//
La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo. El presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, confirmó que la entidad impulsará un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector primario, al considerar que la situación dejó de ser únicamente económica y pasó a ser un problema social y humanitario.
En diálogo con Radio Up, Sand explicó que la iniciativa surgió tras una reunión realizada en Aristóbulo del Valle, donde productores analizaron el escenario luego de que el Gobierno nacional ratificara que no devolverá al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad para fijar precios de la hoja verde.
“Ayer resolvimos impulsar una ley de emergencia. Queremos presentársela al gobernador Hugo Passalacqua para que sea el Poder Ejecutivo provincial quien promueva su tratamiento”, afirmó.
Un pedido al Gobierno provincial
Sand adelantó que el proyecto será elaborado junto al abogado de APAM, Federico Podolski, con el objetivo de presentarlo en las próximas semanas. La intención es mantener una reunión con el gobernador antes de fin de mes para solicitar el respaldo institucional.
El dirigente cuestionó tanto la respuesta de la Justicia Federal como la falta de soluciones desde el ámbito político.
“Hay dos caminos: la Justicia y la política. Ninguno está actuando para defender a los colonos”, sostuvo.
“La gente está pasando hambre”
Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista fue cuando Sand describió la situación social que viven las familias yerbateras y los trabajadores rurales.
“Esto ya deja de ser un problema económico. Es un problema humanitario. Los chicos están pasando hambre”, expresó.
Según explicó, durante la reunión participaron representantes del sector tarefero, quienes advirtieron sobre las dificultades que enfrentan numerosas familias ante la caída de la actividad.
Por ese motivo, APAM buscará también el acompañamiento de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y luteranas, además de sindicatos, universidades y organizaciones sociales.
“La Justicia no nos ayuda y la política tampoco. Vamos a convocar a todos los sectores sociales para defender a nuestra gente”, remarcó.
Precios por debajo de los costos
En cuanto a la situación económica, Sand indicó que la hoja verde se paga entre 240 y 300 pesos por kilo, aunque aseguró que el costo de producción supera ampliamente esos valores.
“Al productor le terminan quedando alrededor de 150 pesos por kilo, cuando el costo está cerca de los 500 pesos”, señaló.
Además, denunció que muchos colonos cobran con plazos de hasta 120 días, lo que agrava aún más la situación financiera de las explotaciones familiares.
Críticas al modelo de mercado
El presidente de APAM también cuestionó el funcionamiento del mercado yerbatero tras la desregulación del sector y aseguró que la menor oferta de hoja verde no se tradujo en una mejora de los precios.
“No hay yerba y, sin embargo, los precios siguen deprimidos. Quedó demostrado que el libre juego de la oferta y la demanda no funciona en este mercado”, afirmó.
En ese sentido, insistió en la necesidad de restituir al INYM todas sus facultades para regular la actividad y fijar valores de referencia.
El objetivo: una ley provincial
Mientras continúa el reclamo para que se revierta el DNU que limitó las funciones del INYM, APAM buscará una herramienta legal dentro de Misiones para proteger a los productores.
“La provincia tiene la obligación de defender a sus ciudadanos. Por eso vamos a pedir una ley de protección para los productores misioneros”, concluyó Sand.
Los fundamentos de la ley de emergencia
El proyecto que impulsa APAM sostiene que la Ley de Emergencia Yerbatera no busca reemplazar al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ni confrontar con el Estado nacional, sino que pretende que la Provincia ejerza de manera transitoria las competencias que la Constitución le reconoce para proteger su principal economía regional mientras persiste la crisis institucional generada tras el DNU 70/2023.
Entre los principales argumentos del dictamen se destaca que, aunque el decreto nacional modificó el régimen de funcionamiento del INYM, los derechos constitucionales vinculados al trabajo, la propiedad, el desarrollo de las economías regionales, el ambiente y el cooperativismo continúan plenamente vigentes, por lo que el Estado provincial conserva la obligación de garantizar su protección.
El documento también sostiene que la eliminación de las herramientas de regulación del mercado provocó una reducción de la tutela pública sobre la producción primaria, favoreciendo a los sectores con mayor poder económico dentro de la cadena yerbatera. Según el análisis, esa situación derivó en una transferencia del poder de negociación hacia la industria y la comercialización, obligando a miles de productores a vender por debajo de sus costos y poniendo en riesgo la continuidad de las explotaciones familiares, el empleo rural y la principal economía regional de Misiones.
En ese sentido, los fundamentos remarcan que la emergencia no crea nuevas atribuciones para la Provincia, sino que vuelve imprescindible ejercer las competencias que históricamente conserva en materia de desarrollo económico, producción, ambiente, recursos naturales y poder de policía administrativo. El objetivo es evitar que, mientras la Justicia Federal y el Congreso resuelven el futuro del régimen yerbatero, la crisis provoque daños irreversibles sobre productores, trabajadores rurales y cooperativas.
