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La denuncia por presunta estafa fue presentada por el propietario de un autoservicio, quien detectó que decenas de transferencias exhibidas como medio de pago nunca habían ingresado a su cuenta. La Policía allanó un inmueble y secuestró dos celulares y una computadora que serán analizados por especialistas en Cibercrimen.
Una investigación policial iniciada a partir de la denuncia de un comerciante de Oberá puso bajo la lupa una presunta maniobra fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio económico de $8.477.470,50, mediante el uso de comprobantes falsos de transferencias bancarias.
La denuncia fue radicada el pasado 2 de septiembre por el propietario de un autoservicio de la ciudad, quien manifestó haber detectado irregularidades en una serie de operaciones realizadas entre el 28 de mayo y el 13 de agosto.
De acuerdo con la presentación, una mujer habría efectuado reiteradas compras en el comercio y, como forma de pago, exhibido o enviado capturas de pantalla correspondientes a supuestas transferencias bancarias.
Sin embargo, al realizar posteriormente un control de las operaciones con asistencia técnica y letrada, el comerciante constató que los pagos que figuraban en los comprobantes no habían sido acreditados en su cuenta bancaria.
92 comprobantes bajo investigación
A partir de la revisión de las operaciones, el comerciante logró reunir y cotejar 92 comprobantes correspondientes al período investigado.
Según consta en la denuncia, ninguno de los montos consignados en esas transferencias habría ingresado efectivamente a la cuenta del autoservicio. La suma total de las operaciones que no pudieron ser acreditadas alcanzaría los $8,47 millones.
Con estos elementos, la investigación avanzó con intervención de la Justicia, que dispuso una medida de allanamiento para intentar determinar el origen de los comprobantes y establecer si los dispositivos utilizados podrían contener información relacionada con las operaciones denunciadas.
Por orden del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, efectivos de la Comisaría Primera y de la División Cibercrimen de la Unidad Regional II realizaron este jueves un allanamiento en un inmueble de la ciudad.
Durante el procedimiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una computadora portátil, elementos que quedaron a disposición de la investigación.
Los dispositivos serán sometidos a pericias informáticas por especialistas de Cibercrimen, quienes buscarán determinar si existe información que permita establecer su vinculación con los comprobantes de transferencias cuestionados y con las operaciones comerciales denunciadas.
La investigación continúa
En el marco de la causa, Nayla P. fue notificada de la investigación y continúa en libertad, supeditada al avance de las actuaciones judiciales.
Ahora, las pericias sobre los dispositivos secuestrados serán una de las principales medidas para determinar cómo se habrían generado y utilizado los comprobantes investigados y si existe una vinculación directa con las compras realizadas en el comercio.
La causa continúa en etapa investigativa y será la Justicia la que determine, a partir de las pruebas reunidas, las responsabilidades que pudieran corresponder.
