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La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) impulsada por el Gobierno nacional provocó una pérdida estimada de $400 mil millones en la economía de Misiones, según denunció el gobernador Hugo Passalacqua, quien planteó la situación durante la apertura de sesiones legislativas. La medida afecta al sector yerbatero al eliminar herramientas de regulación, especialmente el precio de referencia para la hoja verde, lo que derivó en una caída de ingresos para los productores. El impacto se registra en la provincia durante los últimos meses, con consecuencias directas en toda la cadena productiva y el consumo interno.
El eje del conflicto radica en la quita de facultades al INYM, lo que dejó sin efecto un esquema de precios consensuados entre los actores del sector. Desde el Gobierno provincial sostienen que esta decisión generó un desequilibrio en la distribución de la rentabilidad, perjudicando principalmente a los pequeños productores, mientras que los sectores industriales más concentrados logran sostener mejores márgenes.
El efecto no se limita al ámbito productivo. La reducción del ingreso en el sector yerbatero impacta en la circulación de dinero dentro de la provincia, afectando al comercio minorista y a diversas actividades ligadas al mercado interno. En términos económicos, esto se traduce en una contracción del consumo cotidiano, con repercusiones en múltiples rubros.
Frente a este escenario, el Ejecutivo misionero avanzó con una presentación judicial contra el Estado nacional, con el objetivo de recuperar las facultades del organismo y restablecer mecanismos de regulación que permitan estabilizar los precios. En paralelo, se implementaron medidas de contención, como líneas de crédito, asistencia a cooperativas y herramientas financieras para mejorar la liquidez de los productores.
No obstante, desde la Provincia advierten que estas políticas resultan insuficientes para revertir un problema de fondo. La discusión queda planteada entre dos modelos: uno basado en la regulación para equilibrar la cadena productiva y otro orientado a la liberalización del mercado, cuyos efectos —según sostienen— profundizan las desigualdades en el sector yerbatero.