El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II mediante el Decreto 1253/2026, con cambios en las condiciones de acceso al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las ganancias. La normativa elimina las verificaciones previas de límites patrimoniales y facturación, establece la residencia fiscal como requisito central y define cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar los beneficios otorgados.
La medida busca incentivar el uso de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal y promover su incorporación a la economía. Sin embargo, su alcance efectivo dependerá también de la adecuación de las normas complementarias y de la adhesión de las provincias mediante disposiciones sobre los tributos de sus respectivas jurisdicciones.
El nuevo esquema contempla un efecto liberatorio para los períodos fiscales incluidos en el régimen, además de una presunción de exactitud de las declaraciones del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado (IVA) correspondientes a los períodos no prescriptos, bajo las condiciones establecidas por la ley.

Residencia fiscal: el requisito central para ingresar al régimen
Uno de los principales cambios introducidos por la reglamentación es la eliminación de las verificaciones previas de topes de ingresos, facturación y patrimonio. A partir de ahora, el requisito previsto para acceder al sistema es acreditar la residencia fiscal durante todo el período correspondiente.
El procedimiento se realizará mediante una declaración jurada precargada por ARCA a partir de la información disponible en sus bases de datos y de los datos aportados por responsables y terceros. El contribuyente podrá revisar esa información, modificarla, confirmarla y presentar la declaración. Además, quienes adhieran al régimen quedarán exceptuados de la obligación de informar sus bienes, con excepciones para los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos, que mantienen exigencias específicas de información patrimonial.
Cuándo ARCA podrá impugnar los beneficios fiscales
El Decreto 1253/2026 establece que ARCA podrá cuestionar los beneficios del régimen cuando detecte una discrepancia significativa en la determinación del impuesto.
La condición se configurará cuando el organismo constate un incremento del impuesto determinado o una reducción del quebranto impositivo de al menos el 15%, o cuando la diferencia supere el monto establecido en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario vigente al momento del vencimiento de la declaración jurada correspondiente.
El cálculo toma como referencia el período fiscal en el que vence la obligación de presentar la declaración. De esta manera, la reglamentación fija parámetros para determinar cuándo una diferencia adquiere relevancia suficiente para afectar los beneficios reconocidos al contribuyente.
sin embargo, la norma contempla una posibilidad de regularización. Si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la liquidación administrativa y cancela la deuda con sus intereses, la diferencia entre la declaración original y la rectificativa no será considerada para configurar esa discrepancia, en los términos previstos por el decreto.
La reglamentación también establece un criterio específico para los casos en los que se detecten facturas u otros documentos apócrifos, o ingresos directos computados de manera improcedente. En esas situaciones, la discrepancia quedará configurada con independencia del monto involucrado.
Las excepciones para grandes contribuyentes y funcionarios públicos
Los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos comprendidos en las disposiciones de la norma podrán adherir al régimen con un alcance limitado.
En estos casos, la incorporación permitirá presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias bajo la modalidad simplificada y efectuar el pago dentro del plazo correspondiente. Sin embargo, no se aplicarán las presunciones de exactitud ni los demás efectos liberatorios previstos para el resto de los contribuyentes.
Asimismo, estos sujetos mantienen obligaciones específicas vinculadas con la declaración de sus bienes en el país y en el exterior, por lo que la implementación del sistema requiere adecuaciones administrativas e informáticas.
Qué ocurre con las declaraciones de Ganancias de 2025
La reglamentación contempla una alternativa para los contribuyentes que ya habían presentado la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2025 mediante el régimen general, antes de la entrada en vigencia del decreto.
Esos contribuyentes podrán incorporarse a la modalidad simplificada si rectifican la presentación dentro del plazo previsto para el nuevo esquema. La disposición busca permitir la transición entre ambos sistemas sin excluir automáticamente a quienes ya habían cumplido con la obligación bajo las reglas anteriores.
La posibilidad de adhesión, no obstante, queda sujeta al cumplimiento de las condiciones y los plazos establecidos en la reglamentación.


Normas pendientes y posibles demoras en la implementación
Pese a la entrada en vigencia del decreto, el régimen todavía requiere disposiciones complementarias para funcionar plenamente. Entre los aspectos pendientes se encuentra la adecuación de la Resolución General 5820 y la reglamentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el denominado antecedente favorable.
Según el análisis del tributarista Sebastián Domínguez, compartido con la Agencia Noticias Argentinas, la UIF dispone de 15 días hábiles desde la vigencia de la ley para establecer las pautas correspondientes. Esta regulación resulta relevante para los contribuyentes que busquen utilizar fondos que no se encuentran depositados en el sistema financiero formal.
A su vez, ARCA deberá completar las disposiciones necesarias para la aplicación del régimen, incluida la reglamentación de la bancarización en origen y destino y la adaptación de los sistemas informáticos para incorporar la información patrimonial exigida a los sujetos alcanzados.
Domínguez advirtió que estas adecuaciones podrían requerir una nueva prórroga de los vencimientos, especialmente por las obligaciones de información que alcanzan a los Grandes Contribuyentes Nacionales y a los funcionarios públicos.
La adhesión de las provincias, otro factor determinante
La implementación del régimen también depende de las decisiones que adopten las provincias. Para que sus efectos se extiendan al ámbito de los tributos provinciales, cada jurisdicción deberá dictar las normas de adhesión correspondientes y establecer el tratamiento aplicable a los impuestos que recauda.
Por eso, la reglamentación nacional constituye un paso relevante, pero no garantiza por sí sola una aplicación uniforme en todo el país. El alcance final dependerá de las disposiciones complementarias de los organismos nacionales, de la adecuación de los procedimientos administrativos y de las decisiones de cada jurisdicción.
El nuevo esquema modifica las condiciones de acceso a la declaración jurada simplificada y delimita las circunstancias en las que el organismo recaudador puede revisar sus beneficios. Su funcionamiento efectivo quedará sujeto a la finalización de las reglamentaciones pendientes y a la instrumentación de los mecanismos necesarios para su aplicación.
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