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La legislación tributaria argentina incorporó nuevas disposiciones que modifican el tratamiento de ciertas infracciones formales y precisan los requisitos del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La Ley 27.826, promulgada mediante el Decreto 1160/2026, comenzó a regir con su publicación oficial, aunque las modificaciones vinculadas con Ganancias simplificado tienen efectos desde el período fiscal 2025, con las excepciones establecidas en el propio texto legal.
Entre los principales cambios se encuentra una disminución automática del 25% en determinadas multas previstas por la Ley de Procedimiento Tributario. A su vez, se incorporó un mecanismo de reducción extraordinaria para infracciones anteriores a la entrada en vigencia de la nueva legislación, sujeto al cumplimiento de condiciones específicas.
Las disposiciones también delimitan quiénes pueden acceder a los beneficios, precisan las responsabilidades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante posibles diferencias fiscales y establecen criterios para determinadas operaciones económicas.
Quiénes pueden acceder a la reducción de multas
La rebaja general del 25% alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. Para quedar comprendidos, los beneficiarios no deben estar incluidos en la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales.
El alcance de esta medida se concentra en determinadas sanciones formales contempladas en la normativa tributaria. Por lo tanto, la reducción no debe interpretarse como una eliminación general de las multas ni como una condonación automática de cualquier deuda impositiva.
La ley establece, además, un tratamiento particular para ciertos incumplimientos cometidos antes de su entrada en vigor. En estos casos, la reducción puede llegar al 50% de la sanción, siempre que se cumplan los requisitos previstos para acceder al beneficio.
Una rebaja especial para infracciones anteriores
El régimen extraordinario comprende multas por incumplimientos formales relacionados con obligaciones vencidas desde la entrada en vigencia de la Ley 27.799. La disposición contempla sanciones que todavía no adquirieron firmeza y también aquellas que, pese a encontrarse firmes, continúan impagas.
Para solicitar esta reducción, el contribuyente debe regularizar la obligación omitida antes de acogerse al beneficio o hacerlo simultáneamente con la adhesión. La medida vincula así la disminución de la sanción con el cumplimiento efectivo del deber tributario que originó la infracción.
La aceptación de las condiciones también implica asumir compromisos legales. Quienes opten por la rebaja deberán reconocer sin reservas la parte de la multa que permanezca vigente, renunciar a las acciones y derechos relacionados con la sanción y afrontar las costas que correspondan.
Otro aspecto relevante es que los importes abonados con anterioridad no serán reintegrados. En consecuencia, el mecanismo de reducción no habilita a solicitar la devolución de multas que ya fueron pagadas.
ARCA dispone de un plazo de 30 días, contado desde la publicación de la ley, para establecer las disposiciones operativas necesarias para implementar este beneficio.
Ganancias simplificado incorpora condiciones de residencia fiscal
La reforma también introduce precisiones para las personas humanas y las sucesiones indivisas que utilicen el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Como regla general, deberán acreditar residencia fiscal en Argentina durante la totalidad del período fiscal declarado.
Sin embargo, la legislación incorpora una excepción para quienes se adhieran por el período fiscal 2025. En esos casos, no se exigirá que la condición de residente fiscal se haya mantenido durante todo el año.
La distinción resulta relevante para determinar quiénes pueden incorporarse al esquema y bajo qué condiciones. La aplicación de las nuevas reglas deberá contemplar tanto el período fiscal involucrado como las excepciones expresamente previstas por la ley.
Las restricciones para funcionarios y grandes contribuyentes
La normativa contempla un tratamiento diferenciado para los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos. Estos grupos podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar sus declaraciones juradas y efectuar los pagos correspondientes, pero no tendrán acceso a las restantes presunciones y ventajas previstas por el régimen.
La restricción también alcanza a personas que hayan ocupado determinados cargos jerárquicos, legislativos o judiciales al momento de adherirse o durante los cinco años anteriores.
De esta manera, la ley diferencia entre la posibilidad de utilizar el procedimiento para cumplir las obligaciones tributarias y el acceso al conjunto de beneficios asociados al esquema simplificado. La condición de pertenencia a los grupos alcanzados determina el alcance de las ventajas disponibles.
ARCA tendrá la responsabilidad de acreditar las discrepancias fiscales
Otro de los cambios se refiere al procedimiento para establecer diferencias entre la información declarada por los contribuyentes y los datos disponibles para la administración tributaria.
Según la norma, la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recaerá exclusivamente sobre ARCA. Para efectuar esa evaluación, el organismo podrá utilizar la información presentada por el contribuyente, sus propios registros y los datos proporcionados por terceros.
La legislación también establece un criterio específico para las declaraciones rectificativas. La diferencia entre una presentación original y otra posterior no será computada para ese propósito cuando la rectificación se realice dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la liquidación administrativa o de la determinación de oficio.
Para que opere esta condición, además, deberán cancelarse o regularizarse el impuesto y los intereses que surjan de la modificación.
Este mecanismo vincula el tratamiento de las diferencias declarativas con el cumplimiento de plazos y obligaciones concretas. Su aplicación dependerá de que se reúnan simultáneamente las condiciones establecidas en la legislación.
Nuevas precisiones para las operaciones económicas
La Ley 27.826 también establece condiciones respecto de los medios utilizados para realizar determinadas operaciones. Los movimientos comprendidos deberán efectuarse mediante instrumentos autorizados por el Banco Central de la República Argentina o la Comisión Nacional de Valores, con participación del sistema financiero formal en el origen o destino de los fondos.
La disposición incorpora, además, una consideración particular para los pagos en efectivo efectuados al momento de otorgar escrituras vinculadas con derechos reales sobre inmuebles. En esos supuestos, la ley reconoce el cumplimiento del requisito establecido.
Estas previsiones delimitan las modalidades admitidas para las operaciones alcanzadas y contemplan una excepción específica relacionada con las escrituras inmobiliarias.
Al mismo tiempo, la reforma mantiene vigentes las obligaciones correspondientes a la prevención del lavado de activos. Por lo tanto, las disposiciones sobre medios de pago no eliminan los controles ni los deberes que continúan establecidos por la normativa aplicable en esa materia.
Qué cambia con la entrada en vigencia de la ley
La reforma combina tres ejes principales: la reducción de determinadas sanciones formales, la incorporación de condiciones específicas para el régimen simplificado de Ganancias y la delimitación de los procedimientos aplicables ante posibles diferencias fiscales.
Mientras la rebaja general del 25% y el beneficio extraordinario del 50% están sujetos a sus respectivos alcances y requisitos, las disposiciones sobre Ganancias simplificado contemplan condiciones de residencia fiscal, restricciones para determinados grupos y reglas para el tratamiento de discrepancias.
La implementación del régimen extraordinario de multas requerirá, además, las disposiciones operativas que debe dictar ARCA dentro del plazo previsto. La aplicación concreta de cada beneficio dependerá de las condiciones establecidas para el contribuyente, el período fiscal y la obligación involucrada.
