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El presidente de la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (AIPEM), Guillermo Hassel, dialogó con “La Última Rosca” de Radio Up y analizó las denuncias por situaciones de violencia en el Instituto Santa Catalina de Posadas. Además, planteó que la respuesta ante estos episodios no puede quedar exclusivamente en manos de las instituciones educativas. Señaló que es necesario articular el trabajo de las escuelas con las familias, la Policía, la Justicia y los organismos de protección.
Al referirse al marco normativo, Hassel mencionó la Ley provincial 6.250, vinculada al bullying, y su decreto reglamentario. Según explicó, esas disposiciones alcanzan a todas las instituciones educativas y establecen obligaciones específicas para los equipos directivos. “En ese artículo primero, en el anexo 1, exige a todos los directivos, ante esta situación de acoso, una protección especial y una intervención, y sobre todo confidencialidad de lo que está pasando dentro de la escuela”, indicó.
También citó el artículo 30 de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que establece la obligación de los integrantes de los establecimientos educativos de comunicar las situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, sostuvo que ante un episodio de estas características se debe “intervenir de inmediato y proteger a todos los estudiantes involucrados. Y reitero, a todos los estudiantes involucrados”, ya que todos merecen resguardo y confidencialidad.
Entre las medidas que deben adoptarse, enumeró la asistencia médica y psicológica, la prevención de nuevos contactos entre las partes involucradas, la elaboración de actas reservadas con fechas y horarios, la denuncia de los hechos presuntamente delictivos y la comunicación a los organismos de protección.
Sobre el caso del Santa Catalina, Hassel aseguró que, de acuerdo con la documentación disponible, las autoridades del instituto realizaron las actuaciones correspondientes. “La documentación disponible demuestra que las autoridades realizaron todas las actuaciones. Intervinieron después de los hechos, se comunicaron con las familias, efectuaron gestiones ante la Policía, se reunieron con su equipo directivo”, detalló. También afirmó que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) tomó las medidas que correspondían.
Sin embargo, consideró que esas intervenciones no alcanzan por sí solas para resolver situaciones de esta naturaleza. “¿Todo esto es suficiente? Yo creo que no”, planteó, y vinculó esa insuficiencia con la necesidad de una participación inmediata de los organismos de control y prevención, además de las familias.
En ese punto, Hassel cuestionó las dificultades que pueden aparecer cuando las instituciones intentan activar los mecanismos de denuncia. Como ejemplo, mencionó otro episodio ocurrido en Eldorado, que —aclaró— no estaba relacionado específicamente con el Santa Catalina. Según relató, las autoridades de una institución acudieron a un juzgado y a una dependencia policial para denunciar una situación, pero no les recibieron las presentaciones.
“Estamos ante una situación que también tenemos que tomar conciencia de que los organismos de control o los organismos de Justicia y de prevención deben asumir sus propias responsabilidades, porque si no, no vamos a poder resolver”, manifestó.
El titular de AIPEM remarcó que la escuela debe proteger a quienes sufren situaciones de violencia y evitar que se conviertan nuevamente en víctimas. “La violencia ante estudiantes no puede naturalizarse, no puede justificarse como un simple conflicto entre jóvenes”, afirmó. Y agregó: “¿Por qué? Porque se están cometiendo delitos”.
La continuidad escolar y la responsabilidad de las familias
Otro de los aspectos que abordó fue la aplicación de la nueva legislación penal juvenil. Hassel mencionó la Ley 27.801 y sostuvo que el régimen contempla la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años. En relación con el caso del Santa Catalina, señaló que el adolescente involucrado supera esa edad y que las conductas investigadas pueden tener consecuencias penales, aunque aclaró que deben respetarse las garantías legales y la intervención judicial.
“Estas garantías legales y la intervención de los jueces tienen que ir acompañadas con la intervención también de la familia, porque la escuela no va a reemplazar a la Justicia. La escuela tiene que proteger, prevenir”, explicó.
A partir de ese planteo, puso el foco en cómo garantizar la continuidad educativa sin exponer a los estudiantes a nuevos episodios de violencia. “El chico tiene que seguir estudiando, no puede dejar de estudiar”, sostuvo.
No obstante, advirtió que esa continuidad requiere medidas concretas cuando las partes involucradas deben compartir el mismo ámbito escolar. “La escuela tiene que tomar medidas de protección a ambas partes. Tiene que designar un responsable que de alguna manera lo esté vigilando, que haya una vigilancia activa”, señaló. También consideró que los propios compañeros tienen un papel en la prevención de nuevas agresiones y sostuvo que “los otros chicos también son responsables por omisión”.
Para Hassel, uno de los principales obstáculos es el desconocimiento de la legislación nueva. Contó que un abogado vinculado a un instituto lo había llamado preocupado por sus declaraciones sobre la necesidad de elaborar protocolos para aplicar la ley penal juvenil. “Hay mucho desconocimiento de la legislación nueva”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que la normativa debe ser conocida no solamente por jueces y abogados, sino también por docentes y directivos. “Nosotros no conocemos la ley, los docentes no conocen la ley, los directivos a veces desconocen la ley y lo peor, lo más grave de todo es que hasta abogados vinculados a las instituciones no conocen la ley”, expresó.
Como respuesta, señaló que desde AIPEM trabajan en capacitaciones, en la elaboración de protocolos y en el vínculo con las familias. “No podemos quedarnos con que esto fue un simple hecho de violencia de los chicos. No. Esto es la manifestación directa y palpable de una violencia que está en las bases de una sociedad que tiene muchos problemas”, consideró.
“Los jóvenes son reflejo de una sociedad cada vez más violenta”
Consultado sobre la posibilidad de que situaciones similares se repitan en otras instituciones, Hassel respondió que existe esa posibilidad y cuestionó que se atribuya exclusivamente a los jóvenes el origen de la violencia.
“Yo no estoy incitando a la violencia, no estoy diciendo que los chicos van a ser... Pero vuelvo a repetir, si nosotros tenemos un clima de violencia que está instalado en la sociedad, este clima de violencia, que ojo que el clima de violencia no viene de los jóvenes”, aclaró.
En esa línea, sostuvo: “Es mentira esto, los jóvenes no son violentos por sí. No les enseñan a ser buenos. Los jóvenes son reflejo de una sociedad cada vez más violenta”.
También advirtió que las agresiones no se limitan a los enfrentamientos físicos. “La violencia no se ejerce solamente a través de agresiones físicas. Hay una violencia instalada en la sociedad y es una violencia intelectual durísima. Y los chicos absorben este clima de violencia”, señaló.
Para el titular de AIPEM, la prevención debe comenzar mucho antes de que los niños ingresen a la escuela. “La educación no empieza cuando el chico va a la escuela. La educación empieza desde la gestación del niño en el vientre de su madre. Ahí comienza la educación”, afirmó.
Por eso, consideró necesario acompañar a las madres, a los niños y a sus familias desde las primeras etapas de la vida. Según planteó, cuando esos procesos de cuidado fallan, los conflictos pueden acumularse hasta manifestarse en episodios de violencia. Como ejemplo, mencionó las peleas entre grupos de adolescentes y los enfrentamientos entre adultos en las canchas de fútbol.
“Hay un clima de violencia que la única forma de resolverlo es a través de encuentros, a través de lograr que nuestro árbol tenga raíces muy profundas en la tierra de los valores”, expresó. Entre esos valores, destacó “el respeto a la vida, el respeto al otro” y la necesidad de eliminar la violencia y recuperar el diálogo.
Finalmente, vinculó parte del problema con las dificultades educativas y de expresión. Mencionó los resultados de las pruebas Aprender y sostuvo que hay estudiantes que no leen, no saben sumar, tienen dificultades para interpretar y cuentan con un vocabulario cada vez más limitado.
“Cuando el vocabulario es limitado y yo quiero exponer ante el otro mis razones y no tengo la manera de exponer, inmediatamente surge una situación de nervios porque no me puedo expresar”, explicó. Y concluyó: “Como no tengo manera de verbalizar mis opiniones, recurro a la violencia... Es un elemento que no se está considerando, pero está ocurriendo”.
Tras las amenazas a una alumna del Santa Catalina, el SPEPM supervisará las medidas adoptadas por el colegio
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