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El Senado de la Nación volvió a aplazar el tratamiento de la denominada ley de propiedad privada, luego de que el oficialismo reconociera que no contaba con los votos suficientes para garantizar su aprobación. A pedido de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la Cámara alta aprobó pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, con 65 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
La decisión confirmó un escenario que desde hacía varios días se daba por descontado en el Congreso y significó un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei, que no logró consolidar los apoyos necesarios para una de las iniciativas que considera prioritarias dentro de su agenda de reformas.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acumuló modificaciones durante su tratamiento parlamentario. El texto llegó a su borrador número 15 luego de sucesivos cambios y negociaciones que, lejos de acercar posiciones, terminaron profundizando las diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los plazos para desalojos, que pasarían de 5 a 20 días, nuevas disposiciones sobre el manejo del fuego tras incendios rurales y una revisión de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, uno de los aspectos que generó mayor controversia durante el debate.
El último borrador establece que las únicas limitaciones para la compra de tierras rurales serán la prohibición para que las adquieran Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional. También prevé disposiciones específicas para las zonas de frontera, otro de los puntos sensibles de la discusión.
En paralelo, el oficialismo decidió eliminar del proyecto el capítulo referido a barrios populares, así como el apartado sobre el denominado "silencio administrativo", con el objetivo de intentar sumar adhesiones. Sin embargo, los cambios no alcanzaron para reunir el respaldo necesario.
La postergación representa una nueva dificultad para la estrategia legislativa del Gobierno. Desde marzo, el bloque oficialista solo logró convertir en ley una de las iniciativas impulsadas con énfasis por el Poder Ejecutivo, mientras que distintos proyectos enfrentaron demoras o modificaciones por falta de consensos en el Senado.
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Pese al traspié con la ley de propiedad privada, la Cámara alta sí consiguió avanzar durante la jornada con la aprobación de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. Entre ellos, se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino, quien alcanzaba el límite de edad para permanecer en funciones, además del desbloqueo de promociones dentro del servicio exterior.
De cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, el oficialismo buscará retomar el tratamiento de la ley de propiedad privada e incluir también la denominada ley "Hojarasca", un proyecto que elimina normas consideradas obsoletas y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, el Gobierno deberá intentar recomponer el diálogo con los bloques aliados y dialoguistas para destrabar una iniciativa que, tras 15 versiones distintas del texto, continúa sin reunir los consensos necesarios para convertirse en ley.
Anabel Capasso: “El plan de pagos de ARCA para pymes no es una moratoria, pero limpia la deuda y evita embargos”https://t.co/nGD2kqKZ0d pic.twitter.com/Ljgf0WNwrY
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