La provincia de Misiones perdió aproximadamente un billón de pesos a valores actuales como consecuencia de la reducción de transferencias nacionales, la caída de la inversión pública y el deterioro de los recursos coparticipables, según explicó el subsecretario de Ingresos y Finanzas provincial, Martín Leiva Varela.
Durante una entrevista en los estudios de Radio Up, en el programa Arriba la Radio, el funcionario analizó el impacto de la política económica del Gobierno nacional sobre las provincias y puso una cifra concreta a las dificultades financieras que enfrenta Misiones. “En la provincia de Misiones en particular, a valores de hoy, perdió 1 billón de pesos”, afirmó.
Para dimensionar esa cifra, Leiva Varela la comparó con los recursos contemplados en el presupuesto provincial del próximo año. “Estamos hablando casi de un quinto del presupuesto 2027 sancionado a la provincia de Misiones”, sostuvo. El cálculo presentado por el funcionario reúne distintos componentes de la relación fiscal entre Nación y Provincia. No se refiere exclusivamente a fondos de coparticipación ni a una deuda exigible al Gobierno nacional, sino a una estimación de recursos perdidos o no recibidos bajo el actual escenario económico.

Nación redujo más del 80% las transferencias discrecionales
Leiva Varela explicó que uno de los principales componentes del ajuste nacional fue la reducción de los fondos destinados a programas y transferencias discrecionales para las provincias. Entre los ejemplos mencionó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el programa Remediar y los subsidios al transporte público.
Según sus estimaciones, las transferencias discrecionales nacionales se redujeron más del 80% en términos reales respecto de 2023. “Hoy está gastando 20 de cada 100 pesos que gastaba a valores de hoy en el 2023”, señaló. El funcionario calculó que esta disminución representa más de siete billones de pesos que dejaron de recibir, en conjunto, las provincias argentinas.
La reducción de estos programas tiene consecuencias sobre distintas áreas de gestión, ya que las administraciones provinciales deben afrontar demandas que anteriormente contaban con algún nivel de financiamiento nacional.

La obra pública nacional también sufrió un fuerte recorte
El segundo componente señalado por Leiva Varela fue la disminución de la inversión real directa del Estado nacional. En términos prácticos, explicó que se trata de los recursos destinados a la construcción de rutas, escuelas, viviendas y otras obras de infraestructura. De acuerdo con su análisis, Nación pasó a ejecutar aproximadamente 18 pesos por cada 100 que destinaba a estas inversiones en 2023, considerando valores comparables.
La disminución representa, según el funcionario, otros siete billones de pesos de menor inversión en el conjunto de las provincias. Este recorte tiene un doble efecto sobre las economías regionales: reduce la ejecución de infraestructura y también afecta a uno de los sectores que más empleo y movimiento económico generan.
En Misiones, la construcción integra, junto con el comercio y la industria manufacturera, el grupo de actividades que todavía no recuperaron los niveles registrados en 2023, según el diagnóstico del subsecretario.

La caída de la actividad económica también afecta la coparticipación
Leiva Varela distinguió los recortes presupuestarios decididos por el Gobierno nacional de la disminución de los recursos que se distribuyen automáticamente mediante el régimen de coparticipación. En este último caso, explicó que el problema está relacionado con el comportamiento de la economía y la recaudación tributaria.
Cuando disminuyen las ventas, el consumo y la actividad empresarial, también se reduce la recaudación de impuestos vinculados con esas operaciones. Esa caída afecta tanto a los recursos nacionales que se distribuyen a las provincias como a los tributos provinciales, especialmente Ingresos Brutos.
El funcionario señaló que el fenómeno termina trasladándose a los municipios, que dependen de sus ingresos propios y de los fondos coparticipados. En consecuencia, la contracción económica no solamente afecta al sector privado, sino que también limita la capacidad de financiamiento de los distintos niveles del Estado.

El crecimiento económico nacional no llega de manera uniforme a las provincias
Uno de los conceptos centrales de la entrevista fue la diferencia entre los indicadores nacionales de crecimiento y la situación de las economías regionales. Leiva Varela explicó que, aunque Argentina registre un crecimiento anual de su actividad económica, eso no significa que todos los sectores productivos y las provincias experimenten una recuperación.
Según su análisis, parte del crecimiento está concentrado en actividades vinculadas con los recursos energéticos y petroleros, especialmente en la región de Vaca Muerta. En cambio, sectores con fuerte presencia en Misiones, como el comercio, la industria manufacturera y la construcción, continúan mostrando dificultades.
El funcionario recordó que las proyecciones de crecimiento económico para 2026 se redujeron respecto de las expectativas iniciales. Mientras el presupuesto nacional había contemplado una expansión del 5%, señaló que las estimaciones del mercado utilizadas en su análisis se ubicaban alrededor del 1,5%.
También advirtió sobre la posibilidad de que Argentina ingrese en una recesión técnica si se confirma una segunda caída trimestral consecutiva de la actividad económica. Sin embargo, aclaró que esa eventual situación no sería incompatible con un crecimiento positivo en el promedio anual, debido a las diferencias entre las mediciones trimestrales y las comparaciones interanuales.

El equilibrio fiscal y sus consecuencias sobre la población
Leiva Varela reconoció la importancia de corregir los desequilibrios fiscales estructurales, aunque advirtió que las decisiones utilizadas para alcanzar ese objetivo tienen consecuencias económicas y sociales. Explicó que el Gobierno nacional avanzó desde una situación de déficit fiscal hacia el equilibrio mediante una fuerte reducción del gasto.
El problema, según planteó, es que una parte importante de ese ajuste recayó sobre transferencias, programas e inversiones que anteriormente llegaban a las provincias. Como ejemplos concretos mencionó la reducción de subsidios al transporte y a la energía. En ambos casos, explicó que la disminución del financiamiento estatal puede terminar trasladándose al precio que pagan los usuarios.
También relacionó el menor nivel de actividad económica con la caída del empleo registrado y sus consecuencias sobre los ingresos familiares. Para Misiones, el diagnóstico es especialmente sensible porque combina menores transferencias nacionales, caída de la recaudación y dificultades en sectores productivos fundamentales para la economía provincial.
La cifra de casi un billón de pesos presentada por Leiva Varela sintetiza, desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, la magnitud de ese impacto. El funcionario dejó planteada una diferencia central: el equilibrio fiscal nacional puede mejorar las cuentas del Estado central, pero no necesariamente implica una recuperación de los recursos, el empleo y la actividad económica de las provincias.



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