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La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades en la implementación del plan de retiros voluntarios del Ministerio de Justicia durante los años 2024 y 2025. La presentación también solicita determinar si el mismo esquema administrativo habría sido replicado posteriormente en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), organismo al que se incorporaron algunos de los exfuncionarios señalados.
La denuncia fue presentada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además solicitó ser aceptado como parte querellante en la causa. Desde el Gobierno nacional rechazaron de manera categórica las acusaciones y sostuvieron que los procedimientos de desvinculación se desarrollaron sin inconvenientes.
Quiénes son los funcionarios mencionados en la denuncia
El escrito judicial apunta contra María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo; además del abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y otras personas que pudieran surgir durante la investigación.
Según la presentación, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
No obstante, el documento aclara expresamente que se trata de hipótesis sujetas a investigación y que no constituyen afirmaciones concluyentes sobre la responsabilidad penal de los involucrados.
El foco de la investigación: los retiros voluntarios en el Ministerio de Justicia
Uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con el mecanismo utilizado para desvincular al personal contratado mediante el ente cooperador ACARA. De acuerdo con el planteo judicial, la normativa vigente establecía que las extinciones laborales debían formalizarse mediante escritura pública ante escribano.
Sin embargo, el denunciante sostiene que gran parte de esos procesos se habría realizado mediante homologaciones colectivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), una modalidad que, según la presentación, habría generado el cobro de honorarios profesionales no previstos en la resolución oficial.
Además, el escrito señala que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado patrocinante, cuya intervención, según los testimonios incorporados, no habría sido elegida de manera libre e individual por cada empleado.
Cuestionamientos sobre transparencia y acceso a la información pública
La denuncia también pone bajo análisis presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales entre algunas de las personas mencionadas en la causa. Asimismo, cuestiona la falta de respuesta oficial a pedidos de acceso a la información pública vinculados con los montos y alcances del programa de retiros voluntarios.
En ese sentido, el documento recuerda la existencia de una resolución judicial previa que habría ordenado al Ministerio de Justicia entregar documentación relacionada con el plan de desvinculaciones, información que, según el denunciante, aún genera interrogantes sobre su ejecución.
Piden investigar posibles irregularidades patrimoniales y su impacto en PAMI
Otro de los puntos incluidos en la presentación judicial es el análisis de presuntas inconsistencias patrimoniales de algunos de los involucrados y la utilización de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado nacional.
La denuncia también solicita que la Justicia determine si la llegada de exfuncionarios del Ministerio de Justicia a cargos de conducción dentro del PAMI derivó en la aplicación de mecanismos administrativos similares para la gestión y desvinculación de personal dentro de la obra social de jubilados y pensionados.
El Gobierno rechazó las acusaciones
Fuentes vinculadas al oficialismo consultadas por la Agencia Noticias Argentinas desmintieron de manera tajante las acusaciones y aseguraron que todos los procesos de retiro voluntario fueron realizados conforme a la normativa vigente y sin irregularidades.
Como parte de la investigación solicitada, el denunciante pidió una serie de medidas de prueba que incluyen requerimientos de documentación a organismos públicos, declaraciones testimoniales, informes patrimoniales y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), además de la revisión de registros societarios y comerciales.
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