Los distintos sectores que integran el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volverán a plantear ante el Gobierno nacional la delicada situación que atraviesa la actividad. Convocados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participarán de una reunión prevista para el 8 de julio, a las 12, en la Ciudad de Buenos Aires.
Del encuentro también formarán parte el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación y Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, en lo que será la primera reunión que reunirá a los principales responsables políticos nacionales con los representantes institucionales de toda la cadena yerbatera desde que comenzó la crisis derivada de la desregulación del mercado.
La convocatoria fue comunicada el jueves por el presidente del INYM, Rodrigo Correa, a los integrantes del Directorio. A partir de ahora, cada uno de los sectores representados —tareferos, productores, cooperativas, secaderos, industrias y los gobiernos de Misiones y Corrientes— deberá definir si participará, quién será su representante y cuáles serán los reclamos que llevará a la mesa de diálogo.
Un encuentro en medio de una crisis sin precedentes

La reunión se desarrollará en un contexto particularmente delicado para la actividad yerbatera. Productores, tareferos, cooperativas y pequeñas y medianas industrias atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años, con precios de la hoja verde muy por debajo de los costos de producción, escasas ventas, pagos mediante cheques diferidos a largo plazo y un constante incremento de los costos de funcionamiento.
A ello se suman los aumentos en combustibles, energía eléctrica, transporte, fertilizantes y otros insumos esenciales, que continúan deteriorando la rentabilidad de toda la cadena productiva.
El escenario comenzó a profundizarse tras la entrada en vigencia del DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei, que eliminó, entre otras atribuciones del INYM, la facultad de fijar el precio de la materia prima.
A dos años y medio de aquella decisión, el mercado permanece completamente desregulado y los valores pagados por la hoja verde muestran una marcada diferencia respecto de los costos reales de producción.
Actualmente, el kilo de hoja verde se comercializa en promedio a unos 250 pesos, mientras que el costo de producción supera los 700 pesos, una brecha que, según advierten las entidades del sector, hace inviable la actividad para miles de productores.
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Caída histórica de la cosecha
Los efectos de la crisis también comenzaron a reflejarse en los indicadores productivos.
De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, entre enero y abril de 2024 se cosecharon 268.297.370 kilogramos de hoja verde, mientras que en el mismo período de 2026 la producción descendió a 151.910.206 kilogramos.
La diferencia representa una caída superior al 40%, uno de los retrocesos más pronunciados registrados por la actividad en los últimos años.
A este panorama se suma el reciente informe elaborado por Coninagro, correspondiente a junio de 2026, que analiza el poder de compra de siete economías regionales argentinas. El estudio ubica a la producción yerbatera entre las actividades con indicadores negativos, sin señales de una recuperación en el corto plazo.
Cuestionamientos al funcionamiento del INYM

La crisis también reavivó las críticas hacia la conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
El presidente del organismo, Rodrigo Correa, quien responde al Gobierno nacional, enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de asociaciones de productores que denuncian falta de transparencia, pérdida de funciones institucionales y una marcada parálisis del organismo desde la entrada en vigencia del esquema de desregulación.
En ese contexto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones formalizó el lunes pasado un pedido de renuncia de Correa, al considerar que el INYM dejó de cumplir el rol para el cual fue creado.
Con este escenario, la reunión del 8 de julio aparece como una instancia clave para que los distintos actores de la cadena yerbatera vuelvan a exponer ante las máximas autoridades nacionales el impacto económico y social que, según sostienen, provocó la desregulación del mercado, en un contexto donde miles de productores continúan reclamando medidas que permitan recuperar la rentabilidad de una de las principales economías regionales del país.
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