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Bajo el título de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", el Gobierno de Javier Milei llega al Senado con una de las reformas más ambiciosas —y controvertidas— de su agenda de desregulación. Aunque el nombre del proyecto remite a una garantía constitucional, el texto modifica simultáneamente cuatro áreas sensibles: la compra de tierras rurales por extranjeros, los desalojos, las expropiaciones y la legislación sobre incendios forestales.
La iniciativa, elaborada por el ministro Federico Sturzenegger, fue reescrita en catorce oportunidades desde que obtuvo dictamen de comisión. Esa sucesión de cambios revela las dificultades del oficialismo para construir consensos incluso entre bloques dialoguistas, mientras el peronismo anticipa que intentará bloquear especialmente el capítulo referido a las tierras rurales.
Más allá del resultado legislativo, el proyecto reabre un debate histórico en Argentina: hasta dónde debe llegar la protección del derecho de propiedad cuando entra en tensión con la soberanía sobre los recursos estratégicos, la preservación ambiental y los derechos colectivos.
El fin de los límites a la compra de tierras por extranjeros
El aspecto más cuestionado de la iniciativa elimina las restricciones establecidas por la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
Si la norma es aprobada, personas físicas y empresas privadas extranjeras podrán adquirir extensiones rurales sin ningún límite porcentual, desapareciendo el tope del 15% por provincia y municipio y también el límite individual equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
En la práctica, el proyecto traslada la lógica del mercado a un recurso considerado estratégico por numerosos países: la tierra, que no solo representa un activo económico, sino también el control sobre agua, biodiversidad, minerales, producción de alimentos y corredores fronterizos.
El Gobierno sostiene que las restricciones vigentes desalentaron inversiones y contradicen el principio constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, los críticos advierten que la iniciativa prescinde de cualquier herramienta para evitar procesos de concentración territorial que, una vez consolidados, resultan prácticamente irreversibles.
Un contexto que vuelve más sensible el debate
Aunque el Registro Nacional de Tierras Rurales indica que ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% de extranjerización, la situación cambia cuando se observa el mapa departamental.
Existen departamentos donde más de la mitad del territorio ya pertenece a propietarios extranjeros, como San Carlos y Molinos, en Salta; General Lamadrid, en La Rioja; Lácar, en Neuquén; o Campana, en Buenos Aires.
Estos antecedentes explican por qué gobernadores, especialistas en derecho agrario y organizaciones sociales consideran que eliminar los límites no implica partir de cero, sino profundizar un proceso que ya muestra fuertes niveles de concentración en determinadas regiones del país.
Desalojos más rápidos y menor intervención judicial
Otro de los cambios relevantes modifica el régimen de desalojos.
La propuesta permite que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin necesidad de esperar una sentencia definitiva, siempre que considere verosímil el derecho invocado por quien reclama la propiedad.
Diversas organizaciones jurídicas sostienen que esta modificación reduce significativamente las garantías procesales para ocupantes en situación de vulnerabilidad y podría acelerar conflictos habitacionales, especialmente en contextos donde existen disputas por la posesión ancestral de tierras indígenas o asentamientos urbanos consolidados.
Tierras incendiadas: un cambio que reabre viejas sospechas
Quizás uno de los artículos menos difundidos, pero de mayor impacto ambiental, elimina la prohibición de modificar durante treinta años el uso de tierras afectadas por incendios.
La restricción vigente fue incorporada precisamente para desalentar incendios intencionales destinados a habilitar desarrollos inmobiliarios o cambios en el uso productivo del suelo.
Su derogación vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad del Estado para prevenir procesos especulativos en zonas ambientalmente sensibles.
Expropiaciones: un Estado con menos herramientas
La iniciativa también redefine el concepto de utilidad pública, amplía las indemnizaciones incorporando el lucro cesante y limita las ocupaciones temporarias del Estado.
Para el oficialismo, estas modificaciones fortalecen el derecho constitucional de propiedad.
Sus detractores, en cambio, sostienen que restringen la capacidad estatal para ejecutar obras de infraestructura, intervenir en situaciones de emergencia o desarrollar políticas públicas vinculadas al interés general.
Las críticas: soberanía, ambiente y comunidades indígenas
El rechazo al proyecto no proviene únicamente de la oposición parlamentaria.
La CGT afirmó que "sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica" y cuestionó la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras.
También la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) advirtieron que la iniciativa reduce la capacidad del Estado para proteger bienes comunes y derechos colectivos, especialmente en territorios donde habitan comunidades indígenas y campesinas.
Las organizaciones consideran que la tierra no puede analizarse exclusivamente como una mercancía, sino como un bien estratégico atravesado por dimensiones sociales, culturales, ambientales y geopolíticas.
Un debate que excede la propiedad privada
Aunque el proyecto se presenta bajo la defensa de un principio constitucional ampliamente reconocido, el verdadero debate excede la protección del derecho de propiedad.
Lo que el Senado discutirá es qué rol debe conservar el Estado en la regulación del acceso, uso y concentración de uno de los recursos más estratégicos del país. La votación pondrá en evidencia dos modelos contrapuestos: uno que privilegia la desregulación y la libre circulación del capital como motores de inversión, y otro que sostiene que la tierra, por su valor económico, ambiental y geopolítico, requiere límites para resguardar el interés público y la soberanía nacional.
Este enfoque mantiene un estándar periodístico sólido: incorpora contexto histórico, expone los argumentos de ambas partes y pone el foco en las posibles implicancias de la reforma, sin presentar como hechos consumados consecuencias que aún son objeto de debate.
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