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El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) continúa interviniendo en los hechos de violencia que involucraron a estudiantes del Instituto Superior Santa Catalina de Posadas. Este jueves, el organismo mantuvo una reunión con las autoridades del establecimiento para evaluar las medidas adoptadas, revisar los antecedentes y establecer nuevas acciones de seguimiento.
El encuentro se realizó a las 8 en la sede del SPEPM y contó con la participación de funcionarios de Control Pedagógico, el Departamento Jurídico y Supervisión, además del representante legal, el apoderado legal, el rector y el coordinador del Equipo de Apoyo y Orientación Escolar (EdAyO) del instituto.
El episodio que motivó la intervención ocurrió el viernes 6 de noviembre, cerca de las 19, en la vía pública, a una cuadra del establecimiento. Según la información presentada ante el organismo, estuvieron involucradas estudiantes de segundo año, división E, del turno tarde, y otras personas.
Aunque el hecho sucedió fuera de la institución, el SPEPM consideró que sus consecuencias afectan directamente la convivencia escolar y justifican la intervención de las autoridades educativas. En paralelo, existen actuaciones en el ámbito penal, cuya investigación está a cargo de la Justicia.
Como primera medida preventiva, el establecimiento dispuso una suspensión transitoria de la asistencia presencial de nueve estudiantes, sobre un curso integrado por 35 alumnas. La decisión fue acompañada por un programa de entrevistas individuales con sus respectivos padres o tutores.
Durante ese período, las estudiantes deben continuar con sus actividades pedagógicas a través del aula virtual. También se establecieron alternativas para facilitar el acceso de las familias a los materiales educativos.
En ese marco, el SPEPM remarcó que ninguna medida preventiva puede implicar la pérdida del derecho a la educación. Además, durante la reunión se analizó la posibilidad de implementar un regreso progresivo y escalonado a las clases presenciales a partir del lunes 16 de noviembre, sujeto a la evaluación de las condiciones de seguridad y convivencia.
Otro de los puntos abordados fue la intervención de organismos de protección. Según se informó durante el encuentro, representantes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes participaron de las actuaciones desarrolladas por el establecimiento.
Las autoridades educativas plantearon la necesidad de mantener la coordinación con los organismos de protección de derechos y, cuando corresponda, con la Justicia. El criterio expuesto es que todas las estudiantes involucradas puedan ser escuchadas, protegidas y acompañadas, sin anticipar responsabilidades ni profundizar el conflicto.
El seguimiento también contempla posibles antecedentes de hostigamiento entre estudiantes. Durante la reunión, el equipo de orientación presentó documentación sobre intervenciones anteriores, entre ellas un acta del 9 de septiembre de 2026, en la que constan actuaciones de mediación y acuerdos entre las partes.
De acuerdo con los registros exhibidos, no se habían documentado nuevos episodios vinculados con aquella intervención hasta el hecho ocurrido el 6 de noviembre. Sin embargo, el SPEPM solicitó profundizar el análisis y requirió informes escritos de docentes y preceptores del curso, además de un seguimiento más cercano de la convivencia y las trayectorias escolares.
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La institución, por su parte, se comprometió a presentar un informe ampliatorio y documentado sobre las actuaciones realizadas.
El abordaje también incluirá al resto del curso. El Equipo de Apoyo y Orientación Escolar tiene previstos talleres específicos para trabajar con las 35 estudiantes, con actividades orientadas a fortalecer el respeto, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y la responsabilidad individual y colectiva.
Las propuestas contarán con el acompañamiento de docentes, preceptores y autoridades institucionales.
Finalmente, el SPEPM confirmó que continuará supervisando las actuaciones del Instituto Superior Santa Catalina y recordó que las instituciones educativas deben intervenir ante situaciones de violencia, acoso u hostigamiento, de acuerdo con la legislación vigente y los protocolos correspondientes.
En su comunicado, el organismo sostuvo que la respuesta institucional no debe limitarse a las sanciones, sino que también debe contemplar la prevención, la protección de las estudiantes, el acompañamiento y la reparación del daño para restablecer la convivencia escolar.
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