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La Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) fue quien impulsó la denuncia judicial contra un ex empleado acusado de haber cometido una presunta estafa en perjuicio de productores tabacaleros de la provincia.
Así lo confirmó el presidente de la entidad, Isidro Villalba, quien explicó que la maniobra comenzó a salir a la luz luego de que un socio alertara sobre una irregularidad vinculada al pago de monotributos.
"Un colono socio de ACTIM nos comunicó sobre esa estafa. Al otro día revisamos toda la documentación con el contador y, cuando confirmamos lo ocurrido, tomamos la decisión de despedir al empleado y hacer la denuncia correspondiente", relató.
Según explicó, el trabajador nunca estuvo autorizado por la institución para realizar trámites de monotributo en nombre de los productores.
Cómo operaba la presunta maniobra
De acuerdo con Villalba, el empleado aprovechaba la confianza de los asociados para ofrecerles gestionar supuestas deudas impositivas.
El mecanismo consistía en consultar la situación tributaria de cada productor y asegurarles que mantenían deudas con la entonces AFIP (actual ARCA). Posteriormente les solicitaba el dinero para cancelar esas obligaciones, pero nunca realizaba los pagos.
En cambio, entregaba comprobantes presuntamente falsificados con la imagen institucional de ARCA, haciendo creer a las víctimas que el trámite había sido completado.
"Le decía al socio cuánto debía. Como había confianza, el productor le entregaba el dinero para que pagara, pero esa plata nunca era depositada", explicó el dirigente.
Más de una docena de productores denunciaron haber sido perjudicados
Hasta el momento, desde ACTIM contabilizan entre 12 y 13 denuncias formalmente radicadas, aunque la Justicia investiga una cantidad mayor de posibles damnificados.
En cuanto al perjuicio económico, Villalba señaló que los montos denunciados rondan los 20 millones de pesos en total, con casos individuales que van desde 600 mil pesos hasta más de un millón de pesos.
La investigación judicial, en tanto, había mencionado la posibilidad de que existan hasta 30 productores afectados, cifra que aún deberá ser determinada durante la causa.
La institución asegura que actuó apenas conoció el hecho
Villalba remarcó que la comisión directiva desconocía completamente la maniobra y sostuvo que el accionar del empleado se sustentó en la confianza que mantenía con los asociados.
"En ningún momento sospechábamos. Era una persona que trabajaba en la oficina y aprovechó la confianza tanto de la institución como de los productores", afirmó.
Asimismo, aclaró que ACTIM fue la denunciante del caso y que la presentación judicial se realizó junto a los productores damnificados.
Habrá nuevos controles internos
Tras conocerse el caso, la asociación convocará a una reunión con todo el personal para reforzar los procedimientos internos y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Entre las medidas previstas, se establecerá que ningún empleado podrá realizar gestiones ajenas a las funciones propias de la institución, especialmente aquellas vinculadas con trámites tributarios particulares.
Villalba también confirmó que las oficinas de ACTIM no fueron objeto del secuestro de computadoras u otros dispositivos, aunque sí trascendió que durante los allanamientos la Justicia incautó elementos en el domicilio vinculado al ex empleado investigado.
Finalmente, aseguró que la entidad continuará colaborando con la investigación judicial.
"La institución siempre fue seria y vamos a seguir acompañando el caso de cerca para que la Justicia determine las responsabilidades", concluyó.
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