientes impulsadas por Juan Pablo Allan, titular del RENAR y candidato político; por un lado la reducción de la edad mínima para portar armas de 21 a 18 años (Decreto 1081/2024), la autorización para la compra de fusiles semiautomáticos antes prohibidos (Decreto 397/2025) y la simplificación de los trámites para la “tenencia exprés” de armas, con relajación de controles (Res. ANMaC 45/2025). Estas medidas han tenido un efecto directo: un incremento del 13,2 % en usuarios de armas de fuego respecto de 2023.
Los riesgos que estas políticas implican
La Red advierte que los países con modelos de libre portación, como Estados Unidos, experimentan un aumento exponencial de violencia con armas de fuego, incluyendo tiroteos masivos en escuelas y espacios públicos.
En Argentina, mueren diariamente entre 7 y 8 personas por el uso de armas de fuego, la mayoría en accidentes o conflictos interpersonales, lejos del imaginario de los delitos vinculados a robos. Estos hechos son en su mayoría evitables, y la disponibilidad de armas aumenta la vulnerabilidad de la sociedad.
El comunicado subraya que Argentina históricamente ha mantenido bajas tasas de homicidios, gracias a un modelo restrictivo en la habilitación para civiles. A mayor cantidad de armas en circulación, mayor riesgo de muerte y violencia.
La Red concluye que las políticas actuales del gobierno, que priorizan el liberalismo en el mercado de armas, benefician a unos pocos en detrimento de la seguridad colectiva. “Un Estado que promueve la libre portación de armas es un Estado que invita a su sociedad al suicidio”, afirma la Red.
Por ello, el llamado es a abrir el debate público, exigir que el Estado controle la proliferación de armas, prevenga la violencia y eduque para la paz.
Más armas, más riesgo: los efectos sociales del descontrol
Las políticas de control y entrega voluntaria de armas no son trámites burocráticos, sino políticas de seguridad y salud pública. La disponibilidad de armas incrementa el riesgo de muertes en contextos de violencia interpersonal, conflictos domésticos y suicidios.
En Argentina, alrededor del 25% de los homicidios se cometen con armas de fuego. La eliminación de herramientas de registro y programas preventivos amenaza con aumentar ese porcentaje, especialmente en provincias donde el control local depende de la cooperación con organismos nacionales.
El vínculo silencioso entre armas y suicidios
El uso de armas de fuego también está asociado a los suicidios. En 2024 se registraron 4.249 suicidios en el país, con una tasa de 9,8 cada 100.000 habitantes. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte, y uno de cada diez casos ocurre con un arma de fuego.
En las fuerzas de seguridad, la proporción supera el 50 %. Además, entre 2023 y 2024 se registraron más de 15.800 intentos de suicidio, lo que refleja un fenómeno persistente y complejo. Sin embargo, el acceso a las armas no forma parte de las políticas preventivas activas, y el debilitamiento de la ANMaC agrava esa omisión.
Avances locales en la destrucción de armas ilegales
En contraste con el retroceso nacional, Misiones dio un paso importante en el control y erradicación del armamento ilegal. La Policía provincial inició un operativo histórico de retiro, traslado y destrucción de armas de fuego secuestradas en causas judiciales.
Por primera vez, la provincia articula todas las etapas del proceso —desde el acopio hasta la destrucción— dentro de una estrategia integral coordinada por el Ministerio de Gobierno, la Jefatura de Policía, el Registro Provincial de Armas (RePar), el ReNaR y el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC).
En esta etapa, 413 armas de fuego fueron retiradas de depósitos judiciales y almacenadas por el RePar para su traslado a Buenos Aires, donde serán destruidas mediante una prensa hidráulica de 200 toneladas y posterior fundición.
Este proceso marca un punto de inflexión en la lucha contra el delito armado, y refleja la voluntad provincial de mantener políticas activas de control incluso en un contexto nacional de desregulación.
Desde Misiones, una respuesta institucional al desafío del desarme y la prevención
La Directora del Registro Provincial de Armas (REPAR), Comisario Licenciada en Seguridad Gabriela Marinoni, destacó, en declaraciones a Radio Up, el rol central del organismo en la política de control, fiscalización y seguridad pública que lleva adelante la provincia. “Como personal policial, nuestra misión fundamental es el mantenimiento del orden público, la preservación de la paz social y la protección de los derechos de la ciudadanía, a través de la prevención e investigación de delitos”, explicó Marinoni.
En ese sentido, señaló que desde la Dirección del REPAR “el trabajo se orienta al cumplimiento, coordinación y fiscalización de todos los actos previstos en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y sus normas reglamentarias”. “Nuestra labor cotidiana implica el diligenciamiento y tramitación de solicitudes vinculadas a armas de fuego, garantizando un control legal, seguro y transparente en toda la provincia”, indicó, subrayando además que este accionar “se sustenta en el compromiso de prevenir delitos y fortalecer la colaboración institucional con el Poder Judicial mediante la provisión de información precisa y sensible”.
La Directora destacó que este trabajo articulado contribuye directamente al fortalecimiento de la seguridad pública y a la eficacia en la aplicación de las normas. En esa línea, precisó que el REPAR cumple “una función esencial en el resguardo y depósito de armas vinculadas a causas judiciales con sentencia firme, ejecutando las órdenes judiciales de destrucción cuando corresponde”.
“En julio del presente año, gracias a la cooperación nacional con el RENAR, a través del Coordinador de Logística, Resguardo y Destrucción de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, señor Sergio Sarlo, se concretó la entrega de más de 400 armas de fuego para su destrucción definitiva”, señaló Marinoni, quien definió este hecho como “un claro ejemplo de nuestro compromiso con la reducción de riesgos y la promoción de una sociedad más segura”.
La funcionaria también reflexionó sobre el contexto actual, marcado por la expansión del acceso a las armas de fuego y la desregulación nacional: “Frente a las crisis actuales y la flexibilización del control a nivel nacional, debo recalcar que nuestro control es exclusivo sobre el personal policial respecto a armas particulares. Por ello, el REPAR cumple un papel clave al supervisar y controlar su registro”, enfatizó.
Finalmente, Marinoni advirtió que el nuevo escenario “implica una mayor presión sobre nuestra tarea en el control de los cumplimientos de los estándares objetivos establecidos por el RENAR”, aunque aseguró que el organismo provincial “se encuentra debidamente capacitado para asumir estas responsabilidades”. “Mantenemos un compromiso constante con la búsqueda de nuevas instancias de perfeccionamiento y formación continua. Entendemos que la profesionalización y el aprendizaje permanente son herramientas indispensables para enfrentar un escenario nacional más complejo y exigente”, concluyó.
El riesgo de tener armas en casa: evidencia internacional
Diversos estudios internacionales confirman que la presencia de armas de fuego en el hogar incrementa el riesgo de suicidios, homicidios y accidentes domésticos. En hogares con violencia doméstica, las armas multiplican la probabilidad de que las amenazas escalen a muertes. El almacenamiento seguro descargadas y bajo llave— reduce el riesgo, pero la mayoría de los hogares no cumple con estas prácticas.
En un país como Argentina, con tensiones sociales, crisis económica y violencia doméstica, cada arma disponible aumenta la vulnerabilidad colectiva. En una sociedad convulsionada, la desregulación en el acceso multiplica los riesgos y las tragedias evitables.
Un retroceso que pone en riesgo vidas
Mientras Misiones avanza, en cierta medida, en el control del armamento ilegal, a nivel nacional se debilita el marco que sostenía las políticas de prevención. La eliminación de la ANMaC, la suspensión del Plan de Entrega Voluntaria y la supresión del FPVA implican un cambio de paradigma: de la prevención hacia la liberalización del acceso.
Menos control nacional, menos prevención y más armas en circulación significan un país más expuesto a la violencia, los suicidios y los accidentes. En tiempos de tensión social, tener un arma en casa no es un acto de protección, sino un riesgo latente para todos.
