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La crisis económica comienza a reflejarse con mayor intensidad en el sistema de salud. La caída del empleo registrado, la pérdida de ingresos y el encarecimiento de la medicina privada modificaron las condiciones de acceso a la cobertura médica de millones de personas. En ese escenario, la cantidad de afiliados a obras sociales y empresas de medicina prepaga alcanzó durante 2026 su nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2016.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muestran un retroceso de casi 970.000 personas con cobertura de obras sociales o prepagas entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026.
La tendencia tiene otra expresión en el crecimiento de la población que depende exclusivamente de los hospitales y centros de salud públicos. Según las estimaciones realizadas a partir de los indicadores disponibles, alrededor de 1.048.770 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público durante el último año. Si se considera el período comprendido entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, el Instituto Argentina Grande (IAG) contabilizó un incremento de 1.266.863 personas en esa situación.
Actualmente, el 64,3% de la población cuenta con algún prestador privado, mientras que el 35,5% depende exclusivamente del sistema público. La evolución de estos indicadores expone una transformación en la estructura de cobertura sanitaria, vinculada tanto a las dificultades del mercado laboral como al costo creciente de los servicios médicos.
La pérdida de empleo también golpea la cobertura de salud
La reducción de afiliados a las obras sociales está estrechamente relacionada con el deterioro del empleo registrado. Durante el período analizado se perdieron 132.323 puestos de trabajo privados registrados, una caída del 2,1%, y otros 29.533 empleos públicos, equivalentes a una disminución del 0,9%.
Si se amplía la comparación desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el retroceso alcanza a 253.049 puestos de trabajo privados registrados (-4%) y 87.313 empleos estatales (-2,5%).
La relación entre empleo y cobertura médica tiene consecuencias que exceden al trabajador que pierde su puesto. En el sistema argentino, la afiliación a una obra social suele extenderse al grupo familiar, por lo que la desaparición de un empleo formal puede dejar sin cobertura contributiva también a hijos, parejas y otros integrantes del hogar.
De esta manera, la crisis laboral repercute directamente sobre el acceso a la atención médica. Quienes pierden su empleo registrado pueden quedar fuera de la obra social vinculada a su actividad y deben buscar alternativas en un contexto en el que los servicios privados resultan cada vez más difíciles de sostener.
Las prepagas aumentaron casi 500% desde diciembre de 2023
El otro factor que explica la contracción de la cobertura privada es el encarecimiento de la medicina prepaga.
Desde la desregulación de los precios impulsada por el Gobierno nacional, las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumularon un incremento del 499,7% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026. Durante el mismo período, la inflación acumulada fue del 344%.
La diferencia entre ambos indicadores refleja que el costo de mantener un plan médico privado creció considerablemente por encima del nivel general de precios. Para los hogares, esto representa una presión adicional sobre los ingresos, especialmente en un escenario de pérdida de poder adquisitivo y dificultades para sostener los gastos cotidianos.
El impacto alcanza tanto a quienes contratan directamente una cobertura como a trabajadores que, frente a la pérdida de empleo o los cambios en sus condiciones laborales, deben reorganizar su atención sanitaria.
La combinación de cuotas más elevadas, ingresos deteriorados y menor estabilidad laboral reduce la capacidad de las familias para permanecer dentro del sistema privado. Así, una parte de la población abandona las prepagas o pierde su cobertura vinculada al empleo y pasa a depender de la infraestructura sanitaria estatal.
Las obras sociales nacionales perdieron más de 1,1 millones de beneficiarios
La caída de la cobertura también se observa en los registros de la Superintendencia de Servicios de Salud, que contabilizó una pérdida de 1.159.205 beneficiarios en las obras sociales nacionales entre 2023 y septiembre de 2026.
El retroceso alcanza a actividades con una importante cantidad de trabajadores registrados y muestra diferencias según el sector económico.
Entre los casos más significativos aparecen:
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Comercio (OSECAC): perdió el 23,7% de sus beneficiarios.
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Estatales (OSPCN): registró una caída del 26%.
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Construcción (OSPeCon): perdió el 27,4% de sus beneficiarios.
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Petróleo (OSPe): registró una disminución del 6,2%.
Los números muestran que la reducción de afiliados atraviesa distintas actividades, incluso sectores con comportamientos económicos diferentes. En el caso de la construcción y el comercio, la caída de beneficiarios se vincula con las dificultades que atraviesan actividades intensivas en empleo y con una importante presencia de trabajadores registrados.
El sector petrolero también registró una reducción, aunque de menor magnitud, pese a ubicarse entre las actividades que muestran mejores perspectivas dentro del esquema económico actual.
El crecimiento del monotributo y el avance de OSDEPYM
En contraste con la pérdida generalizada de beneficiarios de las obras sociales nacionales, OSDEPYM registró un crecimiento del 199,6%, hasta alcanzar cerca de 600.000 asociados.
Este comportamiento está relacionado con el aumento de trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el sistema incorporó 177.100 nuevos inscriptos, lo que representa un incremento del 8,7%.
La evolución muestra otro aspecto de los cambios en el mercado laboral: mientras se reducen los puestos de trabajo asalariados registrados, crece la cantidad de personas que desarrollan actividades bajo modalidades independientes o se incorporan al régimen simplificado.
En ese contexto, OSDEPYM aparece como una excepción dentro de un sistema de obras sociales que pierde beneficiarios. Su crecimiento refleja, en parte, la incorporación de monotributistas que acceden a una cobertura a través de ese régimen.
Más presión sobre el sistema público de salud
El desplazamiento de más de 1,2 millones de personas hacia la cobertura exclusivamente pública plantea un desafío adicional para hospitales, centros de atención primaria y servicios sanitarios provinciales y municipales.
La pérdida de cobertura privada modifica la demanda del sistema estatal, que debe responder a las necesidades de una población cada vez más amplia en un contexto económico marcado por restricciones presupuestarias y dificultades para los hogares.
El fenómeno también expone las consecuencias sociales de la combinación entre ajuste económico, deterioro del empleo y desregulación de los precios de la medicina privada. La cobertura sanitaria, históricamente vinculada al trabajo formal y a los ingresos familiares, enfrenta una reducción de su alcance en un momento en que las posibilidades de sostener alternativas privadas se vuelven más limitadas.
Los indicadores del INDEC, la Superintendencia de Servicios de Salud y el Instituto Argentina Grande describen distintas dimensiones de un mismo proceso: menos trabajadores registrados, menos beneficiarios de obras sociales y mayores dificultades para afrontar las cuotas de las prepagas.
La consecuencia es un crecimiento de la población que depende exclusivamente de la salud pública. Un cambio que trasciende las estadísticas de afiliación y que anticipa una mayor demanda de atención en el sistema sanitario estatal.
El salario pretendido aumentó 2,2% en el tercer trimestre y quedó por debajo de la inflación
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