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El conflicto por el territorio de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en el municipio de Garuhapé, volvió a escalar luego de que se concretara un nuevo desalojo que, según denunció Roxana Rivas, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y asesora legal de la Comunidad por del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), se realizó sin una orden judicial vigente que habilitara su ejecución.
Durante una entrevista concedida a Radio Up, la letrada sostuvo que el operativo fue llevado adelante por efectivos policiales y funcionarios judiciales desde las primeras horas de la mañana y terminó con el desplazamiento de las familias indígenas que permanecían en uno de los sectores del territorio relevado por el Estado nacional.
Denuncian que el desalojo se realizó sin una orden judicial ejecutable
Rivas afirmó que el procedimiento se desarrolló pese a que la resolución que ordenaba el desalojo ya no tenía vigencia jurídica para ser ejecutada.
Según explicó, cuando comenzaron a cuestionar el operativo ante las autoridades, desde el ámbito judicial se respondió que la comunidad había abandonado voluntariamente el lugar, una versión que la abogada rechazó de manera categórica.
"Cuando empezamos a interpelar esta situación, insistiendo en que no existía ninguna orden que pudiera ejecutarse y que el juez que la había dictado ya no tenía competencia, desde el juzgado sostuvieron que la comunidad se retiró voluntariamente", expresó. Para la representante de la Comunidad, esa explicación busca encubrir un procedimiento irregular.
Seis familias fueron desplazadas de un territorio reconocido por el Estado
De acuerdo con Rivas, el operativo afectó aproximadamente a seis familias, aunque aclaró que la comunidad desarrolla una ocupación dinámica dentro del territorio ancestral reconocido oficialmente.
Explicó que el espacio donde ocurrió el desalojo forma parte de una superficie que fue relevada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como territorio indígena.
Indicó que las familias no permanecen siempre en un mismo punto, sino que utilizan distintos sectores del predio conforme a sus prácticas tradicionales.
Un territorio en disputa entre propietarios privados y la comunidad Mbya
La abogada recordó que el territorio presenta una compleja situación dominial.
Según detalló, el lote donde se produjo el reciente desalojo posee como titular registral a un particular identificado como Ruff, mientras que otra importante extensión del territorio donde también reside la comunidad pertenece a la empresa forestal Arauco.
En ese contexto, explicó que actualmente tramita una demanda civil de titularización comunitaria impulsada por ENDEPA para que el territorio sea reconocido formalmente a favor de la comunidad indígena.
"No puede hablarse de usurpación"
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la defensa de la comunidad apunta a las causas penales iniciadas por presunta usurpación.
Rivas sostuvo que resulta jurídicamente improcedente imputar ese delito cuando el propio Estado ya reconoció la ocupación ancestral del territorio.
"La discusión sobre la titularidad debe resolverse en la justicia civil y no mediante procesos penales", afirmó.
En ese sentido, insistió en que el reconocimiento efectuado por el relevamiento territorial constituye un elemento central que debe ser considerado por los tribunales.
Las familias permanecen incomunicadas tras el secuestro de sus teléfonos
Otro de los aspectos señalados durante la entrevista fue la situación de incomunicación que atraviesa la comunidad.
Rivas explicó que hace aproximadamente un mes, durante un operativo anterior, la Policía secuestró los teléfonos celulares de los integrantes de la comunidad y esos dispositivos aún no fueron restituidos.
Como consecuencia, durante el último procedimiento los afectados no pudieron registrar imágenes ni videos del operativo.
Además, sostuvo que la falta de comunicación dificulta el contacto permanente entre los abogados y la comunidad.
Denuncian intimidación policial y presión institucional
La representante de ENDEPA aseguró que el despliegue policial fue desproporcionado y que las fuerzas de seguridad actuaron sin una orden judicial vigente.
Relató que en el lugar hubo una importante presencia policial, ambulancias y un fuerte operativo que, según afirmó, generó intimidación sobre las familias indígenas.
Para Rivas, las propias autoridades judiciales son conscientes de las irregularidades del procedimiento.
"Por eso sostienen que la comunidad se retiró voluntariamente y niegan haber ejecutado un desalojo", afirmó.
La defensa sostiene que la comunidad podría regresar al lugar
Consultada sobre la posibilidad de un reingreso, Rivas explicó que, desde el punto de vista jurídico, la orden judicial ya no se encuentra vigente.
No obstante, advirtió que el conflicto con el titular registral del terreno y el despliegue policial convierten cualquier intento de regresar en una situación de alto riesgo para la comunidad.
Indicó que la decisión será evaluada por las propias familias indígenas conforme a sus mecanismos internos de organización.
Cuestionamientos al accionar de la Justicia
Durante la entrevista, la abogada también realizó fuertes críticas al funcionamiento del sistema judicial.
Recordó que el conflicto comenzó semanas atrás cuando el entonces juez de Instrucción de Puerto Rico habría ordenado telefónicamente distintas actuaciones que derivaron en la detención del cacique y de otros integrantes de la comunidad. Según Rivas, posteriormente se conoció que ese magistrado se apartó de la causa por considerar que existían intereses cruzados y el expediente pasó al Juzgado de Jardín América.
La abogada cuestionó que, pese a los planteos de nulidad realizados por la defensa, nunca se resolvieron esos recursos y posteriormente se dictó una resolución de desalojo "exprés", sin contemplar la legislación específica sobre pueblos indígenas.
Denuncian intervención de funcionarios y exfuncionarios judiciales
Otro de los puntos expuestos por Rivas fue la supuesta participación de funcionarios y exfuncionarios judiciales vinculados al expediente.
Mencionó especialmente al secretario judicial Isidro Duarte, quien —según señaló— habría continuado interviniendo en distintas actuaciones pese a no tener competencia en esa instancia.
Asimismo, indicó que el abogado del titular registral del inmueble es un exjuez de Puerto Rico, situación que, según la letrada, genera serios interrogantes sobre la transparencia del proceso.
Reclaman que se respete la normativa indígena
Rivas sostuvo que las autoridades judiciales omitieron aplicar el marco legal vigente en materia de derechos indígenas.
En ese sentido, afirmó que la perspectiva intercultural no constituye una facultad discrecional de los jueces, sino una obligación derivada de la Constitución Nacional, la legislación argentina y los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos originarios.
Remarcó que el conflicto debe resolverse mediante los mecanismos previstos para la protección de la propiedad comunitaria indígena y no a través de procedimientos penales o desalojos que consideran incompatibles con la normativa vigente.
Continúan las gestiones y habrá una reunión con autoridades
La abogada confirmó que para este viernes está prevista una reunión en la zona de Puente Quemado con autoridades locales, representantes del INAI, integrantes de la comunidad y actores vinculados al conflicto territorial, con el objetivo de evaluar la situación generada tras el desalojo y analizar los próximos pasos judiciales.
Mientras tanto, las organizaciones que acompañan a la comunidad continúan denunciando lo ocurrido y reclaman garantías para el ejercicio de los derechos territoriales de las familias Mbya Guaraní.
Castro: "El modelo económico nacional está impactando de lleno a Misiones"https://t.co/fbHlfBNQW2 pic.twitter.com/TOhtJZVhYM
— Radio Up (@radioupar) July 28, 2026
