Son 183 los beneficiarios de la ayuda social destinada a personas en situación de vulnerabilidad social, que en Misiones, cobraban de manera irregular o ilegal, por lo cual se les suspendió el pago. Entre los que figuran en el listado dado a conocer por el Ministerio de Capital Humano, aparecen personas con fuertes nexos con el poder político renovador de Misiones.
Este martes, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, publicó la lista completa de los 4.588 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no deberían percibir esta ayuda social por incumplir con algunos de los requisitos que marca la ley y que fueron dados de baja. De estos, 183 son misioneros, los cuales percibieron el subsidio de $78 mil mensuales, hasta diciembre y fueron suspendidos por “incompatibilidades”.
Se trata de personas que no cumplían con los requisitos previstos para el cobro de la asistencia social pensada para personas en estado de vulnerabilidad. Para cobrar el plan social, no deben tener empleo formal o realizar prestaciones al Estado, o ser titulares de inmuebles, vehículos o comercios.
En el caso de Misiones, entre los 183 “beneficiarios” del plan social, que, en paralelo, son empleados públicos o prestadores de servicios remunerados para el Estado misionero, aparecen allegados a funcionarios, excandidatos a intendentes, jóvenes de menos de 20 años de edad, asistentes de ONGs ligadas a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y muy posiblemente, personas con vínculos con la cúpula del Frente Renovador de la Concordia Social, el espacio político que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.
Radio Up 95.5 comenzó con el análisis del listado y confeccionó una lista con todos los involucrados misioneros en la causa iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan por presunta defraudación contra el Estado nacional. En el marco de esta causa federal, se hizo un entrecruzamiento de información de la base de datos del programa Potenciar Trabajo y la nómina de empleados estatales que remitió el Ministerio de Coordinación de Gabinete, a pedido de la UFISES (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social)
anexo_7043270_1Por el momento no hay un pedido de Acceso a la Información Pública presentado en Misiones, para que el Estado provincial informe sobre los cargos, puestos laborales, funciones y lugares de trabajo de estas 183 personas que cobraban de manera ilegal, el plan social cuya finalidad “es promover la inclusión social plena para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”, y que está destinado a “personas entre 18 y 65 años en situación de vulnerabilidad y/o que desempeñan alguna actividad de la economía popular”.
Algunos de los casos de empleados estatales misioneros cobrando el Potenciar Trabajo, son particularmente llamativos y demostrarían que estos planes sociales se utilizaron como pago de favores políticos, entre otras maniobras turbias, o cuando menos, poco claras.
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Un breve análisis de los nombres de las personas que están imputadas en la causa iniciada por la UFISES que preside el fiscal Marijuan, muestra a militantes de la Renovación, que activamente promueven sus actividades en las redes y se sacan fotos con referentes del oficialismo provincial: entre muchos otros, el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, el senador Carlos Arce, el exintendente de Posadas, Joaquín Losada, el diputado provincial Martín Cesino.
Por ejemplo Juan Marcelo Llanos, un hombre que según su actividad en las redes sociales, trabajaría en el Ministerio de Desarrollo Social y que estuvo militando en el espacio de Joaquín Losada, antes y durante su gestión como alcalde de Posadas. Joaquín fue ministro de Desarrollo Social de la provincia desde 2011 –cuando perdió la elección a intendente frente al rovirisa Orlando Franco por escasos votos– a 2015, cuando resultó electo alcalde.
Otro de los militantes renovadores que aparecen como empleados públicos y –en paralelo– beneficiario del Potenciar Trabajo, es Leandro Patricio Franco, un militante del sector del actual ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien además está vinculado a la ONG que preside la funcionaria de la cartera, Edith Kinyerski.
Este técnico superior en gastronomía aparece en fotos con el ministro Marcelo Pérez, el diputado Martín Cesino y el exconcejal Miguel Acuña, entre otros. También promociona actividades de la citada ONG Lecasefe (Levántate, Camina, Se Feliz) que preside Kinyerski, una funcionaria de Desarrollo Social que recibe anualmente millonarios subsidios provinciales desde hace más de una década.
Otra de las identificadas como infractoras a la normativa del Potenciar Trabajo es Sandra Bonifacio, una militante de la Renovación que estaría vinculada a la Secretaría de Agricultura Familiar y al Ministerio del Agro. También aparece en fotos con el exalcalde Losada y con el exministro del agro Sebastián Oriozabala. Su actividad, de acuerdo a lo que muestra en sus redes sociales, estaría ligada a las ferias francas.
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Estos tres casos son apenas una porción minúscula de los 183 que fueron detectados en Misiones y que está investigando la justicia federal. Vale destacar que el Gobierno renovador misionero, que remitió el listado con la planta laboral del Estado provincial a la UFISES para que se concrete el entrecruzamiento de datos y se detecten las incompatibilidades, a la fecha, no ha informado públicamente sobre los cargos, funciones y lugares de trabajo de los involucrados en la corrupción con los Potenciar Trabajo.
Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información Pública garantiza a la ciudadanía el derecho a ser informada sobre los pormenores de este caso. Según un abogado consultado por este medio, los datos sobre las funciones y áreas de desempeño de estas personas que cobraban planes sociales siendo empleados formales, se puede solicitar ante la Secretaria de Acceso a la Información Pública (SAIP), y “no hace falta ni explicar para qué se requiere esa información, que es pública”.
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