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La inflación de agosto fue del 1,7%, el nivel más bajo en 14 meses, un dato que fue celebrado por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el resultado todavía se encuentra por encima de las expectativas que había planteado el propio Presidente, quien había anticipado que para este período la inflación comenzaría con un nivel de “cero coma algo”.
Además, la inflación núcleo alcanzó el 1,8%, por encima del índice general, lo que muestra que todavía persiste una tendencia inflacionaria de fondo. Esta situación tiene consecuencias directas sobre el programa fiscal del Gobierno, particularmente porque una parte significativa del gasto público está vinculada a la evolución pasada de los precios.
Según el análisis citado, aproximadamente el 45% del gasto primario total está indexado por la inflación pasada. Esto implica que, aun cuando los precios comienzan a desacelerarse, determinadas partidas continúan aumentando debido a los mecanismos de actualización que toman como referencia meses anteriores.
El fenómeno representa un desafío para el ministro de Economía, Luis Caputo, porque reduce progresivamente el margen para continuar ajustando las partidas consideradas más susceptibles de recorte, como las transferencias a las provincias.
Las jubilaciones subirán en octubre
El dato de inflación de agosto determinó el nuevo valor de las jubilaciones a partir de octubre, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional implementada por el Gobierno en febrero de 2024.
De esta manera, la jubilación mínima pasará a $435.919,96, mientras que, con el bono de $70.000, el ingreso total alcanzará los $505.919,96.
En tanto, la jubilación máxima llegará a $2.933.328,56.
El esquema tiene una particularidad: el bono destinado a los jubilados que cobran la mínima permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. La falta de actualización de ese refuerzo permitió al Gobierno contener y, al mismo tiempo, diluir una parte del gasto previsional en términos reales.
Sin embargo, la evolución de la inflación modifica progresivamente el escenario. Cuando los precios aumentan a un ritmo elevado, los ingresos que se actualizan con rezago pierden poder adquisitivo y generan un efecto de licuación del gasto. Pero cuando la inflación comienza a desacelerarse, ese mecanismo pierde fuerza.
Jubilaciones, entre los pocos gastos que aumentaron en términos reales
Los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestran que durante los primeros ocho meses del año solamente dos de los ocho grandes tipos de gasto analizados habrían registrado aumentos interanuales en términos reales.
Uno de ellos fueron las otras transferencias al sector privado, categoría que incluye los subsidios económicos, con una suba real del 31,48%.
El otro fueron las jubilaciones y pensiones, que registraron un incremento del 0,84% en términos reales.
El resto de las principales partidas presentó caídas. Entre las reducciones más pronunciadas aparecen las transferencias a provincias y municipios, con una baja real del 63,74%; los servicios no personales, que disminuyeron un 14,49%; y las transferencias a universidades nacionales, con una caída del 12,81%.
Solo durante agosto, en tanto, el gasto correspondiente a prestaciones de la seguridad social cayó un 10% en términos reales, un resultado que estaría relacionado con el ajuste del gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La desaceleración de la inflación reduce el efecto licuadora
El comportamiento del gasto también permite observar uno de los mecanismos centrales utilizados por el Gobierno para reducir el peso de las erogaciones públicas: el denominado “efecto licuadora”.
Durante la primera etapa de la gestión de Milei, la elevada inflación permitió reducir en términos reales partidas cuyos valores nominales no se actualizaban al mismo ritmo que los precios. De ese modo, aunque el monto nominal permaneciera prácticamente sin cambios, su capacidad de compra disminuía.
Ese mecanismo tuvo un peso particularmente importante sobre las jubilaciones y pensiones.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la caída real de las jubilaciones y pensiones explicó aproximadamente el 35% de la reducción total del gasto primario durante el primer semestre de 2024.
Al incorporar otros componentes del gasto social que tampoco contaban con mecanismos de actualización automática directa, la pérdida de poder adquisitivo del sector previsional y social habría explicado entre el 30% y el 40% del ajuste primario acumulado durante 2024.
La situación, sin embargo, cambia cuando la inflación disminuye. Con precios que aumentan a un ritmo menor, resulta cada vez más difícil continuar reduciendo el gasto exclusivamente mediante la pérdida de poder adquisitivo.
La indexación se convierte en un problema para el Gobierno
El economista Lucas Bernabá, de la Fundación Libertad, señaló que el escenario de los próximos meses incorpora un desafío adicional para el programa económico: la indexación.
Según explicó, aunque el superávit fiscal y el control de los agregados monetarios continúan siendo fundamentos centrales de la estabilidad económica, los mecanismos de actualización automática o semiautomática adquieren mayor relevancia a medida que disminuye la inflación.
“Las jubilaciones se actualizan con el IPC de dos meses atrás”, explicó Bernabá, quien también señaló que el techo de la banda cambiaria incorpora la inflación pasada con rezago y que parte de los precios regulados continúa ajustándose sobre parámetros retrospectivos.
El punto central es que la fórmula previsional no mira exclusivamente la inflación del momento, sino que incorpora el comportamiento de los precios de períodos anteriores. Por eso, en un proceso de desinflación, puede producirse una situación paradójica: mientras la inflación corriente baja, determinadas partidas del gasto público todavía reflejan niveles de inflación anteriores, que eran más elevados.
Para Bernabá, este mecanismo puede dificultar el objetivo de llevar la inflación a niveles todavía más bajos. “A medida que la inflación baja, estos mecanismos ganan peso relativo y pueden hacer más difícil perforar de manera sostenida el 1% mensual”, sostuvo.
En esa línea, el economista recordó que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba una inflación cercana al 1,5% mensual hacia fin de año.
Un nuevo escenario para el ajuste fiscal
El desafío para el Gobierno consiste, entonces, en que una menor inflación modifica las condiciones que hicieron posible buena parte del ajuste inicial.
Mientras la inflación era más elevada, la licuación de partidas no actualizadas permitió reducir el gasto en términos reales sin necesidad de aplicar recortes nominales de la misma magnitud. Ahora, con una inflación que se acerca al 1% o 1,5% mensual, ese mecanismo tiene una capacidad cada vez menor.
Al mismo tiempo, cerca del 45% del gasto primario está vinculado a la inflación pasada, lo que limita la posibilidad de que el gasto acompañe automáticamente la desaceleración de los precios.
Las jubilaciones y pensiones aparecen así como una de las principales variables del nuevo escenario fiscal. El aumento previsto para octubre llevará la mínima a $435.919,96, que ascenderá a $505.919,96 con el bono, mientras que la máxima llegará a $2.933.328,56.
El dato refleja una tensión central del programa económico: cuanto más baja la inflación, menor es el margen para licuar el gasto público, mientras que los mecanismos de indexación hacen que una parte importante de las erogaciones continúe ajustándose por la inflación de meses anteriores.
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