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En medio de un contexto económico nacional cada vez más complejo, el acceso a la vivienda para estudiantes universitarios en la capital misionera se vuelve cada día más inalcanzable. Un relevamiento realizado por el colectivo Jóvenes por los Alquileres, que ya relevó un cuarto de las 400 encuestas previstas, revela un panorama alarmante para quienes buscan estudiar y vivir en Posadas.
De los encuestados hasta el momento, el 71% proviene del interior de la provincia, lo que implica que deben mudarse para poder acceder a la educación superior. Sin embargo, los altos costos del alquiler y los bajos ingresos están haciendo cada vez más difícil sostener la continuidad académica.
“Hay chicos que están a un aumento más de tener que dejar la carrera”, advierte uno de los voceros del relevamiento. Y agrega: “Un estudiante que abandona no es solo una pérdida personal, es una condena social para todos. El país pierde potencial humano”.
Aunque el estudio no es estadísticamente representativo, ofrece una primera radiografía de lo que viven día a día los jóvenes que alquilan para estudiar en Posadas:
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58% alquila con contrato legal, pero un 38% lo hace de palabra, lo que deja a muchos sin ningún tipo de protección legal.
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44% de los estudiantes trabajan, y de ellos el 48% tuvo que buscar un segundo trabajo solo para poder pagar el alquiler.
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El 31% gana menos de $300.000, y un 47% entre $300.000 y $600.000. En total, el 78% gana menos de $600.000 mensuales.
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Los alquileres oscilan entre $200.000 y $350.000, sin incluir expensas ni servicios.
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57% paga expensas, y el 43% de ellos paga entre $50.000 y $100.000.
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83% tiene otros servicios aparte, como luz, gas e internet. El 40% de ellos paga entre $50.000 y $100.000.
Frente a estos números, el margen para otras necesidades básicas como comida, transporte o materiales de estudio es prácticamente nulo.
Una de las preguntas clave de la encuesta fue si los estudiantes consideran que el costo del alquiler pone en riesgo su continuidad en la carrera. Las respuestas fueron contundentes: la gran mayoría aseguró que, si siguen aumentando los precios, deberán regresar a sus ciudades de origen o abandonar los estudios.
En este contexto, desde el colectivo aseguran que “la vivienda es una pata fundamental del derecho a la educación. No se puede estudiar si no tenés dónde vivir, y eso el Estado debe garantizarlo”.
Hasta hace dos años, la Ley de Alquileres ofrecía un marco mínimo, aunque imperfecto. Hoy, con la desregulación casi total del mercado, los contratos y precios quedan a merced de la oferta privada.
Desde Jóvenes por los Alquileres proponen avanzar en políticas públicas de alquiler social, vivienda pública, incentivos para alquileres estudiantiles y, sobre todo, una regulación mínima del mercado.
Además, plantean la necesidad de generar espacios de diálogo plural entre estudiantes, propietarios, inmobiliarias y Estado para acordar soluciones concretas.
El acceso a la educación superior no puede depender del poder adquisitivo ni del lugar de nacimiento. Si el Estado no interviene, la desigualdad se profundiza y se pierden miles de trayectorias académicas valiosas. La vivienda digna para estudiantes no puede seguir siendo un privilegio: debe ser un derecho.
