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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión en el caso vinculado con la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La resolución llegará después de que la delegación argentina presentara sus últimos alegatos y solicitara formalmente la suspensión del proyecto extractivista Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido.
El anuncio fue realizado por Maurice Kamga, presidente del organismo internacional, al término de la última audiencia celebrada en Hamburgo, Alemania. De esta manera, los jueces tendrán poco más de dos semanas para analizar los argumentos presentados por las partes y resolver sobre el pedido de medidas provisionales formulado por la Argentina.
Entre las alternativas que deberá evaluar el Tribunal aparece la posibilidad de paralizar el proyecto Sea Lion hasta que se resuelva la controversia de fondo entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.
Durante la audiencia de este miércoles, la delegación argentina cerró la etapa de alegatos con fuertes cuestionamientos a la posición británica y reclamó que se ordene la suspensión inmediata de las actividades de explotación petrolera.
Los representantes nacionales centraron su presentación en tres argumentos principales: la competencia prima facie del Tribunal, el riesgo de que se produzca un perjuicio irreparable y la necesidad de adoptar una decisión provisional con carácter urgente.
La advertencia que atravesó buena parte de la exposición argentina quedó sintetizada en una frase contundente: «Es ahora o nunca».
Uno de los principales expositores fue el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, integrante del equipo argentino encabezado por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, junto con el profesor Nico Schrijver.
Kohen cuestionó la posición del Reino Unido respecto de los derechos de explotación sobre las áreas marítimas que rodean a las Malvinas y sostuvo que la controversia por la soberanía impide considerar esos espacios como territorios bajo libre disposición británica.
En su exposición, realizada en francés, uno de los idiomas oficiales del Tribunal, remarcó que la disputa territorial no convierte a las áreas marítimas circundantes en «una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca».
El especialista también cuestionó que el Gobierno británico pretenda ejercer derechos sobre la plataforma continental sin considerar que la soberanía sobre las islas continúa siendo una cuestión pendiente de resolución internacional.
Además, aclaró que el Tribunal no necesita pronunciarse sobre la soberanía de las Malvinas para disponer medidas provisionales que permitan preservar los derechos de las partes mientras continúa el proceso.
En ese sentido, Kohen recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización.
El especialista señaló que ese llamado también se produjo cuando el Reino Unido comenzó a considerar la explotación de hidrocarburos en la zona. Según explicó, si la soberanía del archipiélago permanece en disputa, también deben considerarse controvertidos los derechos sobre los espacios marítimos vinculados con ese territorio.
Tras la presentación de Kohen, tomó la palabra Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, quien concentró sus argumentos en el riesgo de daño irreparable que podría provocar el avance del proyecto petrolero.
El profesor explicó que el 10 de diciembre de 2025 marcó un cambio sustancial en la situación de Sea Lion, debido a que la iniciativa dejó atrás la etapa exploratoria para avanzar hacia un programa concreto de explotación.
De acuerdo con los datos expuestos ante el Tribunal, el desarrollo contempla la perforación de hasta 26 pozos, la instalación de infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo.
Schrijver advirtió que el comienzo de las perforaciones podría generar consecuencias imposibles de revertir. Por ese motivo, sostuvo que la intervención del organismo internacional debe producirse antes de que las compañías concreten las primeras etapas de explotación.
En uno de los momentos más enfáticos de la audiencia, el representante argentino se dirigió directamente a los jueces y afirmó: «Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo».
Luego cerró su exposición con una frase en inglés que reforzó el planteo de urgencia: «If not now, it will be never», cuya traducción es «Si no es ahora, nunca».
El argumento central de la Argentina apunta a evitar que el desarrollo de Sea Lion genere un hecho consumado antes de que los mecanismos internacionales puedan resolver la controversia principal por la soberanía de las islas.
El proyecto es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la denominada Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla una explotación petrolera de largo plazo, con una primera etapa de 23 pozos de producción y nuevas fases de desarrollo.
Para la delegación argentina, el avance de estas actividades representa un riesgo tanto para los derechos sobre los recursos naturales como para la preservación del ambiente marino.
El reclamo también se apoya en el principio de que los recursos de la plataforma continental en disputa no pueden ser explotados unilateralmente mientras persista la controversia internacional.
Durante las audiencias, los representantes nacionales insistieron en que los habitantes de las islas no pueden disponer libremente de los recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece bajo disputa entre ambos países.
Otro de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con las posibles consecuencias ambientales de la explotación petrolera. La delegación argentina advirtió sobre los riesgos de eventuales derrames de hidrocarburos y sus efectos sobre las aguas bajo jurisdicción nacional.
En particular, señaló que el propio plan de contingencia de una de las compañías involucradas contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
Ese escenario podría obligar a la Argentina a coordinar tareas de respuesta ante una emergencia ambiental y afrontar las consecuencias de una actividad extractiva que no autorizó.
La preocupación del Gobierno nacional radica en que un eventual incidente no quedaría necesariamente limitado al área donde se desarrolla el proyecto, sino que podría extender sus efectos hacia otros espacios marítimos.
Con la presentación de los últimos alegatos, la Argentina dio por concluida su intervención ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y dejó en manos de los jueces la decisión sobre la adopción de medidas provisionales.
Ahora, la atención estará puesta en el 28 de noviembre, fecha en la que el organismo internacional comunicará si hace lugar al pedido argentino y dispone medidas para frenar el avance de Sea Lion mientras continúa la disputa de fondo.
La resolución podría convertirse en un antecedente relevante para la posición argentina sobre la soberanía de las Malvinas, los derechos sobre los recursos naturales y la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa.
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