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La violencia vicaria volvió a ocupar el centro del debate en Argentina tras cumplirse un año del asesinato de Joaquín Ruffo, un niño de ocho años asesinado por su padre, quien posteriormente se suicidó en prisión. El caso impulsó nuevamente el reclamo por la denominada Ley Joaquín, mientras organizaciones advierten sobre situaciones en las que hijos e hijas son utilizados para provocar daño psicológico a sus madres.
Actualmente, la violencia vicaria no cuenta con una tipificación específica en el Código Penal argentino. Sin embargo, distintas iniciativas destinadas a establecer herramientas legales para abordar esta problemática se encuentran en tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
El caso de Joaquín Ruffo volvió a poner el tema en discusión. Según se informó, su padre, Alejandro Ruffo, había confesado que asesinó al niño para “mandarle un mensaje a la mamá”, Natalia Ciak, después de que ella le comunicara su decisión de divorciarse.
A partir del primer aniversario del crimen, organizaciones vinculadas con la problemática realizaron movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar avances legislativos y visibilizar situaciones que, según sostienen, afectan tanto a mujeres como a niños, niñas y adolescentes.
Desde el Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina definieron esta modalidad como aquella que “tiene como objetivo seguir dañando a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos”.
La organización también alertó sobre la situación de “madres desesperadas” y “niños y niñas separados de sus figuras de apego”, al considerar que determinadas decisiones pueden terminar afectando a las infancias sin contemplar suficientemente su voz y su sufrimiento.
“Creíamos que eran casos aislados, pero los mensajes siguieron llegando. Desde cada rincón del país”, señalaron desde el Frente, y agregaron: “Detrás de cada punto del mapa hay una historia real”.
Los registros oficiales disponibles permiten dimensionar parte de las situaciones de violencia que afectan a niños y adolescentes, aunque no existe actualmente un registro específico de violencia vicaria.
De acuerdo con los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2025 fueron evaluadas 4.207 situaciones que involucraron a niñas, niños y adolescentes. En el 81% de los casos, existía un vínculo filial entre las personas afectadas y quienes fueron denunciados.
El mismo informe registró 87 niñas, niños y adolescentes mencionados como sujetos activos de violencia, una cifra equivalente al 0,84% de las 10.280 personas denunciadas ante la OVD durante ese período.
Se trató principalmente de adolescentes de entre 13 y 17 años y, dentro de ese grupo, el 72% fueron varones.
En cuanto a las situaciones registradas, el 34% correspondió a hechos de violencia física o sexual en relaciones de noviazgo, principalmente entre adolescentes. Otro 33% estuvo relacionado con consumo problemático de sustancias psicoactivas o situaciones vinculadas con la salud mental, mientras que el 18% correspondió a otros episodios de violencia familiar y el 15% restante a conductas que afectaban la integridad sexual de otros niños, niñas y adolescentes.
En los casos relacionados con noviazgos, seis de cada diez presentaciones fueron realizadas por terceras personas, principalmente madres o padres de quienes se encontraban afectados.
Por otra parte, las situaciones relacionadas con consumo problemático de sustancias o problemas de salud mental fueron denunciadas principalmente por familiares convivientes, en su mayoría madres. En ocho de cada diez casos se solicitó internación y/o tratamiento.
Para las organizaciones que impulsan una legislación específica, diferenciar las distintas modalidades de violencia permitiría mejorar las herramientas de prevención y protección.
“No todas las violencias son iguales. Reconocer sus características permite prevenirlas, atender a las víctimas y actuar de manera oportuna”, sostuvieron. Y añadieron: “Nombrar las violencias no divide; permite comprenderlas para combatirlas mejor”.
Los proyectos vinculados con la violencia vicaria comenzaron a ser analizados en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y continúan en instancia de debate parlamentario, sin que hasta el momento exista una sanción definitiva.
Las iniciativas buscan incorporar instrumentos específicos para identificar estas situaciones y establecer mecanismos de protección destinados a mujeres, niños, niñas y adolescentes afectados.
El reclamo de las organizaciones apunta a que estos hechos sean reconocidos dentro de los ámbitos judicial y legal, evitando que determinadas situaciones sean abordadas únicamente como conflictos entre adultos.
“La conversación nunca debería centrarse en proteger reputaciones, sino en prevenir, reconocer y erradicar la violencia”, plantearon desde el Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina.
También advirtieron: “Cuando la prioridad es defender la imagen de quienes no ejercen violencia, en lugar de enfrentar a quienes sí la ejercen, el problema deja de ser la violencia y se convierte en la incomodidad de hablar de ella”.
La discusión sobre una legislación específica continúa así en el Congreso, mientras las organizaciones buscan que la problemática tenga un reconocimiento jurídico que permita mejorar la detección, prevención y protección de las personas afectadas.
“Así como un diagnóstico correcto puede salvar una vida, identificar correctamente una forma de violencia puede cambiar una historia”, concluyeron.
