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La situación de docentes que aseguran haber sido sancionados, trasladados o separados de sus cargos sin haber tenido acceso previo a los expedientes ni posibilidad de ejercer su defensa llegó a la Justicia. La abogada Micaela Pereira, patrocinante de los denunciantes, cuestionó en una entrevista con Radio Up el accionar de la presidenta del Consejo General de Educación de Misiones, Daniela López, y sostuvo que los casos denunciados no constituirían hechos aislados, sino parte de una conducta que se habría extendido en el ámbito educativo provincial.
Pereira explicó que la estrategia judicial comenzó con una presentación administrativa ante el propio Consejo General de Educación. Allí plantearon un recurso de revocatoria contra una resolución que, según la letrada, sería “totalmente ilegal” y vulneraría garantías constitucionales básicas.
Entre ellas mencionó el debido proceso y el derecho a defensa. Según relató, a sus representados se les inició un proceso sumario que nunca habría sido notificado formalmente y del que tomaron conocimiento recién cuando la sanción ya había sido dictada.
“No pudieron acceder al expediente, no pudieron en ningún momento poder plantear algún tipo de defensa”, sostuvo la abogada durante la entrevista.
La vía administrativa y el posterior reclamo judicial
Pereira detalló que, antes de acudir a la Justicia, realizaron la presentación correspondiente ante el Consejo General de Educación. Sin embargo, afirmó que el organismo no respondió dentro de los plazos administrativos previstos.
Según explicó, la presentación debía ser contestada en un plazo de entre tres y cinco días. Al no recibir respuesta, consideraron agotada la instancia administrativa y avanzaron por la vía contencioso-administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
El objetivo de la acción es que la Justicia revise la legalidad de la resolución mediante la cual fueron sancionados sus representados. Pero el planteo, según remarcó la abogada, excede los casos particulares.
Denuncian una presunta persecución sistemática a docentes
Uno de los puntos centrales de la presentación es la afirmación de que las situaciones denunciadas formarían parte de un esquema más amplio.
Pereira aseguró que durante la investigación previa a la presentación judicial encontraron referencias a otros casos de docentes que habrían atravesado situaciones similares, por lo que incorporaron distintos antecedentes al escrito presentado ante la Justicia.
Entre las situaciones mencionadas aparecen denuncias de persecución laboral, presunto acoso sindical, traslados, separaciones de cargos y sanciones, incluso en casos en los que, según la abogada, los docentes contarían con tutela sindical por desempeñarse como delegados escolares.
La letrada sostuvo además que algunos de los conflictos estarían vinculados con la pertenencia sindical o con posiciones diferentes a las de la conducción del Consejo General de Educación.
“No son solamente los únicos ellos”, señaló Pereira al referirse a sus representados, y planteó que existirían otros docentes que podrían haber atravesado situaciones semejantes.
Traslados, sanciones y denuncias de favoritismo
Durante la entrevista, la abogada enumeró algunos de los testimonios que, según indicó, recibió de docentes.
Entre ellos mencionó casos de trabajadores que habrían sido trasladados sin aviso previo a distancias de 120 o 200 kilómetros, incluso en situaciones familiares complejas. También hizo referencia a docentes con problemas de salud o con hijos con discapacidad que, según sus denuncias, habrían sido trasladados sin una notificación previa adecuada.
Otro de los cuestionamientos apunta a las separaciones del cargo. Pereira sostuvo que algunos docentes habrían sido apartados sin haber sido notificados del procedimiento sumarial y sin poder acceder previamente al expediente.
La abogada también afirmó que, en determinados casos, quienes posteriormente ocuparon esos puestos serían personas vinculadas familiarmente con la titular del Consejo General de Educación o pertenecientes a su mismo espacio gremial.
Se trata de afirmaciones realizadas por la representante de los denunciantes que deberán ser investigadas y acreditadas en las instancias correspondientes.
“Había que ponerle un freno a esta situación”
Para Pereira, el problema no sería reciente. Según relató, distintos docentes le manifestaron que situaciones de este tipo se habrían producido durante años.
“Había que en algún momento plantarse y decir que esto estaba pasando”, sostuvo.
La abogada consideró que la posibilidad de llevar estos reclamos a la Justicia representa una oportunidad para que otros trabajadores de la educación puedan visibilizar situaciones que, según afirmó, hasta ahora no habían sido denunciadas públicamente.
En ese sentido, sostuvo que el escenario provincial habría cambiado y que actualmente existirían mayores posibilidades para que los trabajadores expresen sus reclamos.
Pereira pidió la renuncia de Daniela López
Consultada directamente sobre si considera que Daniela López debería dejar su cargo, Pereira respondió de manera contundente: “Sí, absolutamente”.
La abogada sostuvo que un funcionario público debe estar al servicio de la comunidad y consideró que la conducción del Consejo General de Educación necesita un recambio.
“Los cargos son para servir a la comunidad, uno cuando es funcionario público debe servir a la comunidad y la comunidad no está para servir al funcionario”, afirmó.
La postura de la letrada se suma al pedido de avanzar no solamente por la vía judicial, sino también mediante mecanismos institucionales dentro de la Legislatura provincial.
Piden investigar una presunta documentación apócrifa
Uno de los aspectos más delicados expuestos durante la entrevista fue la denuncia vinculada con la documentación que integra el legajo de la titular del Consejo General de Educación.
Pereira aseguró que existe una presunción sobre la posible existencia de documentación apócrifa que, de confirmarse, podría comprometer la legalidad de su permanencia en el cargo.
La abogada explicó que, de acuerdo con los requisitos que menciona para ejercer la presidencia del organismo, se requiere contar con una titulación de grado. Según manifestó, sus denunciantes recibieron información que les hizo presumir que López no cumpliría con ese requisito.
No obstante, remarcó que se trata de una presunción que debe ser investigada por la Justicia y no de un hecho acreditado.
Por ese motivo, solicitaron que se revise la documentación correspondiente y se determine si existen irregularidades.
Solicitan medidas preventivas para preservar documentación
Pereira también explicó que dentro de la presentación judicial solicitaron medidas de carácter preventivo.
El planteo estaría vinculado con la necesidad de preservar documentación que podría resultar relevante para investigar tanto la situación de los docentes denunciantes como las demás circunstancias expuestas en la presentación.
Según la abogada, existe preocupación ante la posibilidad de que documentación relevante pueda ser destruida, ocultada o modificada, motivo por el cual pidieron la intervención judicial preventiva.
También recurrieron a la Cámara de Representantes
El reclamo no quedó limitado al ámbito judicial.
Pereira informó que solicitaron a la Cámara de Representantes de Misiones que evalúe la creación de una comisión investigadora para analizar las denuncias y, eventualmente, la apertura de un proceso de juicio político.
La cuestión institucional adquiere especial relevancia porque, según se explicó durante la entrevista, la conducción del Consejo General de Educación tiene carácter constitucional y su titular cuenta con acuerdo parlamentario. Por ese motivo, una eventual remoción no dependería exclusivamente de una decisión administrativa del propio organismo.
Un conflicto que abre un debate sobre el poder dentro del sistema educativo
La denuncia contra Daniela López coloca nuevamente bajo discusión el funcionamiento del Consejo General de Educación y, particularmente, los mecanismos utilizados para sancionar, trasladar o separar a docentes de sus funciones.
El eje del planteo judicial será determinar si en los casos denunciados se respetaron las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y las normas administrativas vigentes.
Al mismo tiempo, las acusaciones sobre una presunta persecución laboral y sindical, posibles favoritismos y eventuales irregularidades documentales requieren ser investigadas por los organismos competentes antes de establecer responsabilidades.
Lo que comenzó con una denuncia vinculada con sanciones a determinados docentes busca ahora ampliar el foco hacia el funcionamiento de la conducción educativa provincial. La presentación ante la Justicia y el pedido de una comisión investigadora en la Legislatura podrían convertirse en los primeros pasos de un proceso institucional de mayor alcance.
Mientras tanto, la abogada Micaela Pereira sostiene que el conflicto ya dejó de ser un reclamo individual y que otros docentes podrían encontrar en esta presentación un canal para llevar sus propias denuncias ante la Justicia.
La discusión, en definitiva, excede el nombre de una funcionaria: pone bajo la lupa los límites del poder administrativo sobre los trabajadores de la educación y la obligación de garantizar que cualquier sanción respete las reglas y derechos establecidos por la Constitución.
Reestructuración del INYM: Correa explicó qué pasa con los terrenos y defendió el rumbo del organismo https://t.co/m1tMsn7eWn pic.twitter.com/AKkmMgy0XD
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