En un fallo inédito, la Cámara Federal correntina resolvió que el Estado Nacional debe compensar a un grupo de 100 afectados por la baja del programa Potenciar Trabajo. La sentencia, que representa un fuerte revés para la gestión de Javier Milei, establece que el gobierno debe abonar los pagos correspondientes a los meses en que estas personas fueron suspendidas de forma irregular, junto con los intereses acumulados. Si bien el dictamen alcanza solo a un grupo de 100 personas, se estima que en Corrientes el programa tuvo cerca de 500 damnificados.
En diálogo con “El País de la Libertad”, el abogado Juan Manuel Cubilla, representante legal de las familias afectadas, enfatizó la importancia de esta resolución judicial: “El fallo condice exactamente con la situación que vivieron más de 18.000 familias a nivel nacional”, sostuvo el abogado, señalando la magnitud de los casos de personas que fueron excluidas del programa sin haber infringido ninguna norma. Según Cubilla, el proceso de suspensión de estos beneficiarios no solo estuvo basado en información falsa, sino que, además, los dejó sin posibilidad de defensa.
En tanto, el abogado detalló que la problemática comenzó en los primeros días de enero, cuando “500 familias correntinas fueron inmediatamente, los primeros 10 de enero, suspendidos en el Potenciar Trabajo sin posibilidad de poder ejercer su derecho de defensa”. Esto, indicó, ocurrió sin que los afectados pudieran acreditar su situación ni presentar pruebas de que, efectivamente, no habían cometido irregularidades.
El fallo, además, destaca el impacto devastador que estas medidas tuvieron en las vidas de los beneficiarios, muchos de los cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. “Estas son personas que trabajan en el ámbito privado y que necesitan de esta ayuda para llegar a fin de mes, gente como albañiles, profesores que dan clase particular en el barrio”, explicó Cubilla, subrayando que los beneficiarios no eran “planeros y corruptos”, como fueron estigmatizados en la opinión pública tras la publicación de sus nombres.
La situación empeoró cuando datos personales de los afectados fueron divulgados públicamente, lo que provocó un daño significativo a su imagen. “Fue gravísimo para ellos que sus datos personales sean publicados en internet y en el Boletín Oficial de la República, así como en los medios masivos de comunicación”, afirmó Cubilla. Los beneficiarios, incluso, enfrentaron señalamientos en medios nacionales como Clarín y La Nación, donde se los asoció a un supuesto fraude al Estado Nacional. “Esto profundizó un daño enorme, una estigmatización enorme de quienes fueron tratados de planeros y corruptos”, añadió.
El fallo de la Cámara Federal, que llevó las firmas de los jueces Sotelo, Spessot y González, también representa un mensaje de reivindicación para aquellos ciudadanos que se animaron a judicializar su caso. En primera instancia, el juez Juan Carlos Vallejos había fallado en contra de los damnificados, una sentencia que Cubilla calificó como “vergonzosa”.
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Según el abogado, la Cámara “puso en su lugar la dignidad humana” al ordenar no solo la reincorporación al programa de Potenciar Trabajo sino también el pago de los meses caídos y los costos judiciales. “La verdad, el fallo de Vallejos fue tan vergonzoso como tan extraordinario el fallo de la cámara, que de forma clara y contundente pone en su lugar la dignidad y los derechos humanos de esta gente que sufrió semejante barbaridad”.
Pese a este avance, el fallo no alcanzó a todos los damnificados. Si bien Cubilla buscó incorporar a la mayor cantidad de personas posible en la demanda colectiva, la falta de acción por parte de algunas organizaciones sociales impidió que todos los afectados pudieran beneficiarse. “Lastimosamente, la decisión de las organizaciones sociales a nivel nacional, que eran las grandes coordinadoras de estos programas, fue no hacer juicio y hacer un reclamo administrativo. Les aconsejaron a los jueces fiscales que no judicializaran por miedo a la represalia”, lamentó el abogado.
Por otra parte, Cubilla adelantó que, tras esta victoria judicial, emprenderán una nueva etapa para avanzar en una demanda por daños y perjuicios. “Este es un fallo bisagra porque declara y constata que el Estado Nacional utilizó información falsa para tomar esta medida”, explicó. La publicación de datos personales y la estigmatización sufrida habilitan “una futura acción de daños y perjuicios” que buscará obtener una compensación para los 500 correntinos afectados, no solo del Estado sino también de los funcionarios públicos involucrados.
Este fallo podría marcar un precedente importante en la lucha por los derechos de los beneficiarios de programas sociales y enviar un mensaje claro de que las decisiones del Estado no pueden basarse en información falsa o sesgada. “Es importante valorar la lucha judicial y perderle el miedo a ir a la justicia, a reclamar los derechos”, completó Cubilla.
