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El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una extensión de 72 horas para ejercer su defensa en el juicio político que avanza en su contra. A través de una nota dirigida a Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso, Peña consideró que el plazo actual resulta insuficiente para cumplir con los estándares de un Estado de derecho.
El pedido surge tras recibir la notificación oficial el 5 de noviembre. En el documento, el mandatario explicó que la misma le llegó a las 22:15 y venía acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y anexos que suman unas 300 fojas.
Peña cuestionó el escaso margen de tiempo entre la recepción de la notificación y la convocatoria para presentar su defensa. Sostuvo que un plazo menor a 12 horas no le permite preparar adecuadamente su respuesta a las acusaciones y armar su estrategia legal.
La argumentación sobre el debido proceso
En su presentación, el mandatario renunciante destacó que al tratarse de un procedimiento que podría derivar en una sanción, se deben garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho a la defensa. "Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso", argumentó.
El documento hace hincapié en la necesidad de contar con tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer la defensa. En ese sentido, Peña calificó como insuficiente un plazo inferior a las 12 horas para que el proceso cumpla con los estándares exigidos por un Estado de Derecho.
Sobre esa base, el presidente solicitó formalmente al titular del Congreso que se le otorgue la prórroga de 72 horas. El objetivo es poder presentar las pruebas correspondientes y preparar su defensa de manera adecuada.
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El pedido se produce luego de que el Senado convocara al presidente renunciante para comparecer este viernes a las 10:00. La cita se da en el marco del procedimiento de juicio político que se inició en su contra y que avanza a paso firme en el Poder Legislativo. El pedido de prórroga de Santiago Peña refleja la tensión en torno a los tiempos del juicio político. Mientras el Congreso avanza con la convocatoria, el mandatario renunciante busca garantizar las condiciones mínimas para ejercer su defensa, en un proceso que podría definir su futuro político y el equilibrio institucional del país.
