La suspensión por tiempo indeterminado del uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios en Misiones generó cuestionamientos de distintas organizaciones empresariales y productivas de la provincia. La Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) y la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) manifestaron su preocupación por el alcance de la medida y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para la actividad económica.
La restricción fue establecida mediante la Disposición N.º 104/2026 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. La normativa suspende preventivamente y en todo el territorio provincial la utilización de vehículos aéreos no tripulados (VANT), conocidos como drones, para este tipo de aplicaciones.
Entre sus fundamentos, la disposición señala que la Ley XVI N.º 144 establece el marco regulatorio para la utilización y el control de productos fitosanitarios y domisanitarios, con el objetivo de proteger la salud humana y los ecosistemas. También recuerda que el artículo 44 de esa legislación prohíbe la aplicación aérea de estos productos en la provincia.
Sin embargo, el Decreto N.º 2556/2022, que reglamenta la ley, establece una distinción entre las aeronaves tripuladas y los dispositivos no tripulados. En su artículo 60 habilita el uso de drones bajo determinadas condiciones de forma, altura y funcionamiento que no afecten la sustentabilidad de los recursos naturales ni alteren negativamente el ambiente.
Precisamente, la Subsecretaría argumentó que todavía trabaja en la determinación de esos parámetros técnicos. Por ese motivo, resolvió suspender preventivamente su utilización hasta contar con la reglamentación correspondiente.
La disposición también instruye a la Dirección de Recursos Vitales a elaborar esa reglamentación con carácter de preferente y pronto despacho.
La CEM pidió previsibilidad y diálogo con el sector productivo
A través de un comunicado, la Confederación Económica de Misiones expresó su preocupación por el impacto que podría tener la decisión y consideró que introduce restricciones que generan incertidumbre en el ámbito productivo.
“Misiones necesita previsibilidad para invertir e innovar y libertad para producir”, sostuvo la entidad, que advirtió que la suspensión podría afectar las inversiones, la prestación de servicios, la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de empleo.
La CEM reclamó que las decisiones que afectan a las actividades agropecuarias, forestales y comerciales se fundamenten en evidencia científica, diálogo multisectorial y criterios técnicos. En ese sentido, propuso abrir un ámbito de trabajo conjunto entre las autoridades provinciales y los sectores involucrados para revisar los alcances de la disposición y avanzar hacia un marco regulatorio equilibrado.
La organización también defendió la incorporación de drones como una herramienta para mejorar la eficiencia y la competitividad de las actividades productivas. Según planteó, estos dispositivos permiten realizar aplicaciones más precisas, optimizar el uso de insumos y agua y reducir la exposición directa de los trabajadores a los productos utilizados.
No obstante, aclaró que respalda la necesidad de controles sanitarios y ambientales. “Entendemos que absolutamente todos los drones para fumigaciones en el agro deben contar con los controles pertinentes que garanticen la utilización de productos o insumos que estén permitidos en Argentina tanto legal como sanitariamente”, expresó.
AMAYADAP advirtió sobre las consecuencias para el sector forestal

La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná también manifestó su preocupación por la suspensión y señaló que este tipo de decisiones puede desalentar la inversión privada, la innovación tecnológica y la creación de empleo.
Desde la entidad, con sede en Eldorado, remarcaron que el sector forestal y forestoindustrial necesita condiciones regulatorias previsibles para sostener su competitividad y avanzar en procesos de modernización.
“Nuestra provincia necesita previsibilidad, reglas claras y confianza para producir”, sostuvo AMAYADAP en su comunicado del 17 de noviembre.
La organización consideró que el Estado debe garantizar la protección de la salud pública y el ambiente mediante regulaciones y controles adecuados, pero también acompañar a quienes invierten y generan puestos de trabajo.
En esa línea, propuso establecer una instancia de diálogo con las autoridades provinciales y los sectores involucrados para revisar el alcance de la disposición y construir un marco normativo que permita fiscalizar las aplicaciones sin frenar la incorporación de nuevas tecnologías.
El comunicado lleva las firmas del presidente de AMAYADAP, el ingeniero Enrique Bongers, y del secretario, el ingeniero Cristian Gruber.
La CACIM pidió dejar sin efecto la suspensión

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (CACIM) adoptó una postura más contundente y expresó su repudio a la Disposición 104/2026. La entidad solicitó que la medida sea dejada sin efecto de manera inmediata.
En su pronunciamiento, sostuvo que los drones de aplicación representan una herramienta especialmente útil para las características productivas de Misiones, donde predominan las chacras pequeñas, los terrenos con pendientes y las plantaciones de yerba mate, té y forestaciones, en las que muchas veces resulta difícil ingresar con tractores.
La cámara destacó que estos dispositivos permiten aplicar dosis más precisas, utilizar menos productos y agua y reducir el contacto directo de los trabajadores con los fitosanitarios.
“Prohibirlo no reduce el uso de fitosanitarios: lo devuelve a métodos más antiguos, menos controlables y con mayor exposición para las personas y el ambiente”, planteó.
La CACIM también cuestionó que se suspenda una tecnología por eventuales problemas en su utilización, en lugar de identificar y sancionar a quienes incumplan las buenas prácticas agrícolas.
“Un mal uso no se corrige prohibiendo la herramienta para todos, porque así se castiga por igual a quienes trabajan bien, cumplen las buenas prácticas agrícolas y se capacitaron e invirtieron para hacerlo”, expresó.
Otro de los puntos señalados por la entidad es que el propio marco normativo provincial ya contempla la posibilidad de utilizar drones. Según recordó, el Decreto 2556/2022 habilitó estos dispositivos y dejó pendiente la definición de los parámetros técnicos de funcionamiento por parte de la autoridad de aplicación.
En ese sentido, cuestionó que esa reglamentación lleve casi cuatro años sin completarse y consideró que la demora administrativa no debería trasladarse como un costo a los productores, prestadores de servicios y empresas que invirtieron en esta tecnología.
“La prohibición no es el camino; el camino es la regla clara y el control efectivo”, sostuvo la cámara.
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Un reclamo común por la regulación y la innovación
Aunque con diferentes enfoques, los tres pronunciamientos coinciden en la necesidad de revisar la suspensión y establecer condiciones que permitan utilizar drones bajo parámetros técnicos y controles ambientales y sanitarios.
Las entidades empresariales reconocen la importancia de proteger la salud pública y los recursos naturales, pero consideran que una prohibición generalizada puede afectar herramientas que contribuyen a mejorar la eficiencia de las actividades agropecuarias y forestales.
El debate se concentra ahora en la reglamentación pendiente del Decreto 2556/2022 y en la definición de las condiciones que permitirán utilizar estos dispositivos sin comprometer el ambiente.
Mientras tanto, la suspensión continúa vigente por tiempo indeterminado en toda la provincia y los sectores empresariales reclaman una instancia de diálogo que permita compatibilizar los controles estatales con la continuidad de las inversiones y la actividad productiva misionera.
Asistieron a familias de cuatro localidades misioneras tras las lluvias
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