ARCA estableció una reducción del 50% en multas por incumplimientos formales: quiénes pueden acceder y hasta cuándo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un régimen especial que contempla una reducción del 50% en las multas por infracciones a deberes formales, siempre que los contribuyentes comprendidos regularicen las obligaciones pendientes antes del 18 de diciembre de 2026.

La disposición quedó establecida mediante la Resolución General 5927/2026, publicada este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial. La normativa reglamenta el beneficio previsto en el artículo 17 de la Ley 27.826 y en el artículo 4 del Decreto 1253/2026.

El régimen comprende incumplimientos anteriores al 9 de octubre de 2026, fecha de entrada en vigencia de la ley, y establece condiciones específicas para acceder a la reducción. Entre ellas, se encuentran el tipo de contribuyente, el estado administrativo de la multa y la regularización efectiva de la obligación formal que originó la sanción.

La medida no implica una condonación de impuestos ni de intereses: el descuento se aplica exclusivamente sobre el importe de las multas. Además, quedan excluidos quienes se encuentren categorizados como Grandes Contribuyentes.

Qué multas están alcanzadas por la reducción

El beneficio comprende sanciones por incumplimientos de obligaciones formales contempladas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683, así como en los artículos incorporados a continuación de esas disposiciones.

Se trata de infracciones vinculadas con la presentación de declaraciones juradas y el suministro de información ante el organismo recaudador, y no con la falta de pago de impuestos.

Para que una multa pueda acceder a la reducción deben cumplirse tres condiciones:

• Corresponder a obligaciones cuyo vencimiento se haya producido a partir del 2 de enero de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.799.

• La infracción debe haberse cometido antes del 9 de octubre de 2026.

• La multa no debe encontrarse firme a esa fecha o, si ya adquirió firmeza, no debe haber sido cancelada.

La reglamentación también establece que las multas consolidadas dentro de un plan de facilidades de pago se consideran canceladas a los efectos del beneficio. Por lo tanto, las sanciones firmes incorporadas a esos planes quedan excluidas de la reducción.

Qué contribuyentes pueden acceder al beneficio

La normativa delimita el universo de beneficiarios según la condición que tenían al momento de cometerse la infracción. No alcanza a todos los contribuyentes registrados ante ARCA.

Pueden acceder quienes se encuentren comprendidos en alguno de los siguientes grupos:

• Micro, pequeñas y medianas empresas: correspondientes a los tramos 1 y 2, siempre que cuenten con Certificado MiPyME vigente y la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.

• Personas humanas y sucesiones indivisas: que cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

• Entidades sin fines de lucro: entre ellas, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales y consorcios de propietarios.

En todos los casos, existe una condición excluyente: los contribuyentes no deben estar categorizados como Grandes Contribuyentes, de acuerdo con los criterios de la Resolución General 5670.

Cómo solicitar la reducción y cuál es la fecha límite

El procedimiento depende de la situación administrativa o judicial en la que se encuentre la multa.

Cuando la sanción no está en discusión, la reducción opera de pleno derecho, sin necesidad de iniciar un trámite específico. Sin embargo, el contribuyente debe cumplir con la obligación formal que originó la infracción hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive.

Esto puede incluir, por ejemplo, la presentación de un balance societario en formato PDF que se encuentre pendiente ante el organismo. Si la obligación omitida no se regulariza dentro del plazo establecido, se pierde el acceso al beneficio.

En cambio, cuando la multa se encuentra en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, se requiere un procedimiento adicional.

En esos casos, el contribuyente debe realizar una presentación mediante el servicio Presentaciones Digitales, seleccionando el trámite denominado Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27826.

La solicitud debe identificar la sanción correspondiente mediante el número de sumario, resolución o instrumento administrativo. Este procedimiento también debe completarse hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive.

Qué consecuencias tiene aceptar el beneficio

El acogimiento al régimen implica condiciones jurídicas que deben ser consideradas antes de iniciar el procedimiento, especialmente cuando la multa se encuentra bajo discusión.

La aceptación supone el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte no reducida y la renuncia a ejercer acciones y derechos vinculados con esa controversia. Esto significa que el contribuyente acepta la sanción en los términos del beneficio y no puede continuar cuestionándola judicial o administrativamente.

Además, deberá asumir las costas y los gastos causídicos que correspondan.

Otro aspecto importante es que la reducción no habilita a solicitar la devolución de los importes abonados antes del 9 de octubre de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.826.

Por ese motivo, resulta necesario revisar el estado de cada sanción y evaluar las consecuencias de aceptar el régimen antes de formalizar el acogimiento.

Cómo se combina con la reducción adicional del 25%

Uno de los aspectos relevantes de la reglamentación es su posible aplicación conjunta con otro beneficio incorporado por la misma Ley 27.826.

El artículo 49 bis de la Ley 11.683 establece una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no estén categorizadas como Grandes Contribuyentes.

Si una sociedad anónima MiPyME recibe una multa de $10 millones por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, la primera reducción del 25% disminuye la sanción a $7,5 millones.

Posteriormente, si regulariza la obligación omitida dentro del plazo establecido por el régimen especial, puede aplicar la reducción adicional del 50% sobre ese importe.

De esta manera, la aplicación sucesiva de ambos mecanismos permitiría reducir la sanción original en un 62,5%, aunque el importe restante todavía puede representar una carga económica considerable para las pequeñas y medianas empresas.

Qué deberían revisar los contribuyentes antes del 18 de diciembre

Ante la proximidad del vencimiento, el análisis de las multas pendientes y de las obligaciones formales incumplidas resulta determinante para establecer si corresponde solicitar la reducción.

Entre las principales acciones que deberían considerar los contribuyentes se encuentran:

El alcance del beneficio y su impacto en las pequeñas empresas

La reducción representa un alivio parcial frente a las sanciones económicas por incumplimientos administrativos, aunque su alcance no elimina las dificultades que pueden generar las multas de elevado importe.

El análisis tributario de Sebastián Domínguez advierte que, incluso con la aplicación conjunta de los descuentos, sanciones de varios millones de pesos por presentar fuera de término declaraciones juradas, balances u otra documentación pueden resultar difíciles de afrontar para numerosas MiPyMEs.

En ese sentido, la discusión también involucra la proporcionalidad de las multas por infracciones formales, que no necesariamente representan una falta de pago de impuestos. La magnitud de las sanciones, la gravedad del incumplimiento y la capacidad económica del contribuyente son factores centrales para evaluar el impacto del régimen sancionatorio sobre la continuidad de las empresas.

Con la reglamentación publicada, el 18 de diciembre de 2026 queda establecido como fecha límite para regularizar las obligaciones y completar los procedimientos necesarios para acceder al beneficio.