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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación para hacerlo.
El máximo tribunal sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.
La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el fallo, además, cuestionaron que tribunales inferiores reconozcan legitimaciones que, según señalaron, se alejan de los requisitos constitucionales necesarios para habilitar una causa judicial.
“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señalaron.
Sin embargo, la Corte aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
En ese sentido, precisó que el fallo “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” ni implica interferir en la intervención del Poder Legislativo prevista por la Constitución Nacional.
El origen de la causa
La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/23.
La Corte rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si se tratara de un derecho de incidencia colectiva protegido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
En diciembre de 2023, el DNU derogó la Ley 26.737, correspondiente al Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak había dictado una medida cautelar que repuso la vigencia de la ley. Posteriormente, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto esa cautelar y rechazó la presentación al considerar que la agrupación demandante no tenía legitimación.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión, admitió la demanda, declaró la inconstitucionalidad del artículo cuestionado y ordenó reinscribir la causa como colectiva. Esa resolución fue apelada por el Estado Nacional.
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Qué resolvió la Corte
Al analizar el caso, el máximo tribunal consideró que la Cámara había reconocido la legitimación del CECIM bajo el argumento de que la soberanía nacional constituía un bien colectivo y que, por esa razón, la asociación podía ejercer una acción en defensa de ese derecho.
La Corte rechazó ese encuadre y sostuvo que “carece de todo fundamento” considerar que la soberanía territorial puede sustentar un proceso destinado a proteger derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos.
El tribunal explicó que la soberanía territorial constituye “uno de los elementos constitutivos del Estado” y que, por ese motivo, no puede ser considerada un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional ni de la jurisprudencia que regula las acciones colectivas.
De esta manera, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata por la falta de legitimación de la asociación y por la ausencia de un caso o controversia que cumpliera con los requisitos constitucionales.
La resolución, no obstante, no definió si el artículo 154 del DNU 70/23 es constitucional o inconstitucional, cuestión sobre la que el máximo tribunal expresamente evitó pronunciarse.
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