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Argentina continúa sin contar con una legislación nacional que regule la recuperación y el reciclaje de envases posconsumo, una situación que la diferencia del resto de los países de América Latina. La ausencia de una Ley de Envases con Responsabilidad Extendida del Productor (REP) mantiene pendiente un marco obligatorio para que las empresas participen en la gestión de los residuos que generan sus productos.
El escenario quedó reflejado en el Dossier de Economía Circular: Industria Plástica, Tecnología e Innovación 2026, elaborado por la asociación civil Ecoplás junto con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP). El documento analiza la situación del sector y expone las dificultades que enfrenta la actividad recicladora en el país.
Entre los indicadores correspondientes a 2025, la directora ejecutiva de Ecoplás, Verónica Ramos, señaló que el volumen de plásticos recuperados disminuyó un 11%, en un contexto de retracción del consumo. A esto se suma que la industria recicladora opera con casi un 50% de capacidad ociosa, lo que evidencia las limitaciones que atraviesa el sector.
De acuerdo con el relevamiento de Ecoplás, Argentina es el único país entre las cinco principales economías latinoamericanas que no dispone de una legislación nacional de Responsabilidad Extendida del Productor ni establece objetivos obligatorios de incorporación de material reciclado.
La diferencia con otros países de la región se refleja también en los niveles de recuperación de residuos. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa general de reciclaje argentina ronda apenas el 6%, mientras que las discusiones legislativas sobre una regulación específica llevan más de 20 años sin alcanzar una resolución en el Congreso.
Un proyecto que todavía espera avanzar en Diputados
Uno de los últimos intentos de establecer un marco regulatorio fue presentado en 2025 por el entonces diputado nacional Carlos D’Alessandro, mediante el expediente 1059-D-2025. La iniciativa proponía un esquema de gestión privada, financiado por los propios productores y sin tasas estatales obligatorias.
El proyecto contemplaba la aplicación del principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), a través de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) o Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (DDR). Estos mecanismos buscan organizar la recuperación de los envases una vez que terminan su vida útil.
La propuesta fue analizada durante una reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, con la participación de representantes del sector industrial y cámaras empresariales, entre ellas la Unión Industrial Argentina (UIA).
Actualmente, la iniciativa continúa bajo tratamiento en las comisiones parlamentarias, aunque todavía no consiguió un dictamen definitivo que permita llevarla al recinto para su votación.
En ese contexto, Sergio Hilbrecht, director ejecutivo y gerente general de la CAIP, manifestó que existe la posibilidad de alcanzar un avance legislativo antes de que termine el año. “Tenemos conversaciones con el oficialismo y también con otros partidos. Hemos trabajado muy bien con la Dirección de Industria Sostenible, que en su momento ha liderado el consenso de este proyecto que hoy efectivamente está en la Cámara de Diputados”, sostuvo.
Hilbrecht también planteó que la eventual aprobación de la normativa podría generar oportunidades económicas e industriales, además de mejorar la gestión ambiental de los residuos. “Esta ley va a traer un desarrollo productivo importante, no solo con la mirada ambiental, sino que, como lo va a financiar el privado, hay oportunidad de producción y de desarrollo productivo”, concluyó.
La discusión sobre la Ley de Envases continúa así pendiente en el Congreso, mientras el sector reciclador enfrenta una caída en la recuperación de materiales y reclama un marco normativo que permita organizar y ampliar la actividad.
