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Más de treinta organizaciones vinculadas a la producción yerbatera de Misiones reclamaron la renuncia del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, al considerar que su gestión provocó un "profundo daño" a la principal economía regional de la provincia.
El planteo quedó plasmado en una carta fechada el 30 de junio de 2026, dirigida al titular del organismo, en la que asociaciones de productores, cooperativas, trabajadores rurales, dirigentes sociales y académicos sostienen que el INYM atraviesa un "deterioro institucional sin precedentes" y cuestionan la defensa que Correa realizó de las políticas nacionales de desregulación.
El documento se suma al pedido formulado días atrás por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y lleva las firmas de referentes como Hugo Sand, Luis Alberto Andrusyszyn, Héctor Bárbaro, Ana Cubilla y el economista Javier Gortari, además de numerosas organizaciones vinculadas al sector yerbatero.
Caída de la producción y del consumo
Uno de los principales argumentos expuestos por los firmantes apunta a los resultados económicos registrados desde la implementación de la desregulación del mercado.
Según señalaron, utilizando estadísticas del propio INYM, la cosecha de hoja verde cayó más del 40%, al pasar de 268,2 millones de kilos entre enero y abril de 2024 a 151,9 millones en el mismo período de 2026, mientras que los datos de mayo muestran que la tendencia descendente continúa. También afirmaron que el consumo interno alcanzó los niveles más bajos de los últimos años, contradiciendo las expectativas oficiales de mayor competencia y beneficios para los consumidores.
En paralelo, cuestionaron que el precio pagado al productor se ubique en torno a los 200 pesos por kilogramo, muchas veces abonado con cheques a largo plazo, mientras que esa reducción no tuvo un correlato en los valores que pagan los consumidores en las góndolas. Para las organizaciones, "los costos de la desregulación fueron soportados exclusivamente por los productores primarios y los trabajadores vinculados a la actividad", sin que los beneficios prometidos llegaran a la sociedad.
Cuestionamientos al funcionamiento del INYM
El documento también denuncia un desmantelamiento institucional del organismo. Los firmantes sostienen que durante la actual gestión fueron despedidos 21 trabajadores con amplia experiencia, pertenecientes a áreas estratégicas como Fiscalización, Registros y el Área Técnica, lo que, aseguran, debilitó la capacidad operativa del instituto.
Además, expresan preocupación por la reducción de controles sobre la calidad y la trazabilidad del producto, el posible incremento de la comercialización de yerba sin estampillas oficiales y la disminución del funcionamiento del Directorio y de las subcomisiones, lo que —afirman— limitó la participación de los distintos sectores de la cadena yerbatera.
Otro de los puntos cuestionados es la supuesta falta de transparencia en la cobertura de cargos técnicos y el destino de los recursos presupuestarios generados tras la reducción de personal y actividades.
Críticas por su defensa de la desregulación
Las organizaciones también apuntaron contra la exposición que Correa realizó el 21 de mayo ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación.
Según el documento, mientras los representantes de la producción primaria advertían sobre la crisis del sector, el presidente del INYM respaldó una postura alineada con la industria molinera, defendiendo la eliminación del precio mínimo y sosteniendo que la actividad avanza hacia un esquema de libre competencia.
Los firmantes rechazaron esa interpretación al señalar que el mercado yerbatero funciona como un oligopsonio, donde alrededor de 13.000 productores venden su materia prima a un reducido número de grandes compradores, mientras que dos marcas concentran cerca del 40% del mercado nacional de yerba elaborada. En ese contexto, sostienen que la eliminación de la regulación provocó una transferencia de ingresos desde los productores hacia los sectores más concentrados de la cadena, sin beneficios para los consumidores.
El pedido de renuncia
En el tramo final de la carta, los firmantes apelan a la condición de misionero de Rodrigo Correa y le plantean que, si considera que no puede defender los intereses de la producción yerbatera dentro del esquema de políticas nacionales, debería presentar su renuncia.
"Ningún cargo vale más que el respeto de la propia comunidad que lo vio nacer", concluye el documento, que además de productores reúne las adhesiones de cooperativas, organizaciones rurales, sindicatos, docentes, ambientalistas, dirigentes sociales y referentes académicos de Misiones.
