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La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei. La resolución, adoptada en el marco de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, busca evitar posibles daños ambientales mientras la Justicia analiza la procedencia del reclamo.
La medida fue respaldada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz consideró que el máximo tribunal no tenía competencia para dictar esa suspensión en el expediente.
El freno a la derogación se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido cautelar. La decisión no representa un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado.
El reclamo por el impacto ambiental de la derogación
La causa comenzó a fines de diciembre de 2023, cuando la Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.
Los demandantes solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al sostener que la eliminación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales podía afectar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Según el planteo, la derogación de esa normativa también podía comprometer el uso racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.
El expediente pasó del Juzgado Federal de Bariloche a la Cámara Federal de La Plata, donde se tramitaba otra causa relacionada con la misma disposición. Posteriormente, llegó a la Corte Suprema sin que las instancias anteriores resolvieran si los demandantes estaban habilitados para impulsar el reclamo ni analizaran la medida cautelar solicitada.
Ante esa situación, la mayoría del tribunal entendió que correspondía adoptar una protección provisoria para garantizar el acceso efectivo a la Justicia y prevenir eventuales daños irreparables al ambiente.
Qué diferencia este caso del reclamo del CECIM
La resolución también se distingue de un antecedente reciente. El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó una demanda del CECIM contra la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que la entidad no tenía legitimación para promover ese reclamo.
En aquella presentación, el CECIM había fundamentado su planteo en una presunta afectación de la soberanía nacional. El tribunal no se pronunció entonces sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.
Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie pidieron que se aclarara si la decisión alcanzaba también a su expediente y reiteraron la solicitud de una medida cautelar.
La Corte diferenció ambas causas por los fundamentos de las demandas: mientras el CECIM había planteado una cuestión vinculada con la soberanía, Árbol de Pie centró su reclamo en la protección ambiental.
Los ministros que conformaron la mayoría señalaron que los planteos de la asociación permanecían sin una respuesta judicial y que era necesario resguardar tanto el derecho a obtener una resolución oportuna como la protección del ambiente.
Por qué Rosenkrantz votó en contra
El ministro Carlos Rosenkrantz se opuso a la suspensión provisoria. Si bien reconoció que el planteo de Árbol de Pie tenía fundamentos diferentes de los presentados por el CECIM, sostuvo que la Corte Suprema no contaba con competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.
Desde esa postura, consideró que correspondía devolver la causa a la Justicia federal de Bariloche sin disponer la suspensión.
La mayoría, en cambio, resolvió frenar temporalmente los efectos derogatorios del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el juzgado competente examine las cuestiones pendientes.
De esta manera, la derogación de la Ley de Tierras queda suspendida de forma provisoria en el marco de esta causa, a la espera de una decisión judicial sobre la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar. La Corte todavía no emitió un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo.
