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La investigación por una presunta estafa vinculada a falsas promesas de empleo estatal continúa avanzando en Posadas y el fiscal de Instrucción N° 6, René Germán Casals, brindó detalles sobre el expediente, el origen de las denuncias, el mecanismo utilizado y las distintas líneas que analiza la Justicia.
En diálogo con Radio Up, Casals explicó que la causa comenzó a partir de una serie de presentaciones realizadas por personas que denunciaron haber entregado dinero bajo la promesa de acceder a puestos laborales en organismos públicos provinciales y municipales.
El fiscal aclaró que los hechos investigados no se limitarían únicamente al mes en que se formalizó la denuncia, sino que se trataría de una modalidad que habría comenzado meses antes.
“Es una denuncia que hemos recibido durante el término del mes de junio, pero los hechos no sucedieron solamente en ese período, sino que venían sucediendo desde otros meses anteriores”, explicó.
Una causa con 17 personas denunciantes y una investigación que podría ampliarse
Durante la entrevista, Casals confirmó que hasta el momento la causa reúne 17 denuncias realizadas por personas que aseguran haber sido perjudicadas por la maniobra investigada.
“Son alrededor de 17 presentaciones, 17 personas damnificadas por esta supuesta estafa”, señaló.
Sin embargo, el fiscal no descartó que la difusión del caso pueda generar nuevas presentaciones judiciales.
Según explicó, este tipo de investigaciones suelen ampliarse cuando otras personas que atravesaron situaciones similares toman conocimiento del expediente y deciden acercarse a la Justicia.
Una reiterancia de denuncias bajo análisis judicial
Consultado sobre si la mujer investigada tenía antecedentes, Casals realizó una precisión técnica sobre el concepto.
“Cuando hablamos de antecedentes en sentido estricto nos referimos a una condena, y eso todavía no existe. Pero sí hay una reiterancia de actitudes ilícitas que están siendo investigadas”, aclaró.
El fiscal indicó que existen otras causas en trámite en distintos juzgados donde también se investiga a la misma persona por hechos similares.
El motivo por el cual la Justicia decidió avanzar con la detención
Durante la entrevista, Casals explicó que la medida judicial no respondió únicamente a la acusación, sino también a la necesidad de garantizar el avance de la investigación.
Según relató, la acusada habría mantenido una actitud evasiva frente a los reclamos de las personas denunciantes.
“Había realizado reuniones con los supuestos damnificados y después directamente desaparecía, hacía caso omiso a los pedidos, cambiaba su teléfono y bloqueaba a las personas”, sostuvo.
Para el fiscal, esa conducta generaba el riesgo de que la maniobra pudiera continuar.
“Uno de los fundamentos era evitar que pudiera seguir realizando este accionar en perjuicio de más personas”, explicó.
Una modalidad basada en la confianza y la necesidad laboral
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el análisis del mecanismo utilizado para concretar la presunta estafa.
Casals explicó que estos delitos suelen sostenerse en la capacidad del autor de generar confianza en la víctima y aprovechar una situación de necesidad.
“La realidad supera muchas veces la ficción. La persona que intenta engañar logra convencer a la víctima y consigue que entregue voluntariamente dinero u otros bienes”, reflexionó.
En este caso particular, destacó que muchas de las personas afectadas buscaban acceder a un empleo formal.
“Había gente muy humilde, personas que intentaron conseguir créditos o vender bienes para poder juntar el dinero que se les exigía con la promesa de lograr un trabajo estable”, señaló.
El análisis de billeteras virtuales, celulares y movimientos económicos
Casals explicó que una parte fundamental de la investigación estará puesta en la reconstrucción de las comunicaciones y del recorrido del dinero.
Para ello se analizarán los teléfonos secuestrados, las transferencias realizadas y los comprobantes aportados por las víctimas.
“Se trabajará con las billeteras, la telefonía, los mensajes, los datos y todo aquello que haya sido transmitido a través de sistemas informáticos”, detalló.
El objetivo será establecer cómo funcionaba la operatoria, si existieron otros participantes y cuál fue el destino del dinero recibido.
¿Actuó sola o hubo participación de terceros?
Consultado sobre la posibilidad de que existan otras personas involucradas, el fiscal explicó que por ahora la investigación está centrada en la principal sospechosa.
“En principio las denuncias apuntan hacia ella. La participación de otras personas en complicidad o no va a surgir del análisis que se realizará durante la investigación”, afirmó.
La Justicia deberá determinar si existieron colaboradores, intermediarios o personas que hayan facilitado la maniobra.
Posibles nuevos delitos además de la estafa
Otro de los aspectos abordados en la entrevista fue la posibilidad de que la causa incorpore nuevas figuras penales.
Casals explicó que el eje inicial de la investigación es una posible estafa, pero que podrían analizarse otros delitos según avance la causa.
“Podría existir otro tipo de delito, como una usurpación de título si se comprobara que no era abogada, o situaciones vinculadas a la promesa de influenciar funcionarios públicos”, indicó.
La calificación definitiva dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente.
La recuperación del dinero dependerá del avance de la causa
Respecto al dinero entregado por las víctimas, el fiscal explicó que la prioridad actual es identificar movimientos y posibles fondos disponibles.
“Hasta ahora no tenemos un secuestro de dinero. Se bloquearán las cuentas y lo que pueda detectarse y recuperarse podrá ser oportunamente restituido a las víctimas”, explicó.
Además, señaló que la reparación económica puede ser reclamada dentro del proceso penal mediante la figura del actor civil o a través de una acción independiente.
Una pena que podría superar la figura básica de estafa
Sobre las consecuencias legales, Casals explicó que el delito investigado tiene una pena máxima inicial de hasta seis años de prisión, aunque la cantidad de hechos denunciados puede modificar la situación.
“No estamos hablando de un solo hecho, sino de varios hechos. Si se comprueban todas las denuncias puede existir una sumatoria de penas dentro de los límites establecidos por el Código Penal”, indicó.
La Justicia busca determinar toda la dimensión de la maniobra
La entrevista con René Casals permitió conocer cómo avanza una investigación que no solo apunta a establecer responsabilidades individuales, sino también a comprender el funcionamiento de una modalidad de engaño basada en una de las principales necesidades sociales: el acceso a un empleo formal.
Mientras continúan las pericias y el análisis de la evidencia digital, la Justicia intenta determinar cuántas personas fueron afectadas, si existieron más participantes y cuál fue el verdadero alcance económico de la maniobra.
Nuevo esquema laboral: cámaras empresarias buscan acuerdos colectivos adaptados a cada regiónhttps://t.co/TdN3VmRBsM pic.twitter.com/MnvdICnmA2
— Radio Up (@radioupar) July 12, 2026
