El próximo 7 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación se reunirá en una sesión especial para tratar, entre otros temas, la modificación de la Ley 26.879, la cual creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Esta ley, vigente desde 2013, actualmente incluye únicamente material genético relacionado con fluidos humanos de ofensores sexuales, excluyendo el ADN obtenido por contacto físico.
En este sentido, Marcos Ariel Zayas, secretario del Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual de Misiones, dialogó con Radio Up 95.5 durante el ciclo “El País de la Libertad”, donde brindó detalles sobre la importancia y el funcionamiento de estos registros.
Zayas, quien también es responsable del Banco Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, explicó: “Básicamente, lo que busca es que toda persona hoy condenada por un delito contra la integridad sexual sea cargada en este registro para que se le tome una huella genética y se lo cargue en un banco genético para posteriores búsquedas”.
Según explicó, este registro es esencial para acelerar la resolución de futuros casos de abuso, ya que permite identificar rápidamente a los ofensores a través del ADN encontrado en las escenas del crimen.
En Misiones, el proceso de incorporación de información al registro y al banco genético es riguroso. “Toda persona que sea condenada debe ser cargada y oficial de cargada en el Registro Provincial de condenados”, indicó Zayas.
Cabe señalar que actualmente, los juzgados penales y los jueces correccionales de la provincia son responsables de enviar esta información una vez que emiten una condena.
Por otro lado, Zayas destacó que la utilidad de estos registros “no se limita solo a la investigación judicial. También pueden ser consultados por instituciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades”.
“Cualquier institución pública o privada que vaya a contratar a una persona para la atención de estos grupos puede solicitar un informe al registro para ver si está cargada dentro del mismo”, comentó Zayas.
En tanto, apunto que “esto se realiza mediante una solicitud de informe disponible en la página del Poder Judicial, y permite que dichas instituciones puedan abstenerse de contratar a individuos que hayan sido condenados por delitos sexuales”.
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El registro de Misiones cuenta actualmente con aproximadamente 800 personas cargadas, de las cuales el 90% son varones. La permanencia en el registro no es indefinida; una vez cumplida la condena, los ofensores permanecen en el registro por un término adicional de 10 años.
“Cualquier condena, llámese cinco años, llámese 10 años, una vez vencida ese tiempo quedan 10 años más”, explicó Zayas, enfatizando que el sistema elimina automáticamente los datos, una vez cumplido este plazo.
La colaboración entre provincias y con el Registro Nacional es fundamental para mantener actualizadas y completas las bases de datos. “Nosotros, como provincia, tenemos convenios celebrados tanto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que nos brindó el software del ADN, como también con el Ministerio de Justicia”, dijo Zayas.
Finalmente, Zayas aclaró que, aunque las instituciones pueden solicitar informes, la ley establece límites claros sobre quiénes pueden acceder a esta información.
“La ley establece en los casos en los cuales haya menores de niños”, indicó, refiriéndose a la protección de estos grupos vulnerables como el objetivo principal del registro. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de futuras modificaciones que amplíen el acceso a otras entidades.
