//
El gobierno de Misiones dispuso la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos mediante un decreto firmado el viernes 8 de mayo. Roberto Padilla, secretario de Estado de Prevención de Adicciones, explicó en Radio UP que la medida alcanzará desde el gobernador hasta el personal jerárquico de la administración central, y que “Desde la fecha del decreto tenemos tres meses para trabajar en el armado”, precisó el funcionario.
También, adelantó que realizarán el proceso junto al Colegio de Médicos, el Colegio de Bioquímicos y el Ministerio de Salud.
El funcionario detalló que los tests toxicológicos serán anuales y aleatorios. “Los exámenes van a apuntar a descartar metabólico de cannabioide, cocaína, opioides, anfetamina y otras sustancias que seguramente se considera ilegal”, detalló Padilla. El secretario aclaró que existirá una excepción: si la persona designada tiene una prescripción médica específica por algún tratamiento de salud mental, quedará exceptuada de la muestra.
El decreto garantiza la confidencialidad de la muestra y de la persona analizada. “Quien dé positivo para alguna sustancia tendrá derecho a una contraprueba”, sostuvo Padilla. El funcionario explicó que buscan facilitar el acceso a un tratamiento y que cada organismo evaluará cada caso de manera singular. “La persona tendrá que tomar la decisión dentro de esa voluntariedad de buscar ayuda o no”, agregó.
Alertan por el aumento generalizado del consumo problemático
Padilla también se refirió a la situación del consumo en la provincia. “La situación de consumo en primer lugar es multicausal, no podemos decir que hay una causa que ha disparado el consumo”, explicó el secretario. “Cada ser humano es muy individual, es personal su situación”, agregó, y señaló que a veces la no gestión de las emociones influye en el consumo.
Misiones implementará en tres meses un esquema de exámenes toxicológicos anuales y aleatorios que alcanzará a toda la estructura del Estado provincial, desde el gobernador hasta los agentes de salud y seguridad. La normativa prevé garantías como la contraprueba y la confidencialidad, además de una vía de acceso al tratamiento para quienes den positivo. Resta definir cómo aplicarán las sanciones para aquellos funcionarios que, detectados con consumo de sustancias ilegales, rechacen voluntariamente la ayuda terapéutica.
