Representantes de cinco organizaciones del sector yerbatero de Misiones presentaron ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) un informe técnico de 110 páginas para cuestionar el proyecto de reordenamiento normativo impulsado por el Gobierno nacional, que contempla la eliminación de 21 resoluciones vinculadas con el funcionamiento de la actividad.
La presentación se realizó durante la mañana de este martes en la sede del organismo, con el acompañamiento de Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones ante el Directorio del Instituto. El presidente de la entidad, Rodrigo Correa, no estuvo presente durante la entrega de la documentación.
El reclamo fue impulsado por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay (AYAU), Productores Yerbateros del Norte (PYN) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM).
Las entidades solicitaron que se suspenda el tratamiento de la iniciativa hasta que se conozcan los mecanismos que reemplazarán las herramientas de fiscalización que actualmente utiliza el INYM. Consideran que los cambios propuestos exceden una simplificación administrativa y podrían reducir la capacidad del organismo para controlar las operaciones de la cadena productiva, con consecuencias para los pequeños y medianos agricultores.
El comprobante de entrega de hoja verde, uno de los puntos en discusión

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la posible eliminación del comprobante de recepción de hoja verde, establecido mediante la Resolución 9/2017. Ese instrumento permite acreditar los kilogramos de materia prima que cada productor entrega efectivamente a los secaderos.
La propuesta oficial plantea utilizar como herramienta principal el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), administrado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Sin embargo, las organizaciones advierten que este sistema permite registrar el traslado de la mercadería, pero no necesariamente certificar la cantidad que reconoce el establecimiento receptor.
Otro aspecto que genera preocupación es la posible transferencia de determinadas funciones de control al SENASA. En ese sentido, los productores reclaman precisiones sobre los recursos técnicos, la infraestructura y el personal que estarán disponibles para garantizar las inspecciones que actualmente realiza el INYM en las chacras y los establecimientos industriales.
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También cuestionan cambios en los registros y las condiciones de cosecha
El informe presentado incluye observaciones sobre la posible eliminación del Registro de Yerbales, que reúne información sobre la ubicación de las plantaciones, la superficie cultivada y sus características productivas.
Según las organizaciones, reemplazar esos relevamientos por información declarada ante otros organismos podría afectar la disponibilidad de estadísticas propias del Instituto y las proyecciones sobre la cantidad de materia prima que tendrá el sector en el futuro.
Las objeciones también alcanzan las condiciones laborales de los tareferos. Particularmente, cuestionan la eventual derogación de las disposiciones que establecen un límite de 80 kilogramos para los raídos, salvo cuando se utilizan mecanismos específicos que facilitan su acarreo y carga.
A estos puntos se suman interrogantes sobre la continuidad del Registro de Cosecha Mecanizada, los procedimientos para la toma de muestras, las verificaciones de calidad y las sanciones ante incumplimientos.
Las entidades también plantearon la necesidad de preservar los mecanismos de protección de identidad de quienes denuncian irregularidades comerciales y de garantizar la continuidad de los controles vinculados con el Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
En ese marco, solicitaron conocer los detalles del convenio de intercambio de información entre el INYM y el SENASA, así como los protocolos técnicos que permitirían sostener las tareas de fiscalización.
La presentación se produjo en un escenario de creciente preocupación entre los productores por la situación económica de la actividad. Con el documento, las cinco organizaciones buscan abrir una instancia de revisión de los cambios propuestos y evitar que se avance con la eliminación de las resoluciones sin conocer previamente qué herramientas quedarán disponibles para controlar la cadena yerbatera.
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