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El avance de amenazas en instituciones educativas en la provincia encendió las alarmas de las autoridades. En las últimas horas, la Justicia penal tomó intervención directa tras un episodio registrado en la Universidad Cuenca del Plata, en Posadas, marcando un cambio en el encuadre legal de estos hechos que hasta ahora se tramitaban en el fuero correccional.
El comisario general Sandro Martínez, jefe de la Policía de Misiones, explicó en diálogo con Arriba La Radio —programa emitido por Radio Up— que la situación escaló en complejidad: “Ayer a la tarde tuvimos otra intervención en la Universidad Cuenca del Plata. Estamos trabajando ya con la Justicia de instrucción penal ordinaria y se están haciendo las primeras diligencias”.
Según detalló, ya son más de 120 intervenciones policiales en toda la provincia vinculadas a este tipo de amenazas, muchas de ellas originadas en retos virales difundidos en redes sociales. En ese contexto, la labor de la Dirección de Cibercrimen resulta clave para identificar a los responsables.
“Estamos trabajando en análisis de redes, patrullaje virtual y ya detectamos a varios menores, en total 12, a quienes se les notificó de las causas en curso”, precisó Martínez. Además, indicó que durante los procedimientos se realizaron allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos, fundamentales para avanzar en las investigaciones.
La intervención de la Justicia en el caso
El fenómeno, que comenzó principalmente en escuelas secundarias, dio un giro tras el caso registrado en la universidad, donde ya interviene un juzgado de instrucción penal. “Hasta ahora eran hechos bajo jurisdicción correccional, pero con este caso se dio intervención a la Justicia penal”, explicó el jefe policial.
Uno de los puntos más preocupantes es la edad de los involucrados. De acuerdo con Martínez, hay chicos de entre 11 y 15 años implicados en estas amenazas. “Son menores que no dimensionan la gravedad de lo que hacen. Lo toman como un chiste, pero es un delito”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que, aunque la nueva Ley Penal Juvenil aún no está en vigencia —recién comenzará a aplicarse en septiembre—, las causas avanzan igualmente con todas las diligencias judiciales correspondientes. “La causa se tramita, se realizan pericias, informes socioambientales y se eleva al juzgado. Después se determinará la imputabilidad según la edad”, sostuvo.
Martínez también puso el foco en el rol de las familias y el uso de la tecnología. “Esto tiene que llamar a la reflexión de toda la sociedad, especialmente de la familia. Los chicos están expuestos a contenidos en redes sociales que no dimensionan”, afirmó.
Respecto al origen del fenómeno, indicó que se trata de un reto viral internacional, replicado en la provincia con el objetivo de ganar visibilidad en plataformas digitales. “Muchos actúan solos, pero buscan generar más seguidores. No toman conciencia del impacto que puede generar en toda la comunidad educativa”, señaló.
Otro dato alarmante surgió de los procedimientos: en algunos casos se hallaron armas de fuego en domicilios. “Secuestramos armas, proyectiles y otros elementos. Esto agrava la situación y genera aún más preocupación”, indicó Martínez, quien pidió a la ciudadanía extremar cuidados en el resguardo de estos elementos.
En cuanto al impacto social, el jefe policial fue contundente: “No es una broma. Es una intimidación pública que genera temor en toda la comunidad educativa. Vamos a aplicar todo el peso de la ley, especialmente en los casos donde hay mayores involucrados”.
Mientras continúan las investigaciones, la Policía reforzó la presencia en escuelas y profundizó las tareas de prevención a través de la policía comunitaria. El objetivo es contener la situación y evitar nuevos episodios.
“Tenemos 121 expedientes en curso y esto recién empieza. Vamos a seguir avanzando para identificar a todos los responsables”, concluyó Martínez.
La Policía de Misiones confirmó más de 120 intervenciones por amenazas en escuelas y sumó un nuevo caso en la Universidad Cuenca del Plata. La investigación ya está en manos de la Justicia penal y avanza con el apoyo de cibercrimen.
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