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El diputado provincial Ramón Amarilla presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción N.º 3 de Posadas para que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas con la administración de la Municipalidad de San Javier durante los ejercicios económicos 2021, 2022 y 2023, período en el que Matías Gustavo Vílchez se desempeñó como intendente.
La presentación fue realizada durante la mañana y quedó registrada en la sede judicial de Santa Fe 1630, a las 9:37. Amarilla explicó en una entrevista con Radio Up que tomó conocimiento de las desaprobaciones de las rendiciones a través de medios de comunicación y decidió acudir al Ministerio Público Fiscal tanto en su carácter de ciudadano como de funcionario público.
La denuncia solicita que se investigue si los hechos descriptos podrían constituir delitos contra la Administración Pública y el patrimonio municipal. El escrito aclara expresamente que la desaprobación administrativa de una rendición no implica por sí misma la existencia de un delito penal, por lo que la eventual responsabilidad deberá establecerse a partir de la investigación y de las pruebas que se incorporen al expediente.
Las tres rendiciones desaprobadas por el Tribunal de Cuentas
El planteo de Amarilla tiene como antecedente las sentencias N.º 388/2023, 907/2023 y 895/2024 del Tribunal de Cuentas de Misiones, correspondientes respectivamente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, las tres rendiciones fueron desaprobadas y se determinaron cargos patrimoniales y multas respecto de funcionarios municipales. Los montos consignados en el escrito ascienden aproximadamente a $7,8 millones para 2021, $33,3 millones para 2022 y más de $26,8 millones para 2023, calculados a los valores establecidos o actualizados en las respectivas sentencias.
El propio escrito presentado por Amarilla realiza una precisión jurídica sobre estos montos: no constituyen por sí mismos una cuantificación del eventual perjuicio penal, cuestión que debería determinarse mediante una investigación.
La existencia de las tres desaprobaciones también fue recogida públicamente por el propio Tribunal de Cuentas y por medios provinciales.
Qué pide investigar Ramón Amarilla
En la presentación, el diputado solicita que la Fiscalía requiera al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones los expedientes administrativos completos correspondientes a los tres ejercicios.
Entre otros elementos, pide acceder a la documentación vinculada con ingresos y egresos municipales, movimientos bancarios, fondos provenientes de jurisdicciones nacional y provincial, órdenes de pago, cheques emitidos y cobrados, beneficiarios, pagos efectuados, documentación de proveedores y contratos de prestación de servicios.
También solicita documentación relacionada con obras públicas y con las retenciones judiciales realizadas sobre haberes de trabajadores municipales.
Uno de los objetivos centrales de la medida es establecer la correspondencia entre la registración contable de la Municipalidad de San Javier y los movimientos efectivamente realizados en sus cuentas bancarias.
Pagos, cheques y documentación respaldatoria bajo análisis
En relación con el ejercicio 2021, la denuncia menciona observaciones vinculadas con erogaciones sin factura o recibo respaldatorio y cheques municipales que habrían sido cobrados por terceras personas.
Amarilla pide que la investigación determine quién ordenó cada pago, quién autorizó la emisión de los cheques, quiénes fueron sus beneficiarios, quién cobró efectivamente los valores, cuál fue el concepto de cada operación y si los bienes o servicios correspondientes fueron efectivamente recibidos por el municipio.
También solicita establecer el destino final de los fondos y la intervención que tuvo cada funcionario en las operaciones cuestionadas.
En particular, el escrito menciona la situación relacionada con sumas retenidas de los haberes del agente municipal Mario Javier Cybek que, según los antecedentes citados en la denuncia, habrían sido descontadas sin que posteriormente se acreditara su depósito en la cuenta judicial correspondiente. La presentación sostiene que el Tribunal de Cuentas habría advertido posibles implicancias penales respecto de este episodio.
El ejercicio 2022 y los más de $33 millones en cargos
Respecto de 2022, la denuncia hace referencia a la Sentencia N.º 907/2023, que habría determinado un cargo solidario superior a los $33 millones e involucrado, según la documentación mencionada, al entonces intendente Matías Gustavo Vílchez, a la secretaria-tesorera Luisina Ayala y al contador Alejandro Villafañe.
Entre las situaciones que Amarilla solicita investigar aparecen pagos a proveedores sin documentación respaldatoria suficiente, operaciones en las que no se habría acreditado mediante facturas, recibos u otros documentos la prestación de servicios o entrega de bienes, además de cheques y desembolsos cuya documentación, según la denuncia, no permitiría determinar adecuadamente su causa y destino.
El escrito menciona entre los proveedores y personas vinculados a esas observaciones a Misiosof Soluciones, Marcos Noremberg y Agustina Caballero, aunque remarca que cada operación deberá ser analizada durante la investigación.
El ejercicio 2023 también quedó bajo la lupa
Para el ejercicio 2023, la denuncia toma como antecedente la Sentencia N.º 895/2024, mediante la cual se habría desaprobado nuevamente la rendición municipal y determinado cargos superiores a $26,8 millones.
Amarilla señala que entre las observaciones informadas aparecen pagos que no contarían con suficiente acreditación bancaria o documental, incluidos desembolsos vinculados con transportistas y empresas constructoras.
Por eso solicita que la documentación contable y bancaria permita reconstruir cada operación y establecer si se trató de deficiencias administrativas o si existieron conductas que pudieran tener relevancia penal.
Una pericia contable para reconstruir el destino de los fondos
Uno de los principales pedidos formulados por Amarilla es la realización de una pericia contable una vez incorporada toda la documentación.
El objetivo sería analizar los ingresos y egresos de la Municipalidad de San Javier, sus movimientos bancarios, los fondos recibidos de otras jurisdicciones, los pagos realizados, sus beneficiarios, los cheques emitidos y cobrados y la correspondencia entre los registros contables y las operaciones bancarias.
También pretende determinar el destino de los fondos observados por el Tribunal de Cuentas, la eventual existencia de pagos sin respaldo, diferencias entre fondos ingresados y fondos aplicados y un eventual perjuicio patrimonial.
El diputado pidió además que se adopten medidas para preservar la documentación contable, bancaria, contractual y administrativa relacionada con los hechos, debido al tiempo transcurrido desde los ejercicios analizados.
Amarilla pidió saber si el Tribunal de Cuentas ya remitió antecedentes a la Fiscalía
Otro de los puntos planteados en la denuncia está relacionado con el artículo 68 de la Ley I N.º 3, Orgánica del Tribunal de Cuentas de Misiones.
Según esa norma, cuando durante un juicio de responsabilidad se presume la comisión de un delito de acción pública, el Tribunal debe remitir copia autenticada de las actuaciones al fiscal penal en turno para su consideración.
Por ese motivo, Amarilla pidió que se informe si en los expedientes correspondientes a 2021, 2022 y 2023 hubo alguna remisión de antecedentes al Ministerio Público Fiscal, cuándo se realizó, ante qué Fiscalía y si existe un expediente penal relacionado.
“La Fiscalía tiene la obligación de investigar”, sostuvo Amarilla
Durante la entrevista con Radio Up, el diputado explicó que la denuncia constituye un primer paso y que será la Justicia la que deberá determinar si corresponde avanzar con la investigación.
“Yo he puesto esto de manifiesto por ante la Justicia y ellos tienen la obligación de investigar”, sostuvo.
Amarilla también reconoció que la presentación puede ser interpretada políticamente por tratarse de un funcionario que ocupó la intendencia y que actualmente integra el esquema del Gobierno provincial, pero insistió en que su objetivo es que se esclarezcan las observaciones realizadas sobre las cuentas municipales.
“Si uno es transparente no lo tiene que tomar a mal”, afirmó durante la entrevista, al remarcar que considera que la sociedad reclama transparencia en el funcionamiento de los organismos estatales.
La denuncia se inscribe además en el debate por el presupuesto provincial
Durante la entrevista, Amarilla vinculó su decisión con sus cuestionamientos al tratamiento del presupuesto provincial y con su posición respecto de los pedidos de información realizados desde la Cámara de Representantes.
El legislador sostuvo que su negativa a acompañar el presupuesto no responde, según explicó, únicamente a una posición opositora, sino a la necesidad de contar con mayores precisiones sobre las cuentas públicas.
En ese contexto, cuestionó que desde sectores del oficialismo se interpreten determinados pedidos de informes como una confrontación política y sostuvo que los funcionarios tienen la responsabilidad de garantizar el control sobre los recursos públicos.
También hizo referencia a un déficit del 14% mencionado durante el tratamiento presupuestario y planteó su preocupación por el escenario que podría quedar para una futura administración provincial si las cuentas no se mantienen bajo control.
Qué deberá determinar ahora la Justicia
La denuncia presentada por Amarilla no determina responsabilidades penales. El escrito solicita que se investiguen hechos que, según sostiene el diputado, podrían tener relevancia penal y pide incorporar documentación para establecer qué ocurrió en cada una de las operaciones observadas.
La Fiscalía deberá analizar la presentación y determinar los pasos procesales correspondientes. Entre las medidas solicitadas se encuentran la incorporación de los expedientes del Tribunal de Cuentas, documentación de la Municipalidad de San Javier, registros bancarios y contables, y una eventual pericia sobre los movimientos financieros.
En paralelo, Vílchez sostuvo públicamente que los cuestionamientos difundidos sobre su gestión corresponden a un proceso administrativo y calificó las críticas como una maniobra política. Según sus declaraciones, se trataría de reparos propios de la dinámica administrativa y afirmó que la rendición de cuentas de su gestión estaba aprobada.
La investigación judicial, en caso de avanzar, deberá establecer con documentación y prueba concreta si las irregularidades señaladas tuvieron carácter exclusivamente administrativo o si existieron conductas que pudieran configurar delitos, además de determinar las responsabilidades individuales que eventualmente correspondan.
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