//
En Misiones la seguridad escolar atraviesa un momento crítico con las amenazas que encendieron todas las alarmas en el Ministerio de Gobierno y la cúpula policial. En lo que va del ciclo lectivo, la Policía de Misiones ya concretó 120 intervenciones en establecimientos de nivel secundario, derivando en el secuestro de armas de fuego y municiones.
En diálogo con Radio Up, en el programa «Arriba La Radio», el Comisario General Sandro Martínez, jefe de la fuerza provincial, brindó detalles escalofriantes sobre los operativos. El jefe policial confirmó que, tras una serie de amenazas que circularon en redes sociales y entornos educativos, los allanamientos revelaron una realidad preocupante en el seno de las familias misioneras.
Hasta el momento, el grueso de las actuaciones involucró a menores de edad, lo que motivó la participación activa de la jueza Leiva, titular del juzgado Correccional y de Menores. Sin embargo, Martínez subrayó un cambio de carátula reciente tras las amenazas en la Universidad de la Cuenca del Plata, donde los implicados son mayores de edad, lo que habilita la intervención del juez Monte bajo la justicia penal de adultos.
Uno de los puntos más impactantes del informe policial se centró en la localidad de Puerto Rico. Allí, se detectó a dos menores en posesión de armas de fuego operativas. «Si se encuentran los responsables mayores, marche preso», sentenció el jefe policial, marcando una distinción clara entre la inimputabilidad de los niños y la responsabilidad penal de los adultos.
El Comisario General hizo especial hincapié en la procedencia del armamento. Durante los operativos, los efectivos se encontraron con revólveres y municiones dentro de las viviendas de los alumnos. Martínez señaló que muchos padres manifestaron su total sorpresa, alegando desconocer que sus hijos estaban involucrados en estas conductas de intimidación pública.
La situación en Puerto Rico llevó a que los menores implicados fueran trasladados transitoriamente al CEMOA, aunque posteriormente la justicia ordenó su restitución a los progenitores. Esta situación reavivó el debate sobre la falta de una legislación que obligue a los padres a responder de manera directa por las acciones de sus hijos menores de 13 años.
«Estamos en una cuestión donde se genera una intimidación comunitaria; esto ya no es una broma, no es joda», afirmó con contundencia Sandro Martínez en la entrevista radial.
El enfoque de la fuerza provincial no se limita solo a lo punitivo, sino que apunta a la responsabilidad familiar. Según explicaron desde la Jefatura, tener un arma en el hogar en un contexto de amenazas escolares es «tentar al diablo». La policía sostiene que, si bien el sistema preventivo funciona, la prevención primaria debe nacer obligatoriamente en el hogar.
Martínez insistió en que no se puede responsabilizar únicamente a la escuela o al sistema de seguridad cuando el peligro se gesta dentro de las casas. El hallazgo de balas en mochilas escolares es el síntoma de una problemática social profunda que trasciende el ámbito académico.
Finalmente, la Policía de Misiones ratificó que continuará con los protocolos de monitoreo en redes sociales para detectar amenazas de tiroteos o ataques masivos. La orden política y judicial es clara: tolerancia cero ante actos que perturben la tranquilidad de la comunidad educativa, instando a los padres a controlar qué guardan sus hijos y qué elementos circulan en sus domicilios.
Ver esta publicación en Instagram
