El oficialismo nacional negocia con diputados aliados y dialoguistas modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de reunir apoyos y convocar a una sesión en la Cámara de Diputados el 21 de octubre, mientras la oposición busca abrir el recinto el 15 de octubre para tratar el rechazo al DNU 70/23. El Gobierno pretende incorporar en ese esquema temas vinculados con Malvinas, discapacidad y sobreendeudamiento familiar, además de avanzar con garantías presupuestarias para universidades nacionales.
La oposición, encabezada por Unión por la Patria y otros bloques, mantiene el pedido para sesionar el próximo jueves con la intención de avanzar contra el decreto de desregulación económica. Sin embargo, las posibilidades de reunir el quórum necesario se reducen a medida que se acerca la fecha, debido a la falta de certezas sobre el acompañamiento de los sectores dialoguistas.
En el peronismo sostienen que la decisión de insistir ahora con el rechazo al DNU responde a que existen mayores garantías de reunir los votos necesarios. “El que se siente es porque quiere rechazar el 70/23. El año pasado habían 10 de los aliados nuestros que estaban inseguros de que nos iban a acompañar con el rechazo y por eso dimos marcha atrás”, explicó un diputado nacional de Unión por la Patria a la Agencia Noticias Argentinas.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, en declaraciones a Alpha TV, no descartó esa explicación, aunque señaló que durante 2024 y 2025 también había legisladores de Unión por la Patria que no tenían definida su postura frente al decreto.
El Gobierno, por su parte, sigue con atención la situación judicial relacionada con la Ley de Tierras, cuyo alcance está vinculado al DNU 70/23. La posibilidad de que la Corte Suprema designe dos conjueces para revisar el planteo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie mantiene abierta una eventual modificación del escenario.
En ese contexto, una de las alternativas que analiza el oficialismo consiste en incorporar restricciones a la compraventa de tierras rurales dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado. La propuesta permitiría abordar nuevamente la cuestión de las tierras por otra vía y preservar el resto del DNU, cuya derogación completa representaría un fuerte impacto para el programa económico de La Libertad Avanza.
Por el momento, esa posibilidad forma parte de las negociaciones y no existe una decisión definitiva.
Cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía
Las conversaciones con los bloques dialoguistas también incluyen modificaciones al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Uno de los principales reclamos consiste en eliminar el artículo 111, que establece penas de prisión para quienes, actuando por cuenta o con financiamiento de entidades extranjeras, intervengan en procesos electorales, desarrollen campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público.
Desde sectores opositores cuestionan esa disposición porque consideran que podría afectar la actividad periodística y generar condiciones para la persecución de críticas al Gobierno.
También existen objeciones relacionadas con la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Seguridad Nacional, además de los protocolos previstos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques.
Los cuestionamientos incluyen, además, la falta de precisión sobre los criterios para determinar qué constituye una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”, debido al riesgo de que esas categorías puedan utilizarse para intervenir sobre conflictos o expresiones de disidencia interna.
Mientras continúan las conversaciones, el oficialismo apunta a evitar una derrota parlamentaria el 15 de octubre y trasladar el debate al 21, con un temario que permita sumar a los sectores dialoguistas y avanzar con sus proyectos legislativos.
