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El Gobierno nacional apeló el fallo que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 y ordenó avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El recurso, presentado por el Ministerio de Capital Humano ante la Justicia, busca revertir la decisión del juez Martín Cormick y podría extender los plazos para la aplicación de la normativa, en un contexto de reclamos de las universidades por mayores recursos y mejoras salariales.
En la presentación, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo sostuvo que la sentencia genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”. Además, cuestionó los fundamentos del magistrado al considerar que la resolución ordena ejecutar la ley sin contemplar adecuadamente las disposiciones presupuestarias vigentes ni las defensas planteadas por el Estado.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es el impacto que tendría la aplicación de la norma sobre las cuentas públicas. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la sentencia no establece una “fuente de financiamiento específica y suficiente” para afrontar los gastos previstos.
En ese sentido, el Ministerio advirtió que la implementación de la ley podría afectar el equilibrio fiscal y sostuvo que las disposiciones sobre administración financiera deben interpretarse en conjunto con las leyes 24.156 y 27.798, que regulan la autorización y ejecución del gasto público.
“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, argumentó el Gobierno. También afirmó que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.
El Gobierno cuestiona el amparo de las universidades
Otro de los puntos de la apelación es el rechazo al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el Ministerio de Capital Humano, esa herramienta judicial no sería adecuada para resolver una controversia que requiere analizar montos, fuentes de financiamiento, hechos y alcances normativos.
El Ejecutivo también sostuvo que confirmar el fallo podría afectar la división de poderes, al considerar que obligaría a implementar gastos públicos sin determinar previamente su compatibilidad con el régimen de administración financiera y el Presupuesto vigente.
Con la apelación, el Gobierno busca que la Justicia revoque la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025. La disputa judicial se desarrolla mientras el sector universitario reclama la asignación de las partidas presupuestarias previstas por la ley y avances en las negociaciones paritarias para docentes y trabajadores no docentes.
