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El Defensor del Pueblo de Posadas, Juan Matías Paonessa, intervino en el caso de una pareja de adultos mayores con discapacidad que enfrenta una sentencia firme de desalojo en el barrio San Onofre. La medida, que estaba prevista para ejecutarse, quedó postergada debido a las condiciones climáticas, lo que permitió que el organismo iniciara gestiones judiciales y extrajudiciales para resguardar los derechos de los afectados.
En una entrevista con el programa La Última Rosca, transmitido por Radio Up, Paonessa explicó que tomó conocimiento de la situación a través de la emisora y que, a partir de allí, la Defensoría comenzó a coordinar acciones para intervenir en el conflicto. "Tuvimos éxito con como decís vos, acompañó el clima como fuera obra de Dios para que no avance y para que nosotros podamos como institución que resguarda los derechos poder, al menos tener esa mínima participación veedora", expresó.
El funcionario confirmó que la Defensoría solicitó formalmente su incorporación al expediente judicial y estableció contacto con la abogada de la familia y una sobrina de los afectados para evaluar alternativas de protección.
La preocupación del organismo está vinculada con las condiciones de vulnerabilidad de la pareja: la mujer tiene ceguera, mientras que el hombre presenta dificultades de movilidad. Además, existe la posibilidad de que ambos tengan dificultades para leer y escribir.
Ante este escenario, Paonessa indicó que el aplazamiento del procedimiento permitirá avanzar con diferentes gestiones para encontrar una solución. Entre ellas, mencionó la posibilidad de verificar si cuentan con cobertura de PAMI, si perciben alguna pensión y si pueden acceder a un espacio de alojamiento adecuado para personas mayores con discapacidad. "Nos da un aire de tiempo o para meternos en lo judicial o también para averiguar otras opciones de protección de persona, ver si la persona tiene PAMI porque están en estas condiciones de que tienen una discapacidad", explicó.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo advirtió sobre los riesgos de las permutas informales de terrenos, modalidad que habría dado origen al conflicto habitacional. Según señaló, este tipo de acuerdos suelen realizarse sin documentación respaldatoria suficiente y pueden derivar en situaciones de desprotección para alguna de las partes. "Es algo que es superusual y no solamente usual, sino que peligroso porque hay casos en que por X motivo la una de las dos personas puede quedar en una situación desventajosa por situaciones de irregularidad, porque no hay un título válido", sostuvo.
En ese sentido, recomendó a los vecinos consultar previamente con la Defensoría del Pueblo antes de concretar operaciones inmobiliarias, con el objetivo de solicitar informes de dominio y verificar la situación legal de los terrenos.
La posible firma de un autodesalojo bajo engaño
Otro de los aspectos que generó preocupación es la versión de que la pareja habría firmado una autorización de autodesalojo sin conocer realmente sus alcances o bajo engaño.
Sobre este punto, Paonessa planteó dudas respecto de la validez de esa supuesta manifestación de voluntad y señaló que todavía debe comprobarse qué documentación fue incorporada al expediente judicial. "Yo como abogado podría decir que en algún punto la voluntad de las personas se vio viciada o no era esa la voluntad que tenían las personas. Yo no creo que ellos hayan firmado por una autorización de autodesalojo", manifestó.
Además, advirtió sobre las posibles consecuencias para el profesional que habría intervenido en caso de comprobarse que la familia fue inducida a firmar un documento de esas características. "Si esto hubiese llegado a pasar y el abogado defensor de ellos hizo tal autorización, hay una falta clarísima y gravísima a la ética como abogado, como profesional del derecho que inclusive podría cargar consecuencias legal", afirmó.
Finalmente, aclaró que la autenticidad y las circunstancias de esa presunta firma todavía deben verificarse. Si se confirma una actuación irregular, el abogado involucrado podría enfrentar consecuencias en el marco del código de ética profesional.
